“Una persona que fue secuestrada en la frontera de Táchira en 2019 aportó su testimonio a FundaRedes relatando que mientras era movilizada entre San Antonio y Ureña hasta el lugar donde permanecería por más de dos meses en poder de guerrilleros del ELN, sus captores conversaban amablemente con los uniformados en las alcabalas de la frontera mientras ella permanecía maniatada, amordazada y vendada en la parte trasera del vehículo”.
Por Sebastiana Barráez – Infobae
De historias como esas habla el Informe Anual que este viernes 30 de abril presenta la ONG FundaRedes, en el cual destaca que los Grupos Armados Irregulares (GAI) en Venezuela “ha recibido, por acción o por omisión, la protección, complacencia, o hasta connivencia de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, por iniciativa de los responsables de sus unidades operativas, o por la inspiración devenida del discurso de líderes connotados de la jerarquía política y militar del país”.
Un hecho necesario de visibilizar es el de las “ejecuciones judiciales bajo el manto protector de presuntos enfrentamientos”, que Fundaredes denuncia como “denominador común para disfrazar afectaciones directas del derecho a la vida a cargo de organismos de seguridad del Estado venezolano”.
Un dato escalofriante es que “en el primer trimestre del año 2020 se produjeron 252 muertes en medio de supuestos enfrentamientos armados entre delincuentes y cuerpos policiales y militares, según información oficial, lo que constituye un manejo irregular del uso de la violencia legítima por parte de los organismos de seguridad del Estado”. El año pasado ocurrieron 555 enfrentamientos en la zona fronteriza, donde perdieron la vida 855 personas.
Para la ONG, “la labor del Estado ha quedado desvirtuada por la existencia de organismos de seguridad señalados de cometer ejecuciones extrajudiciales, principalmente funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), pertenecientes a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Guardia Nacional y el Comando Nacional Antisecuestros (Conas). De estos cuerpos de seguridad destaca por su crueldad las FAES, unidad de élite creada en el año 2017 por orden directa de Nicolás Maduro”.
Subraya que FAES “acumula denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos, y se ha convertido en sinónimo de represión y terror en todo el país. Se presentan en despliegues de entre 5 y 30 hombres vestidos de negro, encapuchados, armados con fusiles de asalto y sin más identificación que la imagen de una calavera como insignia”.
“Sobre este grupo altamente entrenado, la Alta Comisionada de DDHH de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, tras su visita a Venezuela en julio de 2019, recomendó al Estado venezolano su disolución, a la par de establecer un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional. Bachelet considera necesario asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas. Hasta la fecha esta recomendación no ha recibido cumplimiento”.
Recuerda que el grupo “ha ejecutado acciones incluso contra personas vinculadas a sectores de poder, en situaciones que nunca fueron aclaradas y que evidencian el menosprecio que por la vida tienen”, y señala el caso del asesinato de cinco personas, entre ellos un escolta de la entonces ministra Iris Varela.
“Y es que las FAES se han convertido en un grupo que ha generado fuertes posiciones nacionales e internacionales de rechazo y del cual el gobierno no brinda información confiable. Esa opacidad impide conocer con exactitud el número de efectivos que integran las FAES y otros cuerpos policiales que han sido vinculados con denuncias de ejecuciones extrajudiciales. Estas acciones de los GAI y de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano alteran el ordenamiento jurídico internacional y el ordenamiento jurídico interno de nuestro país, contentivos de disposiciones legales que brindan un bloque normativo protector”.
Los casos
En algunos de los supuestos enfrentamientos hay denuncias, como en este caso. “Euclides Rafael Fajardo Rivas, de 32 años, quien residía en el sector Los Clavellinos de San Félix (Bolívar), murió tras recibir dos disparos, según contaron sus familiares al diario Primicia. Alrededor de las 5:30 de la mañana funcionarios de las FAES estaban afuera de su vivienda y lo llamaron para que saliera, al hacerlo accionaron sus armas de fuego contra él”.
Los activistas de Fundaredes han documentado casos como el de “la hermana de un hombre asesinado a principios de 2020, cuyo cadáver fue hallado en la autopista San Cristóbal-La Fría, aunque él vivía en Palmira, municipio Guásimos”. Ella detalló que, si bien es cierto que su hermano era ex presidiario, pero pagó su delito con 10 años de cárcel. “Desde el momento de su liberación comenzó a ser chantajeado por funcionarios del Comandando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional (Conas), organismo a manos del cual murió meses después alegando enfrentamiento”.
En el estado Zulia ocurre la historia de otro ex presidiario Ender Torres Rojas, de 33 años, quien dos semanas antes había salido de la cárcel de Trujillo, y fue asesinado por el CONAS con una unidad de policía municipal. Parientes del joven describen que “el hombre estaba durmiendo en su casa, en el barrio Las Parcelas, sector Santa Rosa, en Cabimas (Zulia), cuando llegaron funcionarios del Conas y de la Policía Municipal de Cabimas (Policabimas) y después de vejarlo y golpearlo a él y a su esposa lo ajusticiaron y le tiraron un revólver al lado”.
