En el procedimiento actúa en conjunto en términos de seguridad la GNB y la DGCIM, situación que ha dificultado saber cuál es el estatus del procedimiento.
La transferencias de crudo que se hace gradualmente del buque de almacenamiento Nabarima que se encuentra colapsado en el Golfo de Paria, está siendo fuertemente protegida, situación que dificulta que las partes interesadas tanto en Venezuela como las islas caribeñas vecinas puedan monitorear el progreso.
El miércoles 21 PDVSA inició la descarga gradual del Nabarima transfiriendo el petróleo a una barcaza con capacidad para 30,000 barriles y luego al buque Ícaro que tiene capacidad para 700.000 barriles. Este último fue sancionado por el gobierno de los Estados Unidos en el año 2019. Luego que la embarcación receptora haya recibido el crudo este sería almacenado en tierra firme, aunque aún se desconoce dónde pues informes relatan que PDVSA tiene todos sus depósitos al límite.
El Nabarima, una unidad flotante de almacenamiento y descarga (FSO) viene siendo operado deade hace 10 años en el Campo Corocoro operado por PDVSA y con la participación del 26% de la petrolera italiana ENI.
Aunque la preocupación de ecologistas, defensores del medio ambiente, organizaciones no gubernamentales, comunidad internacional e islas vecinas está intacta, las críticas y acusaciones contra el régimen chavista y PDVSA abundan.
Estados Unidos culpa al régimen de Nicolás Maduro de la falta de mantenimiento del FSO y la casi nula respuesta para solucionar la situación. Por su parte el gobierno chavista culpa a Estados Unidos de las sanciones que prensuntamente impidieron su acceso a equipos para realizar de manera segura la transferencia de barco a barco.
Mientras tanto la italiana ENI se encuentra entre la espada y la pared.
ENI proponía para la transferencia barco a barco utilizar un buque equipado con posicionamientos dinámico que dependía de las garantías pendientes de Estados Unidos, pues la italiana debía saber si la operación no violaba las sanciones contra Venezuela, porque el operador es PDVSA y ENI también necesita su autorización para actuar como proponía.
Desde el pasado 17 de agosto, tanto trabajadores petroleros como el director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), Eudis Girot, denunciaron el daño ecológico que ocasionaría el hundimiento de la plataforma en el Golfo de Paria. Y aunque PDVSA decidió tomar cartas en el asunto recientemente, a pesar de su limitada capacidad técnica la fuerte presencia de funcionarios de la Guardia Nacional y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar a bordo no ha permitido saber que es lo que sucede en el operativo. Un contratista local cercano a la operación aseguró a Argus, que la situación con los militares en el barco ha ocasionado un «apagón» informativo a propósito del delicado procedimiento.
«Lo ideal sería usar un petrolero Panamax o Aframax con un sistema de posicionamiento dinámico, pero nadie con una cisterna de esas características está dispuesto a firmar un contrato con nosotros debido a las sanciones de Washington», dijo un funcionario de alto rango de PDVSA a Argus al tiempo que aseguró que la estatal venezolana intentó en varias ocasiones desde mediados del año pasado realizar una operación STS sin el buque idóneo para el procedimiento.
«Si el Nabarima se inclina o se hunde, no hay duda de que se romperán los ductos submarinos que conectan con el campo Corocoro», advirtió el funcionario. «El daño ambiental sería enorme, y no tenemos el equipo ni el personal para abordar eso. Toda la culpa es de las sanciones ilegales de la administración Trump que crearon esta crisis internacional», refirió el alto funcionario al medio citado.
En tanto, Estados Unidos sigue insistiendo en que las sanciones contra Venezuela y la estatal petrolera no están diseñadas para impedir medidas de salud, seguridad o ambientales.
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