En el mundo del hampa, los conocen como “Los Gallegos”. Es una banda criminal de origen venezolano que se expandió en Colombia, Ecuador, Perú y Chile con la crisis migratoria del país. Se dedica a la trata de personas: por ejemplo, ayudan a muchas jóvenes a migrar, pero estas deben pagar un cupo de S/15.000, la mayoría salda la deuda con la prostitución
Los Gallegos también trafican con droga, cobran cupos a los trabajadores que hacen delivery y extorsionan a empresarios locales. En Arequipa, la policía les atribuye siete crímenes: seis venezolanos y un peruano.
Pese a esta ola de asesinatos, las autoridades no identifican a los autores para desarticular la organización criminal. Cuando se sobreexponen las denuncias ante los medios de comunicación, por un tiempo, mantienen perfil bajo y luego vuelven a la carga. Eso ocurrió en abril pasado, cuando otras bandas delataron sus modus operandi y centros de operaciones-donde colocaban los tickets de las extorsiones.
Deudos en silencio
Cuando hay un crimen, el primer interesado en que se haga justicia es la familia, los deudos. En los siete casos no ha ocurrido eso. No quieren hablar. “Así no se puede hacer mucho”, señala un agente.
Sobre los siete asesinatos, la Policía identificó a cinco víctimas. Un cuerpo fue hallado en una maleta de una chacra en el distrito de Sachaca. El hallazgo ocurrió el 16 de enero, y recién en junio se le identificó. Era venezolano, el nombre se mantiene en reserva. Los agentes de Homicidios de la Divincri recurrieron a la Policía Internacional para dar con la identidad.
Como en este caso, pese al tiempo transcurrido, ningún familiar, amigo o compatriota solicitó el cadáver en la morgue. Un equipo de peritos y antropólogos reconstruyó su huella dactilar y enviaron las muestras a la Interpol. Este proceso tardó casi un mes, y una semana después, el cuerpo fue enviado a una fosa común.
Las víctimas tienen condición de ilegales en Perú. No hay registro de sus ingresos ni actividad. Las personas que retiraron sus cuerpos, manifestaron a las autoridades que no saben nada o que prefieren guardar el silencio. “Si ellos no quieren dar información, no hay forma de pedirla. “, agrega el detective.
Los testigos y deudos, saben quiénes son los autores o lo sospechan, pero tienen miedo de delatarlos. “Los citamos y no vienen, y cuando vienen, dicen que no vieron nada o que prefieren guardar el silencio “, dice otro agente que investiga estos crímenes.
El área de Homicidios de la Divincri investiga los siete asesinatos, también lo hace la Fiscalía y agentes de Crimen Organizado de Arequipa. Estos últimos admiten poco avance. La Divincri no ha respondido a sus requerimientos de información.
Hechos sangrientos
El primer asesinato ocurrió la madrugada del 12 de septiembre de 2021 en una fiesta de venezolanos que organizaron en una discoteca ubicada en la Av. Dolores de Bustamante y Rivero. Escuetamente, los testigos dijeron a la Policía que dos sujetos se acercaron a la mesa de un grupo y abrieron fuego hasta llegar a la calle. Se presume que fue ajuste de cuentas entre bandas de venezolanos y colombianos. A los primeros se les acusa de querer cobrar cupos a los prestamistas del país del café. Por un impacto de bala en la cabeza, murió Ricardo Peña Perales (31). Esta balacera dejó heridas a otros tres extranjeras, quienes no dieron información a la Policía.
El segundo crimen ocurrió la noche del 11 de octubre, cinco sujetos armados irrumpieron en la vivienda ubicada en la Av. Juan XXIII de Miraflores. Ahí Albert Jesús Ortiz Culcas (19) y otro venezolano, estaban en la habitación de una compatriota. Pese a que ambos saltaron por la ventana del segundo piso hacia la calle, Albert Ortiz fue alcanzado y los sicarios lo mataron de 14 disparos en la cabeza. ¿Cuál era el móvil del crimen? Aparentemente, la disputa por una señorita a la que explotaban sexualmente.
