Abusos, arbitrariedades, violaciones al debido proceso, presos sin juicio, así puede resumirse lo que está sucediendo en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) de Ramo Verde, la cárcel militar que está a unos kilómetros de Caracas y que alberga presos políticos y delincuentes comunes. Familiares de los presos destacan como insólito que “las irregularidades se han ido agudizando y aumentando” después de la visita a Venezuela del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el austriaco Volker Türk.
Por Sebastiana Barráez | Infobae
No solo son los detenidos en Ramo Verde, quienes son vejados y violentados en sus derechos, también lo son sus familiares, la mayoría mujeres, que acuden los fines de semana, para visitar a sus hijos, maridos, hermanos, entre otros.
Las mujeres son vejadas brutalmente; “nos obligan a quitarnos la ropa interior y a hacer movimientos para ver si traemos algo en nuestras partes íntimas: es francamente repudiable y violatorio de la dignidad humana. El colmo es que ahora comenzaron a tomar fotografías a las mujeres. Sentí mucho miedo, porque vi cómo a una señora la paraban contra una reja para tomarle fotografías como si fuera una criminal. Ya es una tragedia tener a un familiar preso y encima de ello tener que sentirse aterrado cada vez que vamos a llevarle algo al familiar preso”, le dice una dama a Infobae.
Cada tres meses el control de la administración de Ramo Verde cambia de componente, de manera que en cada cambio se imponen nuevas restricciones, violaciones y malos tratos a los familiares, se implementan nuevas normas de acceso y por ello las reglas cambian continuamente.
Algunos militares que están allí detenidos han asumido que son ellos quienes determinan quiénes son o no “presos políticos” y agreden verbalmente a oficiales detenidos que no están ahí por delincuencia común sino por expedientes montados por los organismos de inteligencia para destacar ante el mundo que el gobierno de Nicolás Maduro está siendo agredido, con participación de militares venezolanos.
Las visitas
A las personas que visitan a sus seres queridos en Ramo Verde los obligan a vestir uniformados: pantalón tipo vaquero de tela de mezclilla llamado popularmente “blue jeans” y camisa o franela blanca. “Si no vamos vestidos así no se nos permite entrar”, dice una indignada mujer, quien destaca que eso solo sucede ahí, porque uniformarse es un requerimiento impuesto a los presos y no debería aplicarse a los visitantes.
A eso se le agrega que el personal militar encargado de revisar los insumos alimenticios y de otra índole, llevados por los familiares para los presos, no están preparados o adiestrados para esas revisiones. “Desbaratan los alimentos sin ningún tipo de consideración, no usan guantes para manipular lo que revisan, meten la nariz en los envases de comida, jugos o agua, contaminando de esta forma el contenido de los envases”.
No se sabe por qué, pero la comida y los enseres pasan por dos puntos de revisión, separados por unos 15 metros, uno del otro, como si respondieran a poderes de control distintos dentro de la dirección de la cárcel. Los dos grupos de funcionarios revuelven los alimentos, derraman los líquidos y devuelven todo contaminado.
Desde hace dos semanas han dado órdenes para que los vehículos, donde se traslada la visita, se mantenga en la parte afuera del penal, lo que dificulta mucho el acceso al mismo, por la empinada subida que deben hacer caminando hasta llegar a la puerta de acceso del edificio. “La gente de mayor edad, los que tienen problemas de salud y ciertas patologías, se ven impedidos a un buen desplazamiento de sus miembros inferiores; es doloroso verlos pasar por grandes dificultades para subir por ese paso tan empinado”.
“No existe ningún tipo de enfermería, ni siquiera para primeros auxilios. Tampoco hay personal calificado para garantizar una atención médica de emergencia, en caso de requerirlo, lo que pone en peligro la vida de los presos en Ramo Verde, muchos de ellos con problemas de salud porque han sufrido torturas, otros por las consecuencias de no recibir las consultas ni medicamentos apropiados a su situación médica”.
Varias mujeres coinciden en señalar que sus familiares presos les han confirmado que “los alimentos son de muy escasa y de mala calidad; muy baja en proteínas y alta en hidratos de carbono. La consecuencia de eso es que los internos sean propensos a sufrir de enfermedades infectó contagiosas con una alta morbilidad, debido a las bajas defensas que van desarrollando, con un sistema inmunológico disminuido”.
Los familiares se ven obligados a suplir los alimentos y los medicamentos necesarios, para que los detenidos mantengan un estado de salud aceptable. Esa situación afecta a los familiares que a duras penas sobreviven debido a la inflación desmedida que existe en el país y a los sueldos de hambre que no les permite atender las necesidades de los privados de libertad, que según la ley corresponde al Estado venezolano.
La justicia
Hace 4 años y 9 meses la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en un año muy crítico para la institucionalidad en Venezuela, por el funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) sin legitimidad ni legalidad de origen, apresó a un grupo de militares en lo que llamó la Operación Armagedón. Esa detención fue arbitraria, según lo determinó el Grupo de Trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Después de un juicio llenó de vicios la causa volvió a su origen, de manera que los militares de Operación Armagedón están sin juicio y uno de los supuestos delitos, es “falta al decoro militar”, el cual ya prescribió, porque su pena máxima es de tres años.
Lo más evidente es la denegación de Justicia y el inaudito retardo procesal, porque los detenidos de esa causa se encuentran en un limbo judicial. Ha sido imposible que la Corte Marcial, presidida por el Mayor General Jesús Emilio Vásquez Quintero, dé información a los familiares sobre ese caso. “Allí no hay ni con quien hablar”, le dice a Infobae la madre de un oficial.
Vásquez era Fiscal General Militar cuando en septiembre de 2021, hubo una fuerte sacudida por un sórdido escándalo de corrupción y extorsión, que no solo llevó a la destitución del entonces presidente de la Corte Marcial, Mayor General (Ej) Edgar José Rojas Borges, sino a la remoción y detención del juez militar Alfredo Enrique Solórzano Arias, a quien enviaron preso a la cárcel de Policía Militar en Fuerte Tiuna.
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