En 2013 el régimen buscó otra forma de «bajar los índices de criminalidad en Venezuela», para ello se «valió de la buena voluntad» y decidió hacer un trato con las bandas: darles trabajo, educación y una vida lícita a cambio del abandono de las armas y sus zonas libres de policías. Las cifras de homicidios en el estado Miranda y los hechos de la Cota 905 son una muestra de que los objetivos no fueron logrados. Así lo reseña El Pitazo.
Desde las 8:30 am del jueves 26 de julio, los disparos se escucharon en todo El Paraíso y parte de Montalbán. Ese día, a esa hora, funcionarios del Cicpc enfrentaban a miembros de la banda de ‘el Coqui’ por primera vez desde 2017, año en que el sector entró por orden del gobierno de Nicolás Maduro dentro de las zonas de paz. Los delincuentes que se dedican al robo de vehículos y el secuestro exhibieron su arsenal de guerra y superaron a la policía. Este episodio es un reflejo de cómo fracasó esta política.
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Luego de la llegada al poder de Nicolás Maduro, su viceministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, José Vicente Rangel Ávalos (ahora alcalde del municipio Sucre, Miranda), se sentó a negociar con 280 bandas en el marco del Plan Patria Segura y el Movimiento por la Paz y la Vida. Su fin era uno solo: impulsar un proceso de desarme y una vida lícita para los delincuentes de los 80 municipios con las tasas más altas de violencia en el país.
Para lograr su cometido, el funcionario le ofreció a las organizaciones criminales que operan en zonas del estado Miranda como los Valles del Tuy, Ocumare del Tuy, Barlovento, Río Chico, El Guapo y también de los estados Aragua, Falcón, Guárico y Sucre una serie de ayudas sociales como empleo, estudio, materiales para la construcción e insumos para producir. Miembros de las bandas aceptaron, pero a cambio solicitaron al Estado que la policía no ingresara a sus zonas, pues temían ser atacados. La iniciativa quedó como un trato de palabra, no se materializó como una resolución ministerial ni salió en Gaceta Oficial.
A pesar de que el acuerdo no quedó registrado en un documento, Rangel Avalos sí presentó un balance del proceso de negociación. El funcionario indicó a los medios comunicación y miembros de su ministerio que se reunió con 280 grupos delictivos en todo el país y que confiaba en que cumplirían su palabra. Expresó que las armas que fueran recibidas pasarían a manos de la Gran Misión Vivienda Venezuela donde serían convertidas en cabillas para la construcción de nuevas casas. “Las bandas están totalmente dispuestas a dejar ese camino. En las reuniones que hemos tenido me han dicho que quieren tener una vida como cualquier otra persona y no estar pendiente que los van a matar; ellos quieren casarse, tener hijos e ir a la playa con ellos. Nosotros estamos construyendo territorios de paz”.
Especialistas en el área de seguridad, como Fermín Mármol García y Luis Izquiel, refieren que el paso de los años demostró que la iniciativa gubernamental quedó en ingenuidad. Los organismos policiales cumplieron su parte del trato y desalojaron las zonas elegidas, pero las organizaciones criminales fortalecieron su poder de fuego, su número de hombres e incrementaron su control en los habitantes.
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El estado Miranda es un buen ejemplo de este robustecimiento, pues de acuerdo con cifras del Observatorio Venezolano de Violencia, la entidad que tiene 58 zonas de pacificación, según fuentes policiales, distribuidas en seis municipios, ubicados entre Barlovento y los Valles del Tuy, para 2013 tenía una tasa de 100 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Pero en 2018 cerró siendo el segundo estado más violento del país con una tasa de 124 homicidios por cada 100.000 habitantes, y la mayor concentración de asesinatos se sigue dando en estas poblaciones que comprenden la Troncal 9.
Las zonas de paz nacieron en 2013 por una iniciativa de José Vicente Rangel Avalos | Cortesía @EP_Resumen
La Cota, la muestra del fracaso
La Cota 905 no entró en las zonas de pacificación en 2013. Tras las denuncias de secuestros, homicidios y vehículos robados que eran llevados a la barriada, en 2015 el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas realizó varios operativos en la búsqueda del líder de la banda con mayor poder en la zona: Jesús Alberto Ramos Caldera, conocido con el apodo del ‘Chavo’.
