La directora en funciones de Human Rights Watch para las Américas reflexiona sobre los desafíos de una región afectada por los ataques a la independencia judicial y la crisis migratoria.
América Latina enfrenta un pésimo momento en materia de derechos humanos, el peor en “décadas”, ha dicho Human Rights Watch (HRW) en un informe en el que alerta sobre un retroceso de libertades en la región, con ataques a la independencia judicial, represión policial y amenazas a la libertad de prensa.
Tamara Taraciuk, directora en funciones de HRW para las Américas, dice que la democracia se está erosionando de distintas maneras y hoy la región está obligada a defender espacios que se solían dar por sentados. “Hay un alarmante intento por menoscabar la independencia judicial por parte de ciertos gobiernos y esto es de enorme preocupación”, advierte Taraciuk, que señala que el autoritarismo y el populismo “no tienen ideología”. Desde México, con un Gobierno que se define de izquierda, hasta Brasil, con un presidente de extrema derecha, varios países de la América Latina están viendo cómo sus mandatarios siguen el mismo libreto, sin importar sus posiciones ideológicas.
Pregunta. En el informe de HRW hablan de un “alarmante” retroceso en libertades básicas en América Latina. ¿Qué es lo más preocupante?
Respuesta. Las distintas maneras en que está erosionando la democracia en América Latina. Es difícil hacer un ránking por países, pero hay categorías que nos preocupan. Por un lado están los extremos. Los casos de dictaduras como Venezuela, Nicaragua o Cuba, donde no existen elecciones libres ni instituciones democráticas que le puedan poner un freno al poder Ejecutivo. No hay independencia judicial, no hay un Congreso independiente.
También hay un grupo de Gobiernos, de líderes que llegan al poder después de elecciones democráticas, pero una vez allí, lo ejercen ignorando las garantías fundamentales y el rol de las instituciones. Atacan la independencia judicial, atacan a la prensa independiente y adoptan medidas para dificultar el trabajo de la sociedad civil, de los defensores de los derechos humanos. En esta categoría claramente entran gobiernos como el de Jair Bolsonaro en Brasil, el de Nayib Bukele en El Salvador, el de Andrés Manuel López Obrador en México. El libreto autoritario y populista no tiene ideología. De derecha o de izquierda es igual de alarmante, es el mismo libreto a pesar de partir de posiciones ideológicas opuestas.
P. ¿De qué forma atacan la independencia judicial?
R. Hay distintos intentos por menoscabarla y estos esfuerzos también son de enorme preocupación. Tal vez el caso más extremo de la utilización política del sistema de justicia ha sido en Bolivia, donde los últimos tres gobiernos han empleado la justicia en contra de sus opositores políticos. Lo más preocupante de este panorama son los distintos escenarios donde los espacios democráticos que nos costó tanto conseguir en América Latina se van achicando.
P. ¿Como cuáles?
R. América Latina vivió años de conflictos y dictaduras para empezar a consolidar la democracia y para esto fueron esenciales tres puntos: fortalecer la justicia para investigar las violaciones de derechos humanos y poder actuar como un freno ante el poder Ejecutivo, permitir la libertad de expresión y facilitar plataformas para que las organizaciones de derechos humanos puedan monitorear y cuestionar los excesos de poder. Estamos viendo distintos ejemplos de cómo estos tres pilares están siendo afectados.
En Brasil se han iniciado procesos penales en contra de periodistas por publicar información incómoda contra el Gobierno. El presidente Bolsonaro ha bloqueado en las redes sociales a quienes cuestionan su política o sus posiciones y esa es una medida grave porque afecta la posibilidad de acceder a información pública. En México, hay un clima de hostilidad a la prensa que cuestiona los abusos de poder del Gobierno. Ejercer el periodismo es peligroso, van 27 periodistas asesinados durante el mandato de López Obrador. Si no hay instituciones fuertes que puedan investigar este tipo de delitos, el mensaje indirecto que se envía es que esto está permitido o que no tiene mayores costos.
P. Tampoco hay un pronunciamiento contundente desde el Ejecutivo sobre estos crímenes.
R. No se puede establecer una relación causal entre la apatía de la autoridad sobre lo que está ocurriendo y los asesinatos, pero sí genera un clima que definitivamente no favorece la tolerancia y la libertad de expresión. Las autoridades voluntariamente se ponen en un lugar de exposición que requiere mayor tolerancia, es por eso que la difamación penal, sobre todo cuando se trata de funcionarios públicos y sobre todo cuando hablamos del presidente, va en contra de los estándares internacionales de libertad de expresión.
P. ¿Está en peligro la democracia en la región?
R . Estamos enfrentando riesgos enormes. Tal vez la buena noticia en este panorama sombrío es que a pesar de todos estos retrocesos y tendencias autoritarias que estamos viendo, en la región sigue habiendo una respuesta fuerte de un periodismo independiente y de defensores de derechos humanos, incluso en países como Nicaragua y Venezuela, así como la respuesta en Cuba, donde miles de personas salieron a la calle en julio [de 2021] para poner freno a esos excesos.
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