Durante el año 2020 en Venezuela hubo casi mil violaciones a la libertad de expresión y acceso a la información, esta cifra fue registrada en el Informe Libertad de Expresión 2020 de la ONG Un Mundo Sin Mordaza el cual recopiló y analizó datos de documentación y denuncias de organizaciones como Espacio Público, el Instituto de Prensa y Sociedad, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, el Colegio Nacional de Periodistas, entre otras.
Para pronunciarse sobre estos hechos un grupo de organizaciones de la sociedad civil, periodistas y directores de medios digitales ofrecieron una rueda de prensa en conjunto, a fin de plantear los patrones contra la prensa libre y exigir al Estado venezolano que garantice el ejercicio pleno de la libertad de prensa y expresión a favor de una sociedad informada.
En la actividad realizada vía Zoom participaron Rodrigo Diamanti, presidente de Un Mundo Sin Mordaza; Marianela Balbi, directora del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys); César Batiz, director del portal El Pitazo; Kevin Arteaga, periodista del diario El Carabobeño; Alberto Rodríguez, director del portal AlbertoRod News, e Isabella González, delegada de la Federación Venezolana de Estudiantes de Comunicación Social (Fevecos).
Diamanti señaló que la cifra alarmante del año 2020, evidenció el propósito por parte del Estado de silenciar a la prensa independiente y que aun cuando incluye patrones que vienen dándose desde hace tiempo, el año pasado y lo que va de 2021 se han incrementado y agudizado. Citó datos del informe realizado por su organización: 71 detenciones arbitrarias a trabajadores de la prensa; 151 actos de hostigamiento, intimidaciones, amenazas y agresiones; sanciones administrativas impuestas por CONATEL y el SENIAT que dejaron fuera del aire a 19 emisoras de radio, 4 canales temporalmente bloqueados y 5 medios impresos fuera de circulación; los 19 bloqueos a páginas web, redes sociales y aplicaciones; 3 hackeos y 2 allanamientos a medios digitales.
“Estamos convencidos de la necesidad de fortalecer las denuncias de estos hechos, pues aunque están presentes día a día en Venezuela no pueden asumirse con normalidad porque informar no es delito, ni los trabajadores de la prensa ni los medios de comunicación pueden ser estigmatizados y criminalizados por cumplir con su deber de informar y expresarse”. De allí que invitó a persistir en las denuncias de los hechos que atenten contra la libertad de prensa y expresión, “aunque sintamos que no somos escuchados por el poder, el mundo debe conocer lo que ocurre en Venezuela, por eso llevaremos el Informe Libertad de Expresión 2020 a instancias internacionales”.
Por su parte, Marianela Balbi, directora del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) alertó con preocupación que en el año 2020 se documentaron dos homicidios contra miembros de los medios de comunicación en los estados Sucre y Zulia. Explicó que desde 2002 se han registrado 18 asesinatos a trabajadores de la prensa en el país, de estas muertes 11 estuvieron directamente relacionadas con las labores informativas de las víctimas o por haber hecho denuncias y publicaciones de investigaciones, columnas de opinión o declaraciones sobre hechos de corrupción, narcotráfico y contrabando.
“La impunidad de los delitos hacia la prensa también ha dejado en el olvido las agresiones físicas, detenciones arbitrarias, hechos de intimidación, desapariciones forzadas y amenazas contra medios y reporteros durante 2020. Solo en ese tiempo IPYS Venezuela documentó 215 casos vinculados a esas categorías”.
Señaló que es tal la necesidad de proteger a los periodistas que desde 2013, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) estableció cada 2 de noviembre como el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas con dos objetivos claves: el cese de la impunidad en los delitos contra los reporteros, y el compromiso, desde los Estados miembros, de fomentar entornos seguros y establecer mecanismos de protección para los trabajadores de la prensa en escenarios adversos que atenten contra sus vidas. Mencionó además que la ONU incluyó en su Agenda 20/30, bajo la supervisión de la Unesco, reforzar la seguridad de los periodistas como agentes clave para la consolidación de instituciones sólidas como parte del desarrollo sostenible y de las democracias en el mundo.
