Este martes, se conoció que fueron condenados a 16 años de cárcel a seis activistas venezolanos Reynaldo Cortés, Alcides Bracho, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo, Alonso Meléndez y Emilio Negrín por “conspiración y asociación para delinquir”.
Ante esta nueva arremetida, el partido opositor, La causa R, expresó su indignación y calificó de «infame» dicha sentencia.
Por medio de la red social Twitter, La Causa R escribió, «Indignante!!! Una sentencia infame contra unos defensores de los DDHH y los derechos de los trabajadores por una mejor calidad de vida».
«Un juicio amañado, sin ninguna prueba en su contra. Un castigo espantoso para ellos y sus familias. La justicia en Venezuela es una farsa», puntualizó la tolda política,
Indignante!!! Una sentencia infame contra unos defensores de los DDHH y los derechos de los trabajadores por una mejor calidad de vida. Un juicio amañado, sin ninguna prueba en su contra. Un castigo espantoso para ellos y sus familias. La justicia en Venezuela es una farsa. https://t.co/36YEaOa5wq
— La Causa Я (@LaCausaRVe) August 1, 2023
A pesar que la defensa y las organizaciones afirman que no hay elementos probatorios en contra de los seis detenidos, el Tribunal Cuarto de Control con competencia en terrorismo declaró con lugar la solicitud de privativa de libertad solicitada por el Ministerio Público contra el trabajador humanitario Gabriel Blanco, los activista Néstor Astudillo, Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Reynaldo Cortez y el sindicalista Emilio Negrín.
Los seis fueron detenidos entre el lunes 4 y jueves 7 de julio del año pasado, en lo que la organización Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) calificó de una ola represiva que incluyó detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, allanamientos ilegales y actos de hostigamiento.
El Ministerio Público los imputó por los supuestos delitos de asociación para delinquir y conspiración, según denunció el partido político opositor Bandera Roja.
De los detenidos, cuatro son miembros del partido político Bandera Roja (BR), cuyos líderes denuncian que durante las detenciones de sus militantes se ha violado el debido proceso y no hay pruebas de los que se les imputa.
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