Finalmente, el 22 de junio de 2015, una comisión del Cicpc dio con sus coordenadas y se enfrentaron al joven de 22 años en la parroquia San Bernardino. Luego de su asesinato, su puesto fue tomado por quien le seguía en la línea de mando: Carlos Luis Revete, alias ‘el Coqui’, quien después de asumir el cargo hizo un pacto con otras bandas de El Valle, La Vega y El Cementerio, para así evitar la incursión de los organismos de seguridad y cuidarse entre todos. Un plan descrito por el abogado y especialista en el área criminal, Fermín Mármol García como: “una especie de zona de paz entre malandros”.
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El cambio de gobierno en la Cota 905 y los logros del trato de no agresión entre bandas hizo que el rostro de ‘el Coqui’ fuera el más buscado en la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) que se llevó a cabo en el sector en julio de 2015. A pesar de que la acción policial tipo comando, integrada por varios organismos policiales y militares, dejó 15 muertos y 252 detenidos, según reporte oficial, el pran de la Cota 905 se les adelantó y horas antes huyó.
Los intentos por acabar con ‘el Coqui’, buscado por homicidio, secuestro, robo y extorsión, continuaron hasta 2017. En esos dos años el Cicpc logró acercarse cada vez más a su territorio y en sus operativos mató a varios de los miembros de su organización, pero se tropezaron con el relanzamiento de las zonas de paz.
La Cota 905, en agosto de 2017, fue elegida por el Gobierno para ser modelo del relanzamiento de los “territorios de paz”. La iniciativa del régimen de Nicolás Maduro, encabezada por la constituyente Delcy Rodríguez; el alcalde del municipio Libertador Jorge Rodríguez; el ministro de Deporte, Pedro Infante; y el presidente del Poliedro de Caracas, Antonio “Potro” Álvarez, buscaba nuevamente negociar con las bandas y borrar los daños causados por la Operación de Liberación del Pueblo (OLP). Para ello el trato era uno: los funcionarios despejaban la zona, pero las bandas debían dejar de robar, secuestrar y matar a civiles y policías.
Este 26 de junio de 2019, funcionarios del Cicpc rompieron el pacto. Pasadas las 8:00 am una comisión de la División de Vehículos ingresó a la Cota 905 a buscar carros robados. Luis Izquiel, experto en seguridad ciudadana asegura que las pandillas en esta zona no se pacificaron, sino que se fortalecieron y convirtieron el área en un escondite de personas secuestradas y un deshuesadero de carros robados.
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En medio del procedimiento, los uniformados, protegidos con chaleco antibalas y sus armas de reglamento (pistolas 9mm), fueron rodeados por ‘el Coqui’ y sus compañeros de banda ‘el Vampi’ y ‘el Galvin’, quienes mostraron su poder de fuego al disparar, desde lo más alto del barrio, con rifles de asalto como AR15, AK47 y granadas. La imagen mostraba el poderío de la banda en contraposición de la indefensión de los funcionarios que no tenían ni suficientes radios para comunicarse con sus superiores.
El enfrentamiento en la Cota 905 es una muestra de lo no logrado por las zonas de paz | Cortesía Caraota Digital
Las zonas de paz no han visto luz en ningún lado
Fermín Mármol García relata que el plan de pacificación tuvo su origen en Centroamérica, para desarmar y desarticular en los años noventa a la Mara Salvatrucha, la organización internacional de pandillas criminales asociadas que hacen vida en El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras.
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El plan de pacificación en la zona media del continente americano también buscaba el abandono de las armas por parte de los miembros de las pandillas a cambio de créditos para constitución de miniempresas y explotación agrícola, pero tampoco funcionó. “Venezuela se inspiró en un modelo fracasado y solo consiguió eso: malos resultados. En el país no hubo disminución del crimen y de la violencia, al contrario, en las zonas donde se implementó las zonas de paz las bandas criminales se convirtieron en mega bandas y lograron un mayor control territorial. Lo único que se generó es que una parte de la población que vivía en esas zonas se sintiera más desprotegida y se desplazara a otras zonas del país o emigrara”, detalló Mármol García.
Por su parte, Luis Izquiel, abogado, especialista en seguridad ciudadana, resalta la forma negativa cómo es percibido un gobierno que negocia con bandas. “Uno de los mayores golpes que dejó este plan de pacificación fue que los habitantes donde operan esas bandas vieron un gobierno que se sentó y se igualó en jerarquía con los delincuentes que día a día los mantienen azotados”.
Con información de El Pitazo