Añadió que durante los primeros meses de 2021 la prensa en Venezuela afronta una nueva faceta de ataques contra los medios independientes que revela una clara intención de criminalizar a los medios que aún se atreven a burlar la censura y que insisten en hacer un periodismo libre: “A través de la desacreditación, la difamación y el amedrentamiento, altos funcionarios del gobierno hacen uso de su poder mediático y de sus estructuras de desinformación (en la que han participado activamente medios de comunicación privados con una línea editorial progubernamental, medios de comunicación oficiales y estatales, activistas en las redes sociales y altos funcionarios del gobierno) para arremeter contra el derecho a la libertad de expresión, el derecho de los medios a informar y de la ciudadanía a estar informada”.
Mencionó que medios de comunicación como Efecto Cocuyo, Radio Fe y Alegría, VPI TV, Panorama, Tal Cual, El Pitazo han sido perseguidos, penalizados con fiscalizaciones y confiscaciones de equipos, y ataques a sus sitios web; además señalados y criminalizados, acusados en campañas estigmatizantes de ser factores de injerencia extrajera. Recordó el caso del periodista Roland Carreño que tiene más de 140 días preso por motivos políticos.
“Alertamos y rechazamos la intención del gobierno de Venezuela de deslegitimarlos y socavar la confianza hacia el legítimo trabajo que hacen los medios de comunicación y las ONG en el sector humanitario de derechos humanos”, finalizó Balbi.
Censura en la web, en la calle y en las universidades
César Batiz, director de El Pitazo, recordó el historial de bloqueos cada vez más sofisticados contra la página web que los ha obligado a cambiar a dominio varias veces desde 2017: elpitazo.com, elpitazo.info, elpitazo.ml y elpitazo.net, que es el que usan actualmente. “Acudimos a la Fiscalía a solicitar una investigación contra Digitel, Cantv, Movistar y Conatel para conocer las razones del bloqueo y ni siquiera nos aceptaron la denuncia”. Indicó que en el caso de los bloqueos por parte de Movistar, empresa de Telefónica española, está relacionada con el expresidente de ese país y asesor de Nicolás Maduro, José Luis Rodríguez Zapatero.
“Los recurrentes bloqueos ha implicado no solo un arduo trabajo de notificación a nuestros seguidores para que sepan la nueva dirección desde donde acceder a nuestros contenidos, sino que ha significado para nosotros durísimas inversiones que son cuesta arriba, consideramos que nuestros derechos al trabajo y los derechos económicos como medio independiente se han visto severamente afectados y comprometidos. De allí que el hostigamiento ha representado un cúmulo de violaciones que, por supuesto, abarcan el derecho al acceso a la información, el derecho a la libertad de expresión y a la prensa libre, el derecho al trabajo cuando nuestros reporteros en las regiones son agredidos en el ejercicio de su labor e impedidos de cubrir noticias, y los derechos económicos establecidos en la Constitución”.
Dijo que desde 2018 El Pitazo dejó de ser autorizado para cubrir comicios electorales, aunque entreguen todos los recaudos al CNE no reciben las acreditaciones; igualmente les impiden la cobertura en pautas del oficialismo y a los reporteros en las regiones les cierran todas las puertas en instituciones oficiales, además que muchas veces han sido golpeados, obligados a borrar material y amenazados con detenerlos. Denunció que algunos de los reporteros de El Pitazo están bajo la mira directa de gobernantes regionales y locales, por lo que realizan su trabajo bajo amenazas.
“Sin embargo, esta situación ha potenciado la creatividad, innovación y resistencia por eso, como me gusta decirlo, si nos cierran la puerta buscamos las ventanas, pero nos cerraron también las ventanas, así que hemos tomado un martillo y un cincel para abrir nuevas ventanas para seguir llegando a la audiencia. De allí es que hoy contamos con más de 1.100 infociudadanos formados en todo el país de los cuales 300 son activos, utilizamos las redes sociales para enviar información de diferentes maneras, hemos tenido periodismo performativo a través de canciones, obras de teatro con productos de investigaciones. Todo esto por el deseo de no callarnos, de vencer la censura, de seguir sonando donde otros callan”.
Por su parte, Kevin Arteaga, reportero de El Carabobeño, relató cómo ha sido víctima de hostigamiento por hacer cobertura a una protesta en Valencia contra un presunto hecho de corrupción en la que participaron 60 familias. Aunque la manifestación ocurrió el año pasado en una comunidad del sur de la ciudad, fue en enero de este año cuando funcionarios del CICPC solicitaron al medio para el cual trabaja información personal sobre él y posteriormente las FAES le entregaron una citación para que acudiera a la Fiscalía a rendir declaraciones en calidad de “investigado”, aunque inicialmente no se le informaron los motivos.