Los reportes oficiales lo presentaron “como miembro de la banda de ‘Adrián y Sleiter’, y según sus familiares fue la venganza de un funcionario de Policabimas que le había jurado a Ender que al salir en libertad lo mataba. Los oficiales actuantes usaban un expediente del Ministerio Público para simular un requerimiento de solicitud”.
Muerte y secuestro
Otro caso lo contó Paula Flores, madre de Yimy y Savier Montoya, ejecutados por las FAES. Ella acudió a la Fiscalía a poner una denuncia por amenazas y les dijo “tengo miedo por la vida de mis hijos”. Tres días después los jóvenes estaban muertos. “Fueron asesinados en su vivienda por un equipo de la FAES integrado por más de 20 hombres que irrumpieron de madrugada mientras la familia dormía. Las FAES bloquearon el acceso y a todos se los llevaron incluyendo a un niño de cuatro meses”.
“A la casa de mi hijo le llegaron por la ventana, los alumbraron y apuntaron, los hicieron salir”, según el relato de la madre que recoge Fundaredes, a las 5 de la mañana, su hijo Jimmy dormía desnudo; “lo arrodillan en la entrada de la casa a un lado de la puerta y sacan a sus hijos de los brazos. Cuando yo vengo llegando les pregunto que dónde me quedaba y ellos me dicen: nosotros vamos para las FAES, quédese aquí que la esperamos, cuando yo me bajo es que me dicen que a mis hijos los habían matado”, relató la madre, cuyos hijos “presentaron un único impacto por arma de fuego en el centro del pecho, según el informe forense”.
Importante mencionar el caso de “Andreina Paola Alemán, esposa del defensor de derechos humanos Alexis Bernardo Bustamante Molano, relató cómo integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano violentaron derechos constitucionales de su marido, entre los cuales destaca el derecho a no ser sometido a detención arbitraria y desaparición forzada”.
Bustamante está preso en la cárcel de Ramo Verde, “siendo víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes”. La esposa narró que el 17 de mayo del 2019, su esposo quien estaba en San Cristóbal no respondió sus llamadas y supo 13 días después que “había sido víctima de un secuestro por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim)”. A él no le permitieron comunicarse con su familia y lo trasladaron para la DGCIM de Caracas y luego a Ramo Verde. Durante varios días no le dieron agua potable ni alimentos. “Lo mantuvieron de pie y al doblegar sus piernas recibía fuertes golpes en la planta de sus pies, ocasionando laceraciones y hematomas”.
Otro caso revelador es el de “Jesús Vivas, quien laboraba desde enero del 2020 en la ciudad de Machiques, estado Zulia, en una finca denominada ‘El relámpago del Zulia’, a 50 metros de un puesto de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que recibe por nombre ‘Puente del sur’. Fue secuestrado por presuntos GAI que pidieron rescate por él, sin embargo, no fue liberado posterior a cancelarles el monto exigido, según relata su esposa”.
De Táchira a Apure
Destaca FunndaRedes la vulnerabilidad de los caminantes, como llama a los migrantes, “que como nómadas modernos surcan a pie las carreteras y caminos del país y de los países vecinos”, revelando los relatos que han recibido, como el de Karina Mendoza, “quien tiene tres hijos que dejó al cuidado de su mamá enferma en el estado Barinas para irse caminando hasta Cúcuta (Colombia) en busca de oportunidades que le permitan obtener los recursos necesarios para alimentar a sus hijos de 10, 13 y 14 años y proporcionarle las medicinas a su madre discapacitada. Hace nueve meses, grupos armados que operan en Barinas asesinaron al padre de sus hijos”.
También la violencia y las amenazas de vida contra pobladores fronterizos. Uno de ellos ocurrió el 5 de mayo. “A escasos metros del límite entre Venezuela y Colombia, los barrios Cayetano Redondo, La Lagunita y La Invasión, en San Antonio del Táchira, municipio Bolívar, fueron afectados durante horas por una intensa balacera que dejó dos personas heridas. Las afectaciones del derecho a la vida no discriminan territorio, ni tampoco la raza de sus causantes”.
Hechos así no solo ocurren en Táchira. En Apure, “productores agropecuarios afirmaron que son víctimas de una nueva forma de violencia que surgió de alianzas del Ejército de Liberación Nacional con algunos miembros de las etnias indígenas Yaruro y Cuiba quienes con el uso de arcos y flechas se han constituido como nuevos brazos armados de la guerrilla para amenazar, extorsionar e incluso asesinar con elevados niveles de crueldad a propietarios de fincas y productores venezolanos”.
Fundaredes dice que “en nuestra documentación de víctimas se refleja, a través de los testimonios recibidos, la actuación de los GAI sin que las instituciones del Estado activen los mecanismos de protección debida a los ciudadanos”.
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