Hace años que tramitar un pasaporte es toda una complicación. Y si desde antes de la pandemia los venezolanos que viven en otros países pasan trabajo para tener sus documentos de identidad al día, la situación actual es mucho más compleja. Esto se traduce en la violación de múltiples derechos. La organización Save my Identity acaba de lanzar una petición al mundo (y al Saime)
El retraso en la emisión o prórroga del pasaporte venezolano por parte del Servicio de Administración, Identificación, Migración y Extranjería (Saime) afecta al menos a 13.000 de los 5.200.000 venezolanos en el exterior. Los procesos de identificación ya rezagados, ahora se encuentran detenidos y se prolongan indefinidamente tras las medidas de aislamiento que impiden la tramitación y confección del pasaporte en las oficinas, así como los cierres de frontera y las restricciones de vuelo que retrasan los envíos de las valijas diplomáticas hacia y desde Venezuela.
La demora del Saime deriva en otro tipo de inseguridad para los venezolanos: la jurídica. Salvo en países como Argentina, Brasil, Canadá, República Checa, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Finlandia, Honduras, Panamá y Reino Unido, sin pasaporte vigente resulta imposible emprender procedimientos que permitan normalizar la condición migratoria de nuestros ciudadanos. Esta falta de documento de identidad en otros países es además el inicio de posibles actos discriminatorios, violaciones a los derechos migratorios, humanos y el aumento de riesgo de deportación.
Pasaportes y prórrogas pagados y no recibidos, prórrogas vencidas en el momento de su recepción, desapariciones de procesos en curso, trámites que aparecen como finalizados cuando no lo están, cancelaciones de cita sin motivos y ausencia de una vía on-line para tramitar quejas, irregularidades o revisar estados de procedimientos e imposibilidad de acceder al sistema para tan solo solicitar la cita,son algunas de las denuncias que se han hecho visibles desde el 2016-2017, aunque ya para el 2012 habían iniciado las complicaciones del proceso.
Sin pasaporte, sin facilidades migratorias
En este momento, “no hay una ley que obligue formalmente a un país a reconocer documentos vencidos más allá de los acuerdos y compromisos que han adquirido algunos países en el contexto de la emergencia humanitaria en Venezuela y que entienden que hay un problema grave con la situación migratoria en materia de los documentos de los venezolanos”, explica Carlos Lusverti, abogado de Amnistía Internacional Venezuela e investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.
De manera que el reconocimiento de los pasaportes vencidos como un documento válido para los trámites migratorios queda completamente a discrecionalidad del país en donde se encuentra el venezolano. En tanto no exista dicho reconocimiento, el venezolano padece una restricción de movilidad entre países. Esto es: privación del libre tránsito consagrado en el artículo 50 de la Constitución. Sin embargo, agrega Lusverti: “También puede quedar expuesto a la violación de sus derechos económicos, sociales y culturales como los que están derivados de la explotación laboral, esclavitud moderna, trabajo forzado, reclutamiento forzado y pérdida de oportunidades laborales”.
Esto último ocurrió con el cocinero Gerardo Bracho. En el año 2017, con seis meses de vigencia en su pasaporte, salió a Chile y llegó solicitando su primera prórroga, que tardó nueve meses. Entonces, Bracho no solo perdió el sellado de residencia temporal, sino oportunidades laborales en dos restaurantes chilenos en el ranking de Los 50 mejores del mundo y en un restaurante en Rotterdam que pronto podría ganar una estrella Michelin.
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