El año escolar presencial y la apertura de noviembre y diciembre sin cuarentena vaticinan un escenario de riesgos, tanto así que Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, lo califica como un «crimen de lesa humanidad».
Guiomar López | La Prensa de Lara
Para Natera, es una irresponsabilidad anunciar el regreso a las aulas cuando se tiene la carga viral más alta de covid-19, con cinco variantes circulando en el país que lo hacen más contagioso, fallas en la cobertura de la inmunización, sin llegar a la totalidad del personal educativo y sin la certeza de la vacuna que estará dispuesta para los niños. Un esquema que debería estar completo en 70% de la población y tener las condiciones físicas junto a las normativas en los planteles educativos.
La improvisación puede ser un arma letal a un año y medio de pandemia. Un avance progresivo que elevó el pico de la curva de casos de infección en agosto y septiembre de 2020, luego de la implementación del sistema 7+7 que intercala semana radical y flexible. Análisis que coincide en esa iniciativa de tratar de liberar, pero sin mantener las riendas apretadas en el control con cerco epidemiológico, diagnósticos a tiempo, atención oportuna en un sistema de salud pública, que aún incorporando centros centinelas sigue teniendo centros asistenciales con fallas y el plan nacional de vacunación que desde febrero de 2021 no llega al 70 por ciento de venezolanos inmunizados.
Cuando Natera recuerda ese anuncio de Nicolás Maduro, emitido el pasado miércoles de flexibilizar por completo ese par de meses, además de mantener el llamado a clases, considera que se toma la situación del covid-19 como «alegría politiquera». Se va hacia esas «Navidades felices 2020», que escondían una supuesta calma y las intenciones de un llamado al sufragio para las elecciones parlamentarias. Luego se repitió ese paréntesis en los Carnavales de 2021, para terminar de elevar esa curva de contagios con más de 37 mil infectados para cerrar abril. «Pero dicho repunte se lo achacaron al repique de Brasil, sin reconocer que se trataba del impacto de estar sin cuarentena», rezonga.
Sin las condiciones y a este ritmo, estima que las clases podrían retomarse en enero de 2022, pero agilizando la protección. «Abrir el 7+7 con la flexibilización máxima sería incurrir en un crimen de lesa humanidad», recalcó y lamentó que la mayoría de hospitales se encuentran como «cascarones», sin dotación fija de insumos médicos y quirúrgicos, déficit de personal y hasta abandono en infraestructura.
Una consideración apoyada por Huniades Urbina, secretario de la Academia Nacional de Medicina, para que todo el personal educativo, alumnos y familia tengan su esquema completo. La infraestructura esté acondicionada con insumos de bioseguridad y baños higiénicos con el suministro fijo de agua. Además del entrenamiento de profesores para la táctica «burbuja» de recreos, los cuales no deben coincidir en tiempo. «No se está controlando porque lo más reciente que conoce la Organización Panamericana de la Salud (OPS), es que hay 14,8% de vacunados. ¡Pero, que vengan elecciones y Navidad!», critica en su condición de pediatra y sabiendo el acecho de las variantes gamma, alpha, lambda, mu y delta como la de preocupación que suele ser más transmisible y con una sintomatología tan cambiante, así como rápida para llevar a casos críticos en deficiencia respiratoria.
Toda una situación analizada por René Rivas, presidente de Colegio de Médicos, con sus reservas en una flexibilización sin saber el comportamiento epidemiológico y de una reapertura que debería ser progresiva, de acuerdo a las condiciones sanitarias que eviten el rebrote.
Empresarios del estado Lara consideran que flexibilizar la cuarentena en noviembre y diciembre es una medida tardía y serán pocas las empresas que puedan aumentar su producción en tan corto tiempo para atender la demanda de fin de año, que históricamente es de mayor consumo.
«Cómo van a pertrecharse las industrias en tan poco tiempo para que exista el inventario que se va a comercializar en diciembre. La medida llega a destiempo, debió ser anunciada en el mes de junio para que el sector privado pudiera planificarse y aumentar su producción», expresó Joel Segura, presidente de la Cámara regional.
Sostiene que el esquema siete más siete representó la muerte para la economía del país, porque el Gobierno prohibió las actividades de las empresas no priorizadas, pero sin otorgar financiamiento para auxiliarlas económicamente ni exonerar impuestos, lo que impulsó la caída de la producción y la reducción de nóminas.
«Esta medida se está dando sin aumentar el número de puntos de vacunación. El sector industrial ha solicitado al gobernador Adolfo Pereira y al secretario sectorial de Salud, Javier Cabrera, reuniones para que sean atendidos los trabajadores del sector privado y las misivas enviadas no han sido respondidas. En la actualidad están vacunados menos del 25% de los ciudadanos que laboran en las zonas industriales de Barquisimeto», advirtió.
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