“Aunque en los últimos años dedicarse al periodismo en Venezuela ha implicado riesgos, pero hasta ahora no me había sentido tan directamente amenazado hasta que inició todo este proceso en mi contra solo por hacer mi trabajo. En Carabobo ya se ha vuelto común no tener acceso a las fuentes oficiales, ninguno de los voceros del gobierno regional declara y el gobernador hace sus anuncios a través de las redes sociales, evitando a la prensa, incluso en temas ten sensibles e importantes como la pandemia del COVID-19, eso implica un gran reto para nosotros que debemos informar a la población”.
En cuanto a la censura digital, Alberto Rodríguez, director del portal AlbertoRod News, se refirió a un comunicado que recientemente emitió para denunciar que las compañías prestadoras de servicio de internet Movistar, Intercable y Digitel ejecutan de forma indiscriminada severos bloqueos a los principales medios de comunicación digital en Venezuela que afectan cada vez más el acceso a la información, lo que es aprovechado desde el poder para su política de desinformación, pero también para arreciar contra los ciudadanos valiéndose de que no habrá espacios para transmitir las acciones represivas.
“Pedimos que, de forma inmediata, cese esa práctica antidemocrática que viola el artículo 57 de la Constitución. Esta denuncia la elevamos ante órganos nacionales e internacionales que se dedican a la defensa de la libertad de prensa y expresión. Hemos introducido tres recursos legales en Movistar y dos en Digitel, pero esperamos respuesta”.
Para finalizar, Isabela González, delegada de la Federación Venezolana de Estudiantes de Comunicación Social (Fevecos), expresó su rechazo a que las universidades estén predisponiendo a los estudiantes de Comunicación Social ante la censura. Afirmó que algunos profesores les advierten a sobre las preguntas que deben evitar hacer a los entrevistados del oficialismo e incluso les prohíben ciertos temas al momento de construir las preguntas.
“¿Cómo podemos llevarle información a los ciudadanos cuando desde las aulas nos pretenden enseñar a censurarnos? Como delegada de la Federación y como futura periodista siento que tenemos el deber de oponernos a esto porque no se trata de la censura por parte del Estado, sino de la autocensura impuesta por las universidades que tienen el deber de formarnos, de seguir así ¿qué nos queda el día de mañana? ¿Cuál va a ser nuestro futuro si desde las aulas nos moldean la capacidad de aprender efectivamente cómo debe ser el ejercicio periodístico?”.
Al finalizar las intervenciones se hicieron tres exigencias al Estado para que garantice el trabajo de los medios de comunicación y de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa del derecho al acceso a la información y la libertad de expresión:
1.- Exigimos el cese la persecución y la campaña de estigmatización contra las organizaciones sociales y medios independientes que hacen uso de su derecho a la libre y legítima asociación y a trabajar con los diversos programas de la cooperación internacional para la exigencia y defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión y la participación ciudadana.
2.- También exigimos al Estado que no obstaculice la cobertura periodística de los medios independientes sobre hechos noticiosos importantes para la sociedad, como puede ser el caso de los procesos electorales o eventos y actos oficiales, y que permita el acceso a las fuentes oficiales de información. No otorgar acreditación a los medios independientes fomenta la desinformación y vulnera el derecho de los ciudadanos a estar informados.
3.- Exigimos acciones que impidan el asesinato de periodistas y trabajadores de la prensa en Venezuela y evitar que estos hechos queden impunes y deterioren aún más las libertades. Venezuela debe transformarse un ambiente propicio y seguro para el ejercicio del periodismo y el goce de los derechos democráticos.
Finalmente, recomendaron a los gremios de periodistas y a los reporteros y trabajadores de la prensa unirse para protegerse y para fortalecer las denuncias de las violaciones que sufren, así como crear redes digitales entre varios medios para vencer la desinformación y hacer más posible llevar la información a las audiencias e incluso alcanzar cada vez más alcance. Recomendaron a la población estar alerta y ser crítica ante las informaciones que recibe cuando no provienen de medios establecidos a fin de evitar caer en noticias falsas.
Convocaron a los periodistas y trabajadores de la prensa en Venezuela a participar en un tuitazo este miércoles 17 de marzo a las 8:00 pm para denunciar situaciones de acoso, agresiones y hostigamiento en Venezuela con el uso de la etiqueta #QuítateLaMordaza.
Con información de NDP
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