El Tribunal Supremo de Justicia ha demostrado repetidamente que es un simple instrumento para el logro de propósitos interesados, sin importar la legalidad o la justicia. El amparo concedido a un grupo de “clientes” del Banco del Orinoco NV el 3 de octubre es otro ejemplo, pero en este caso en beneficio de una persona particular, el banquero Víctor Vargas Irausquín.
Por José Manuel Rotondaro – Konzapata
La petición de amparo fue introducida por supuestos depositantes de la entidad financiera del BOD en Curazao. Solicitaban que el TSJ le ‘exija’ al Banco Central de Curazao que “haga público el llamamiento y facilitación de participación” de los clientes del BdO NV, y que les autorice a comunicarse con los custodios de activos de la entidad en liquidación (empresas situadas en Uruguay, Singapur y Suiza) de abstenerse de transferir dichos activos, bajo la amenaza de acciones en su contra.
Finalmente le pidieron al TSJ que le escriba al Banco Central de Curazao solicitando información de sus actuaciones.
Hay que destacar que la información que presentaron los accionantes sobre los custodios no está disponible a los clientes, por lo que evidentemente están actuando en concierto o con el apoyo del BOD.
Absurdamente, el TSJ no sólo se declaró competente en la solicitud, sino que además acordó unas medidas que van más allá de lo solicitado, cada una de ellas rayando en lo absurdo.
Primero ‘ordena’ al Banco Central de Curazao abstenerse de disponer de los activos del BdO NV.
Segundo, le ordena que busque una solución alternativa a la liquidación administrativa mediante un acuerdo con los accionistas.
Tercero, aún más absurdo es que suspende las medidas establecidas por la Sudeban en contra del BOD en Venezuela.
Claramente se aprecia que el fallo del TSJ responde más a los intereses de Víctor Vargas, como propietario del BOD y sus relacionadas en otros países, que a los de los depositantes de cualquiera de esas instituciones financieras.
Resolución de grupos financieros transnacionales
El tratamiento de problemas financieros de instituciones financieras con operaciones en más de un país es uno de los grandes temas no resueltos de la regulación financiera internacional. El llamado Comité de Basilea, organismo que agrupa a supervisores bancarios de los países del G-20, tuvo su origen en los problemas que enfrentaron las autoridades de Alemania, Estados Unidos y el Reino Unido cuando un banco alemán, Bankhaus Herstatt, quebró en 1974.
Desde entonces ese comité ha estado a la búsqueda de un esquema que permita la resolución ordenada de grupos financieros transnacionales. Pero el tema ha resultado complicado de resolver, principalmente por los efectos fiscales que tiene que salvar un banco o sus depositantes. Pocos gobiernos (o electores) están dispuestos a erogar fondos para proteger a depositantes (o accionistas) en otros países.
Por esta razón los avances en la materia se han limitado a fortalecer la cooperación entre las autoridades de supervisión para coordinar sus acciones antes de que un grupo financiero quiebre. De resto, se reconoce que la forma como se procede con bancos en problemas es un tema estrictamente nacional, de acuerdo con las leyes y sistemas judiciales de cada país.
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