El Defensor del Pueblo en el Zulia señaló que investiga varios casos por abuso policial y violación de DDHH por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, práctica que se ha vuelto común en la COL y el Sur del Lago, según indicó.
La extorsión es la hipótesis que parece cobrar más fuerza en el caso del asesinato de los dos comunicadores alternativos de La Guacamaya TV, en Cabimas, el pasado 21 de agosto, según reveló el Defensor del Pueblo en el Zulia, Aristóteles Torrealba, en entrevista con Radio Fe y Alegría Noticias.
Explicó que, para amedrentar a sus víctimas, los funcionarios se aprovechan de los “errores” que hayan podido cometer en algún momento para extorsionarlos y montar “falsos positivos” ejecutando este tipo de operativos o practicando detenciones forzosas.
Destacó que esta práctica que se ha vuelto común en los últimos años, especialmente en las subregiones de la Costa Oriental del Lago y del Sur del Lago de Maracaibo, y es llevada a cabo por funcionarios policiales y militares.
El Defensor del Pueblo en el Zulia aseguró, además, que éste no es el único caso en investigación por abuso policial y violación de derechos humanos por parte de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. Aunque no precisó cuántos casos se investigan actualmente, dijo que eran “varios”.
A propósito del caso de La Guacamaya TV, Torrealba ratificó lo anunciado el viernes pasado por el fiscal general, Tarek William Saab, sobre la captura de uno de los dos oficiales de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) que se habían fugado.
Ratificó que la detención de uno de los funcionarios ocurrió en Paraguachón, municipio Guajira, mientras el funcionario intentaba huir hacia Colombia.
Señaló que ya se han imputaron a cinco personas por estos hechos ocurridos el 21 de agosto pasado, de las ocho que están detenidas: siete funcionarios y un exfiscal.
Lamentó en particular los hechos registrados en la sede de La Guacamaya TV e invitó a la ciudadanía a denunciar ante el Ministerio Público los abusos policiales y la violación de derechos fundamentales por parte de funcionarios policiales o militares. Indicó que espera que estos hechos sean castigados con todo el peso de la ley.
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