El Comisionado para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas Humberto Prado, condenó la masacre en la comunidad Pemón de Ikabaru, en el Sector N° 7, municipio Gran Sabana del estado Bolívar.
En ese sentido, expresó su preocupación por tal barbaridad y exige que tales hechos deben ser investigados y sus responsables sancionados. «Un trabajo para la Comisión de Determinación de Hechos recientemente creada por la ONU para Venezuela, pues la falta de independencia de los poderes en Venezuela no garantiza credibilidad de resultados», acotó.
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Esta sería la segunda masacre contra el pueblo Pemón. En febrero entre el 22 y el 27 de febrero de 2019 más de 25 indígenas pemones fueron masacrados durante los cinco días que duró la toma de Santa Elena de Uairén.
El 12 de julio el secretario general de la OEA, Luis Almagro, manifestó que el caso sería llevado ante la CPI y destacó que lo ocurrido fue un nuevo intento de Nicolás Maduro en sacar de su territorio a esta etnia indígena, que ocupa espacios importantes en la zona minera del país.
Ante esto el 12 de julio el secretario general de la OEA, Luis Almagro, manifestó que el caso sería llevado ante la CPI y destacó que lo ocurrido fue un nuevo intento de Nicolás Maduro en sacar de su territorio a esta etnia indígena, que ocupa espacios importantes en la zona minera del país.
Por su parte el Parlamento Amazónico Venezolano condenó el miércoles 27 de febrero el hecho al afirmar que fueron “acribillados” por el régimen de Nicolás Maduro en Santa Elena de Uairén durante el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela desde Brasil.
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El 23 de abril se cumplieron dos meses de los sucesos en la población indígena de Kumaracapay. Desde entonces, 80 pemones se encuentran desaparecidos tras la acción de funcionarios, según denunció la diputada Dennis Fernández en la sesión ordinaria del martes 9 en la Asamblea Nacional.
Ante toda esta lamentable situación de violencia, el Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos Humberto Prado exige respeto, protección a sus derechos territoriales, consulta previa, y protección a su integridad y vida de todos los habitantes de pueblos indígenas.
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