El sábado 6 de julio, cuando el sol estaba a punto de ocultarse en Ureña (Venezuela), un grupo de militares venezolanos divisó a cinco sujetos que arrastraban costales mientras cruzaban el río Táchira desde el lado colombiano. Al abordarlos y ordenarles que mostraran la carga, descubrieron tres cabezas humanas, publica el diario El Tiempo de Colombia.
Un mes antes, en la misma población fronteriza –ubicada a solo 20 minutos en carro de Cúcuta–, se halló el cuerpo decapitado de Evert Antonio Báez Arenales, de 29 años, que trabajaba como carguero en esa franja, plagada de trochas ilegales.
Inicialmente se creyó que se trataba de casos aislados, que vinculan a mafias del contrabando. Pero han surgido pistas comunes –más allá del mecanismo mafioso para asesinar a las víctimas– que despiertan alarma entre la población civil de ambos lados de la frontera.
Autoridades confirmaron que entre los costales en los que ocultaban los restos humanos también se hallaron panfletos de un grupo que se autodenomina Autodefensas Unidas Colombo-Venezolanas (Aucv), que asegura cumplir una función “antiguerrillera”.
Los panfletos también se han repartido en barrios deprimidos o de invasión en Cúcuta, al igual que en los municipios venezolanos de Pedro María Ureña y Bolívar Junín.
Incluso, en redes circuló un video en el que se ve a varios hombres armados exhibiendo cabezas decapitadas.
Y si bien aún no se tiene certeza sobre quiénes integran el supuesto nuevo grupo paramilitar, los cinco detenidos del sábado –todos venezolanos– habían sido ubicados varias veces en una conflictiva zona de Cúcuta conocida como la Isla del Escobal y desde donde opera una temida banda llamada ‘la Línea’.
Este grupo criminal controla las trochas ilegales por donde se mueven el contrabando y el narcotráfico, pero ahora tienen una nueva función: controlar el paso de venezolanos que huyen del régimen.
A ‘la Línea’ también se le atribuye la balacera que, a mediados de mayo, se registró justo al lado del puente internacional Simón Bolívar, desatando una estampida de venezolanos hacia Colombia.
EL TIEMPO estableció que a ‘la Línea’ la comanda Jesús José Hernández Almarza, de 24 años y conocido como ‘Causa’, quien le heredó el poder a Libardo Andrés Toro León, el ‘Tío’ o ‘Tyson’, capturado en octubre pasado por la Policía.
‘Causa’ comanda unos 60 hombres y tiene el control criminal de 6 kilómetros de zona limítrofe, comprendidos entre El Escobal, El Cerrito y Boconó, que precisamente colindan por el lado venezolano con Ureña. Su aliado es identificado con el alias de Walter.
“Todavía no está claro si hay o no relación entre ‘la Línea’ y los capturados en Venezuela con los costales. Pero sí es cierto que todos están buscando confrontaciones”, le dijo a EL TIEMPO el coronel José Luis Palomino, director de la Policía de Cúcuta.
Lo que sí reconocen las autoridades es que en esa zona existe una fuerte presencia del Eln, que utiliza el territorio venezolano para resguardarse del accionar de los uniformados colombianos y, además, ha establecido alianzas con las disidencias de las Farc de la región para expandir su control delincuencial en ambos lados de la frontera.
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Ya se sabe –como lo denunció EL TIEMPO desde mayo pasado– que estas dos estructuras criminales están aprovechando la debilidad institucional del régimen venezolano para tomar el control de actividades ilegales que van más allá del narcotráfico, como lo son el contrabando de oro y coltán, y que tienen su epicentro en la zona limítrofe.
El director de la ONG FundaRedes, Javier Tarazona, quien viene documentando hace varios años la presencia de actores ilegales en la frontera colombo-venezolana, explicó que las llamadas Autodefensas colombo-venezolanas, no son otra cosa que reductos de ‘los Pelusos’ y del ‘clan del Golfo’.
“Ellos perdieron el control de las trochas con el Eln y las disidencias de las Farc, y por eso han querido repuntar su actividad ilegal repartiendo panfletos amenazantes y acudiendo a prácticas mafiosas como la decapitación”, le dijo Tarazona a EL TIEMPO.
De hecho, recordó que partes del cuerpo de Báez Arenales –el descuartizado hallado en junio en Ureña y a quien acusaron de ser miembro del Eln– fueron abandonadas enfrente de una sede de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) como una especie de amenaza por el supuesto apoyo que esa fuerza oficial le estaría dando a la guerrilla colombiana.
Esta tesis la comparte Néstor Rosanía, líder del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, quien aseguró que en Norte de Santander se está gestando, por parte del ‘clan del Golfo’, un fenómeno de reclutamiento de pequeñas bandas narcotraficantes para conformar un grupo que les ayude a disputarles el negocio ilegal a las guerrillas.
“Lo que buscan, de acuerdo con personas de la zona, es darle características de conflicto interno, como pasó hace algunos años con las autodefensas, pero al final lo que quieren es controlar las economías ilegales”, precisó Rosanía.
Y, aunque aún no se ha confirmado oficialmente, fuentes venezolanas le dijeron a este diario que en la parte colombiana del río Táchira, cerca del casco urbano de Cúcuta, habría fosas en las que podrían estar varios de los desaparecidos que se han registrado tras los enfrentamientos que hay en la zona por el control territorial.
Por ahora, según supo EL TIEMPO, el Gobierno de Colombia le ha insistido diplomáticamente a Venezuela que ayude a perseguir en su territorio estos fenómenos de violencia. Pero la respuesta aún no se ha producido.
Con información de El Tiempo
