«Soy inocente. No tengo nada que temer». Fue hace seis años, cuando el opositor venezolano Leopoldo López proclamó su inocencia con estas palabras antes de entregarse a las autoridades y dejó en la retina de sus conciudadanos la imagen más recordada de La Salida, la apuesta más dura del antichavismo.
Ese movimiento puso en marcha la primera gran oleada de protestas desde que Nicolás Maduro llegó a la Presidencia, en abril de 2013. Atrás quedó un reguero de sangre con más de 40 muertos, centenares de lesionados y detenidos, cuyas heridas todavía siguen presentes en la vida política y social de Venezuela, mientras el movimiento ha quedado en el olvido.
El 23 de enero de 2014, una parte de la oposición inició una campaña de manifestaciones para derrocar a Maduro, que apenas llevaba unos meses al frente del Gobierno tras el fallecimiento de Hugo Chávez y las posteriores elecciones presidenciales de abril de 2013.
La propuesta era «una salida pacífica, democrática y constitucional» para acabar con el Gobierno chavista con distintas acciones en las calles, como asambleas ciudadanas
Los políticos que lideraron esta iniciativa fueron Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma, de los partidos Voluntad Popular (VP), Vente Venezuela (VV) y Alianza Bravo Pueblo (ABP), respectivamente.
Con ello, crearon una ruptura evidente dentro de la oposición, aglutinada entonces en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y que dejó dos grandes bandos: los «salidistas» y los que abogaban por el diálogo.
Entre estos últimos se encontraba el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles Radonski, el secretario general de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo, o el líder de Acción Democrática (AD) Henri Ramos Allup, uno de los políticos con más trayectoria en la región.
El 12 de febrero se convocó una manifestación por el Día de la Juventud y en protesta por unos estudiantes detenidos. En Caracas, la marcha llegó hasta Fiscalía, en el centro de la capital. El objetivo era pedir la liberación de los jóvenes capturados días antes mientras protestaban en el interior del país.
Esta marcha marcó dos hitos.
Primero, porque suponía la entrada de una marcha opositora en una zona considerada como un tradicional bastión del chavismo y segundo porque fue el arranque de una oleada de protestas que se prolongaron durante cuatro meses en el país.
Tras permanecer en los alrededores de Fiscalía, hubo enfrentamientos entre los estudiantes y los «colectivos», grupos de civiles frecuentemente armados que se consideran defensores de la Revolución Bolivariana y considerados paramilitares por la oposición y grupos de derechos humanos.
Tres personas murieron ese día, decenas resultaron heridas y más de 60 fueron detenidas, según datos de la entonces fiscal general Luisa Ortega Díaz, hoy en el exilio.
El régimen chavista culpó a López y Machado de la violencia del 12 de febrero. Pero López se defendió y dijo que la manifestación «fue pacífica», responsabilizó al Ejecutivo de la violencia, de «sembrar el miedo» y de ejecutar «un plan macabro».
Los tribunales emitieron una orden de arresto contra él, acusado de diferentes cargos, entre los que se contemplaban instigación a daños a la propiedad pública, incitación a crear disturbios, conspiración, homicidio y terrorismo.
Tras varios días en paradero desconocido, López se entregó el 18 de febrero rodeado de miles de seguidores y fue recluido en la cárcel militar de Ramo Verde.
Las protestas siguieron varios meses y, a medida que pasaban los días, se hicieron más violentas. El régimen acusó a la oposición de causar varias muertes, principalmente de personas en moto que pasaban por zonas cerradas por las protestas.
Diversas ONG denunciaron que el 34% de las manifestaciones fueron reprimidas por los cuerpos de seguridad del Estado, principalmente Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y por los llamados colectivos.
La cifra contrasta con la media de la década anterior, que no superaba el 7%.
Solo entre los meses de febrero y abril de 2014, la ONG Provea registró e individualizó un total 138 heridos de bala, 330 heridos por perdigones, 72 lesionados por golpes, 34 heridos por objetos contundentes y 280 personas electrocutadas, apuñaladas, arrolladas y con lesiones de diversa índole.
La crisis política y socioeconómica del país, así como el recrudecimiento de las manifestaciones y su represión, alcanzó tal magnitud que en abril se propuso la primera mesa de diálogo entre Gobierno y oposición desde que Maduro llegó a la Presidencia.
Apenas un mes después, la MUD declaró «congelado» el proceso de diálogo y dejó de asistir a las reuniones como protesta por lo que calificaron de estancamiento de las conversaciones.
El pico de protestas amainó alrededor de junio.
Tras la entrega de López y su posterior juicio, quedó en Ramo Verde hasta que en julio de 2017 le cambiaron la medida por arresto domiciliario.
Varios organismos internacionales y ONG, así como la Unión Europea consideran que su arresto fue por motivos políticos y que no se dio con el debido proceso.
El fiscal encargado del caso, Franklin Nieves, huyó a Estados Unidos y declaró que el juicio fue «una farsa», mientras que la jueza que firmó su orden de aprehensión dijo que lo hizo «atemorizada».
Después del fallido levantamiento militar del 30 de abril de 2019 liderado por Juan Guaidó, López fue recibido como huésped en la residencia del embajador de España, donde aún permanece
En el caso de Antonio Ledezma, fue detenido en febrero de 2015 durante un allanamiento a sus oficinas bajo la acusación de participar en un intento de golpe de Estado contra Maduro.
Su lugar de reclusión fue Ramo Verde hasta que le dieron arresto domiciliario en 2016, hasta que en noviembre de 2017 huyó de Venezuela y llegó a España, donde pidió asilo político.
A pesar de que en un principio caían sobre María Corina Machado varias acusaciones en su contra y órdenes de arresto, es la única líder de «La Salida» que se mantiene en libertad, si bien tiene prohibido salir del país.
EFE
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