El tercer asesinato ocurrió el 2 de diciembre de 2021, cuando el venezolano Reymon Emilio Calderón Rojas (35), iba en un taxi junto a su pareja Luisiana Rodríguez S. (23). Esta última contó que tres sujetos aparecieron por el pasaje de Los Arrayanes y abrieron fuego. Extrañamente, el taxista también era venezolano, quien dio la misma versión, y luego no se presentó a declarar. La mujer entró en contradicciones y la Policía no descarta que Reymon haya sido “sembrado”, para perpetrar crimen. La Policía sospecha que la víctima y su pareja estaban metidos en la prostitución clandestina. Vivían en Moquegua.
Con relación al fallecido de la maleta, también fue muerte violenta, pero la necropsia no pudo especificar, debido a que estaba en estado de descomposición. Las investigaciones determinaron que una maleta con las mismas características se retiró de un hotel del Cercado donde vivían extranjeros y se vendía droga.
El peruano Emilio Huaqui C. (23) fue asesinado en la puerta de una tienda en la calle Comandante Canga con Rosaspata en Mariano Melgar. Corría enero de 2022.
Desde un auto negro bajó un sujeto y le disparó 10 veces. La hipótesis, en este caso, es que el joven que trabajaba como seguridad en la avenida Dolores, intentó rescatar a una joven venezolana que trabajaba como meretriz. La mafia no perdonó y lo mató.
El último hecho criminal ocurrió el 13 de junio. Una mujer de 23 años y un joven de la misma edad sufrieron una muerte horrible, enterraron sus restos en la quebrada de Río Seco (Cerro Colorado) y en una trocha carrozable de Chiguata, respectivamente.
Los agentes que llevan este caso, ya enviaron las muestras de sus huellas hacia INTERPOL y la embajada de Venezuela, pero aún no hay respuesta para su identificación. La hipótesis es que ambos también estarían implicados en la prostitución clandestina y al no pagar cupos a la mafia, Los Gallegos no perdonan.
Extorsiones y atentados en la región Tacna
El jefe de la División de Investigación Criminal en Tacna, coronel PNP Manuel Guerrero Serpa, sostuvo que este año recibieron 32 denuncias por extorsiones, sin embargo, los últimos nueve casos corresponden a dueños de restaurantes a quienes les llegó el mismo día un mensaje de texto, donde se les amenazaba si no pagaban una cuota.
Sobre estos últimos casos, el coronel explicó que se detectó que el mismo mensaje fue reportado en Cajamarca. Tras el rastreo se determinó que los mensajes se enviaron desde Máncora (Piura).
El jefe policial detalló que en las instrucciones no se envió un número de cuenta o dónde efectuar el depósito. Eso, para él, indicaría que los delincuentes que están detrás de estas amenazas, solo procederían así con quienes contestaran sus mensajes. En Tacna, los empresarios acudieron directamente a la Policía.
En Tacna también se registró la quema de dos motocicletas estacionadas en una urbanización, donde se dejó un papel que decía “Los Gallegos”, uno de los brazos de la organización criminal “El tren de Aragua”, grupo que nació en Venezuela y se extiende por varios países.
El Tren se dedica a la trata, narcotráfico y todo tipo de delitos que impliquen acciones en banda. El coronel señala que no han encontrado relación entre la quema de motos y los mensajes de texto enviados a los empresarios. Los dueños de las motos, dos policías que laboran en unidades fuera de la ciudad, tampoco han recibido amenazas.
Guerrero presume que quienes quemaron las motos se irrogaron el nombre de “Los Gallegos” para infundir temor. “Eso también lo hemos visto en Perú. Cuando se capturó a la banda de ‘Los destructores’, aparecieron grupos de delincuentes con el mismo nombre. Ellos no tenían relación con la banda original, solo buscaban infundir temor”, dijo.
La Policía continúa la investigación de todos los casos e invocó a la población a denunciar este tipo de amenazas y no contestar los mensajes de texto.
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