A juicio de Marino Alvarado, abogado y coordinador de exigibilidad de Provea, existe un alto riesgo de que se ejecute una persecución política en la lucha contra la corrupción y el uso de la Policía Anticorrupción para tal fin.
Señaló que ese cuerpo podría emplearse para “perseguir y detener” a la disidencia, a líderes de la oposición o grupos de personas contrarios o incómodos para el grupo de poder. Y que al final serán considerados no como presos políticos, sino como “delincuentes comunes que están vinculados a hechos de corrupción”.
La Policía Nacional Contra la Corrupción (Pncc) nace el 17 de noviembre de 2014 y está encargada de “diseñar, planificar, estructurar, recomendar y ejecutar las políticas públicas y estrategias del Estado contra los delitos derivados y conexos asociados con el fenómeno de la corrupción”.
“Brazo político”
Alvarado cree que, en un país donde se han cometido crímenes de lesa humanidad, la creación de una Policía Anticorrupción no es un hecho “transparente”. Ni sus integrantes ni sus sedes son identificadas, lo cual se puede prestar para “graves violaciones de los derechos humanos”.
“No le basta al Gobierno ya tener al Sebin, al Dgcim y la PNB. Ahora crearon este organismo supuestamente especializado contra la corrupción”, consideró Alvarado.
Por su parte, Saúl Blanco, abogado y miembro de la ONG Espacio Público, puntualizó que este cuerpo policial al estar adscrito a la presidencia, no es un medio autónomo.
Blanco indicó que si se llegase a inventar un supuesto caso de corrupción, fácilmente el Ejecutivo manda a esta policía a tomar acciones y convertirse en su “brazo político”.
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