El ex presidente del Banco Venezolano de Crédito, Oscar García Mendoza, introdujo el pasado 5 de agosto un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio para que se declare nula e ilegal la Ley de Impuestos a los Grandes Patrimonios, sancionada por la Asamblea Nacional Constituyente el pasado 2 de julio.
Por: Sammy Paola Martínez | El Pitazo
En su argumento, indica que la ANC es un ente írrito, sin facultad para legislar, cuya convocatoria y elección, en 2017, fue ilegal. “Ese órgano no puede sancionar leyes y mucho menos una ley expropiatoria”, indicó a El Pitazo mientras recordaba el artículo 347 de la Constitución, el cual establece que el objetivo de una constituyente es transformar el Estado, crear un ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.
De acuerdo con esta ley, publicada en Gaceta Oficial n° 41.667 el 10 de julio, el gobierno de Nicolás Maduro crea un impuesto para aquellas personas naturales que tengan un patrimonio superior a 36 millones de unidades tributarias (1,8 millardos de bolívares) y para las personas jurídicas que posean bienes valorados en más de 100 millones de unidades tributarias (5 millardos de bolívares). Quedarían exentos de pagarlo el Ejecutivo Nacional, el Banco Central de Venezuela, gobernaciones y alcaldías, quienes hayan recibido prestaciones sociales y los que han invertido en actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas, piscícolas y pesqueras.
A juicio del ex banquero, el objetivo de la ANC es hacer ver que expropiarán las propiedades de los venezolanos, política que inició Hugo Chávez en el año 2007.
“En Venezuela, el gobierno está matando a los ciudadanos y esta ley es una manera de seguirlos matando. El amparo es una forma de contribuir a que no se aplique este monumento a la inconstitucionalidad”, apuntó García Mendoza, quien reside en Estados Unidos.
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Desde su conformación, las decisiones del TSJ en el exilio no son vinculantes en Venezuela. No obstante, el ex banquero considera que hay que crear un precedente y los magistrados están en el deber de ratificar la poca legalidad de esta ANC, que llegó a dos años de funcionamiento el pasado 4 de agosto y aún no ha presentado el primer borrador de Carta Magna, sino que se ha dedicado a dictar medidas en detrimento de la Asamblea Nacional y sus diputados.
García Mendoza recomienda al sector del comercio que aún se encuentra en Venezuela desconocer lo que ha hecho la ANC y apegarse al artículo 115 de la Constitución: “Se garantiza el derecho a la propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes”.
El Pitazo consultó a Consecomercio cuál era su posición frente a la intención de la ANC, y su presidente, Felipe Capozzolo, respondió que aún evalúan el impacto en el patrimonio de los venezolanos.
Con información de El Pitazo
