Familiares y abogados del exconcejal Fernando Albán, muerto mientras estaba detenido en la sede del Sebin en octubre de 2018, se pronunciaron este viernes 18 de septiembre luego de la publicación del reciente informe de la ONU sobre derechos humanos en Venezuela, en el que el caso del activista de Primero Justicia estuvo reflejado entre las acusaciones de delitos cometidos por la administración de Nicolás Maduro.
Manuel Tomillo C. | Efecto Cocuyo
Meudy Osío, viuda de Albán, indicó en una conferencia de prensa vía Zoom que lo expresado en el informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de Hechos en Venezuela, sobre el caso de su esposo y otros presos políticos es un avance, porque se ratifica que hubo un crimen de Estado en esa muerte ocurrida en 2018.
“Este informe ratifica lo que hemos pensado desde un principio: que fue un asesinato y no un suicidio, y que toda la cadena de mando del Sebin es responsable”, aseguró Osío.
Por su parte, Ramón Aguilar, abogado que defendió la causa del exconcejal de Caracas, aseguró que el documento de la ONU también resalta el hecho de que son muchos los responsables en la impunidad que se ha mantenido sobre este caso.
“En el caso de Fernando Albán hay que recordar quienes dieron la orden, el señor Gonzalez López director del Sebin; Tarek William Saab, que encubrió el hecho, Reverol y el propio Nicolás Maduro”, dijo.
Indicó que el informe “es muy relevante, muy significativo, porque avanza, a diferencia de los informes anteriores, porque no solo recoge denuncias, es un informe de determinación de hechos, que tiene naturaleza probatoria” y que esto podría activar mecanismos de sanciones penales internacionales contra los involucrados directos o indirectos en la muerte de Albán.
Bajo la óptica internacional
En la misma reunión telemática intervino el abogado chileno Claudio Grossman, decano emérito de la American University Washington College of Law (Auwcl) y profesor de la Academy on Human Rights, quien manifestó que este presunto asesinato en manos de efectivos del Sebin es una “herida abierta que deja en evidencia la sistematicidad de las violaciones de DDHH en Venezuela”
“El abogado del concejal Fernando Albán fue perseguido y tuvo que salir de su país. Hay una responsabilidad de las autoridades superiores en este asesinato”, añadió Grossman.
Indicó el académico chileno que el caso Albán y su reflejo en el informe de la ONU abre el camino para que el sistema de justicia interamericano actúe y que los gobiernos vecinos pueden, incluso, colaborar con la denuncia en contra del Estado venezolano.
“La voluntad no debe quedarse en papel porque se trata de una reparación integral. Cuando hay tortura, algunos Estados lo que hacen es acusar a los involucrados en un delito menor. Aquí lo vimos casi como una confesión pública. A los custodios de Fernando los condenan por no haber cumplido con sus delitos de vigilancia”, agregó.
Expresó también que el informe demuestra que “hay una responsabilidad de las autoridades superiores, en configurar que el asesinato de Fernando Albán fue en el marco de la represión contra la población de un país”.
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