La pugna por el control de la Asamblea Nacional en Venezuela está más vigente que nunca. Los venezolanos mañana se debatirán entre dos escenarios, por un lado la juramentación de un parlamento que domina el Partido Socialista Unido de Venezuela con 157 diputados y una representación minoritaria de oposición que obtuvo ocho legisladores en una elección catalogada como ilegal por expertos electorales, juristas y la comunidad internacional democrática, por la acumulación de acciones inconstitucionales desde su convocatoria hasta la votación. Y por otro lado, una Asamblea Nacional electa en 2015 que luchará por mantenerse vigente este año, al igual que el presidente encargado Juan Guaidó, basándose en la defensa del artículo 333 de la Constitución y apelando de manera histórica, a una acción que han denominado continuidad constitucional.
Ana Uzcátegui | La Prensa de Lara
Han sido muchos los debates y discusiones sobre la permanencia de la Asamblea Nacional democrática en 2021 y la viabilidad jurídica que tiene esta acción. Cecilia Sosa, expresidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia, la resume de la siguiente manera: «Los diputados electos en 2015 tienen que continuar en su cargo, porque hay circunstancias políticas que hacen concluir que en Venezuela no hay estado de derecho, ni una constitución vigente que sea cumplida, además Nicolás Maduro está usurpando funciones como presidente de la República, porque su elección en 2018 fue amañada y espuria, al igual que las parlamentarias de diciembre. Por lo tanto no puede ser reemplazado al parlamento actual por el que pretende imponer el régimen, porque eso sería quedarnos sin representación popular», sentenció.
El pasado 26 de diciembre, en una sesión virtual, la AN aprobó dar continuidad constitucional y administrativa a su vigencia, tras realizar una reforma parcial a la Ley del Estatuto que rige la Transición. La exmagistrada Sosa explica que este documento representa una pequeña constitución para regular cómo actuará el parlamento democrático a partir de ahora, y cómo funcionará la presidencia interina, controlada por un Consejo Político que sustituyó al Centro de Gobierno provisional que era liderado por Leopoldo López, fundador de Voluntad Popular en el exilio.
Ese Consejo Político lo conformará el presidente interino, y la directiva de la AN y los 15 presidentes de las comisiones del parlamento, sin incluir a figuras externas al poder legislativo. «El estatuto explica que la AN que fue electa en 2015 debe mantener sus funciones de representatividad hasta que hayan elecciones limpias y transparentes, presidenciales y parlamentarias, y han establecido para ello un periodo de un año», recalcó.
Sosa advierte que la oposición tiene que tener muy clara la ruta a seguir, porque la decisión de la continuidad constitucional más que jurídica es política. «Para que haya ayuda internacional que permita presionar y acabar con el Estado de facto, no se pueden hacer primero unas elecciones sin antes pasar por el cese de la usurpación, jurídicamente ni políticamente eso es posible», argumentó. Sostiene que el país dio un mandato el pasado 12 de diciembre, cuando siete millones 200 mil venezolanos participaron en la consulta popular, y se decidió en su primera pregunta acabar con el cese de la usurpación y convocar elecciones libres.
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