Los integrantes de la Alianza de Familiares Víctimas del 2017 (Alfavic2017), aseguraron que el informe de la Misión de la ONU reitera que el gobierno de Nicolás Maduro incurre constantemente en violaciones a los DD.HH. De igual forma señalaron que los datos recopilados en el documento permiten concluir que sus parientes fueron asesinados, por órdenes del propio gobernante y sus ministros, mientras estos ejercían su legítimo derecho a la protesta en el año 2017.
Antes estas conclusiones pidieron, una vez más a la comunidad internacional, que no calle frente a las injusticias y violaciones de Derechos Humanos (DD.HH.) que comete el gobierno de Nicolás Maduro. A su vez, recordaron que en Venezuela la justicia está parcializada y actúa a favor del gobernante razón por la cual necesitan del apoyo de instancias como la OEA, la ONU para que los culpables de los asesinatos del 2017 sean castigados.
La postura la esgrimieron los miembros de la alianza tras un comunicado difundido este 17 de septiembre en el que se mostraron satisfechos con el informe elaborado y presentado por la “Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela”. Los voceros de Alfavic aplaudieron que cada una de sus denuncias hayan sido tomadas en cuenta y exhortaron a que ninguno de los casos quede por fuera.
«Tal como queda reflejado en el informe , hay indicios para determinar que en Venezuela hay un patrón de ataques sistemático y deliberado contra las personas que disienten del Gobierno, y la gravedad de las violaciones a los derechos humanos constituirían crímenes contra la humanidad. Nuestros familiares fueron asesinados por ejercer sus derechos ciudadanos a la protesta pacífica, a disentir y exigir Democracia en Venezuela», indica el comunicado.
Asimismo, recordaron que las conclusiones del informe son contundentes y claras. Señalaron que este permite determinar que Maduro y sus ministros ordenaron y contribuyeron con los asesinatos que ocurrieron durante esas manifestaciones.
“La Misión tiene motivos razonables para creer que tanto el Presidente como los Ministros del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y de Defensa, ordenaron o contribuyeron a la comisión de los delitos documentados en el presente informe, y teniendo la capacidad efectiva para hacerlo, no adoptaron medidas preventivas y represivas”, expresaron.
Alfavic2017 recordó que para que haya justicia en cada uno de estos casos es necesario que se mantenga la presión de instancias internacionales, en este caso la ONU y la OEA porque argumentaron que en Venezuela no hay independencia de poderes lo que impide que la justicia actúe y castigue a los culpables.
«Es por ello que pedimos a la comunidad internacional, a los Estados presentes en la Organización de Naciones Unidas, a los que participaran en el debate interactivo el 23 de septiembre, al Secretario General de la Organización de Naciones Unidas Antonio Guterres, a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos Michelle Bachelet, a hacer todos los esfuerzos para renovar el mandato de la Comisión Independiente de Investigación de Hechos para Venezuela, y a no quedarse callados, a actuar para que haya justicia, verdad y reparación y sobre todo para que cesen las acciones del Estado venezolano contra su Pueblo», exhortaron.
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