El presidente editor del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, indicó que la expropiación de ese medio de comunicación por parte del régimen de Nicolás Maduro se trata de una toma militar y no de un embargo judicial.
“No es un embargo porque nunca se presentó un juez y lo que se presentó fue la Guardia Nacional que se tomó el periódico. Es una toma militar, no es un embargo”, dijo Otero a La Prensa de Nicaragua, vía telefónica desde España, donde está asilado. Salió de Venezuela después que Diosdado Cabello demandó en agosto de 2015 a El Nacional por difamación.
Toma de El Nacional
El pasado viernes por la tarde la Guardia Nacional tomó la sede del periódico y desalojó a los trabajadores que se encontraban en el edificio que alberga la rotativa. “Espero que quienes ocupan el edificio no rompan la rotativa”, dijo Otero.
En 2015, Cabello demandó por difamación a El Nacional, luego que reprodujera una nota informativa del periódico español ABC, en el cual se revelaba una investigación de Estados Unidos en contra de Cabello por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El Nacional dejó de circular en diciembre de 2018. Continúa publicando en la web.
El régimen obliga ahora a El Nacional a pagar 13,4 millones de dólares a Cabello por daño moral y, ante la imposibilidad del pago, se le embargaron todos los bienes y la sede.
De acuerdo con Otero, Venezuela es un país “cerrado a las noticias”, casi como Cuba.
Cabello perjudica a Maduro
En el caso de la expropiación de El Nacional, Otero señala que es una acción “totalmente represiva”, cuya autoría principal es de Cabello.
Indica que en Venezuela hay tres poderes: el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, que contra las Fuerzas Armadas y empresas; Nicolás Maduro, que maneja el gabinete de gobierno; y Diosdado Cabello, que controla la justicia, el partido, la represión y los ingresos, porque su hermano es el que se encarga de la recaudación de impuestos.
El presidente editor de El Nacional señala que con la expropiación es Maduro el que sale perdiendo porque nadie querrá negociar con él, especialmente los inversionistas que perciben que no hay seguridad jurídica en el país.
Última instancia
El Nacional ya recurrió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la última instancia que queda. Si la Sala Constitucional falla en contra solo les queda acudir a la justicia internacional, indicó Otero.
De momento el periódico sigue informando en la web.
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