Las causas de presos políticos militares tienen en común estar en un limbo jurídico. El general retirado Eduardo Caldera Gómez cree que lo importante es visualizar la violación de los derechos humanos de los uniformados
Las listas de presos políticos militares cambia según la experticia. Sin embargo, para octubre de 2020 la cantidad oscila entre 127 y 260, y todas tienen en común el limbo jurídico que transitan.
El número más alto de los registros lo tiene la Organización No Gubernamental (ONG) Justicia Venezolana que suma 260, de acuerdo al reporte de familiares, en tanto el más bajo lo lleva el Foro Penal (127). En ese conteo, la Coalición Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia reportó, en septiembre de 2020, 244.
El general de brigada retirado Eduardo Caldera Gómez, exjefe del Comando Logístico de la Aviación y quien hace seguimiento a los presos militares, suma 133.
“Esta lista es muy dinámica y sujeta a cambios por múltiples razones. Pero el principal objetivo es visibilizar ante la comunidad nacional e internacional que en nuestro país si hay presos políticos militares. Se actualiza por información abierta y no tiene ningún fin político, es una denuncia ante las múltiples violaciones de los derechos humanos para los compañeros de armas”, señala el general retirado Eduardo Caldera Gómez.
El oficial añade que, en una verdadera democracia, no hay presos políticos. Subraya que “lo triste es que además de las condiciones de hacinamiento, aislamiento e insalubridad, son torturados por sus propios compañeros de armas, algo indigno e inaudito en la otrora Fuerza Armada».
Lista y componentes
En la lista de presos políticos militares del general retirado Caldera Gómez los grados de los detenidos van desde general en jefe, como es el caso del exministro de la defensa Raúl Isaías Baduel, hasta el rango de cabo segundo.
Asimismo, en la lista recopilada por el general retirado, la mayoría de los detenidos (56) provienen del Ejército. En el caso de Justicia Venezolana, el Ejército también acumula el mayor número de presos de la FAN, pero suman 109.
La referida ONG contabiliza 102 presos políticos militares de la GN, en tanto la experticia del general Eduardo Caldera Gómez suma 54. Mientras que el militar engloba seis presos políticos de la Armada, en la lista de Justicia Venezolana llegan a 25.
En el caso de la Aviación, el general suma 17 y la ONG 24. “Es posible que existan más oficiales y tropa profesional detenidos, pero los abogados y familiares por estrategias legales, por miedo o retaliación del régimen no permiten su inclusión en estas listas”, señala el general Caldera Gómez.
Los militares presos han sido relacionados por el gobierno de Nicolás Maduro con presuntas conspiraciones. El amplio menú incluye Golpe Azul (2014), Operación Jericó (2015), Fuerte Paramacay (2017); caso Óscar Pérez, Movimiento de Transición a la Dignidad del Pueblo, Operación Fénix (magnicidio) y Operación Armagedón en 2018; el “golpe de Estado” y el y “magnicidio” de 2018, la Operación Libertad, de abril de 2019, y la Operación Gedeón de mayo de 2020.
Sin embargo, a ninguno de los uniformados se les dio un lugar en la lista de “indultos” de septiembre de 2020.
En el limbo
La mayoría de los miembros de la FAN incluidos en las listas de presos políticos militares están con las causas penales abiertas. Yonathan Mustiola, director de Justicia Venezuela, informó este 14 de octubre que los juicios de los presos políticos militares no están exentos del retardo procesal en Venezuela. En ese sentido, refirió que en algunos casos, acumulan hasta 750 días sin que se imparta justicia a los miembros de la Fuerza Armada Nacional (FAN) detenidos.
Además, con frecuencia se les niega la visita familiar. Molly De la Sotta denunció, el 14 de octubre, que hace siete meses fue la última visita que tuvo su hermano, el capitán de navío Luis De La Sotta. Es el mismo tiempo que lleva el oficial sin acceder a su abogado.
Por su parte, las esposas de los cuatro tenientes coroneles (comandantes) del Ejército detenidos en marzo de 2018 por presunta conspiración, reportaron que hace ocho meses no ven a los oficiales. Entre éstos se encuentra Igbert José Marín Chaparro, Henry Medina Gutiérrez, y Juan Carlos Peña Palmentieri.
«Todo este año ha sido una tortura en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Primero para que les dejaran pasar agua, después comida, medicina, y en mi caso, para que llamara porque estuvo aislados dos meses. Luego para que no les robaran la comida, y ahora poder verlos», señaló Yocelin Carrizales, esposa del comandante Igbert José Marín Chaparro.
La lista que aporta el general Eduardo Caldera Gómez, especifica quiénes han sido condenados. En el caso del Ejército, dentro de los sentenciados está el coronel retirado José Gregorio Delgado Vásquez, condenado a siete años y tres meses de cárcel por rebelión, se encuentra en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) de Ramo Verde, y su dictamen fue ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 2018.
Por su parte, el mayor Carlos Alfonso Parra fue sentenciado por instigación a la rebelión a ocho años y siete meses de prisión. Está recluido en el anexo de procesados militares de La Pica, Maturín (Monagas). De la Aviación fue condenado el general Oswaldo Hernández a ocho años y siete meses de cárcel por instigación a la rebelión. El oficial, que tiene cáncer, permanece recluido en el Hospital Militar Carlos Arvelo de Caracas. Hernández tiene medida humanitaria desde 2017.
Otros oficiales de la Aviación que ya tienen condenas son el capitán Nery Córdova Moreno (ocho años y siete meses de prisión) por instigación a la rebelión y contra el decoro militar, está recluido en Ramo Verde. Por su parte, el capitán Andrés Thompson Martínez tuvo una sentencia similar por los mismos delitos.
Diez años y ocho meses fue la condena para el primer teniente Henry Salazar Moncada en 2015, también está en Ramo Verde. El teniente Peter Moreno, detenido en 2015, salió en libertad el 11 de octubre de 2018, pero fue detenido nuevamente el mismo día. “El 20 de noviembre de 2019 cumplió su condena de 4 años y 8 meses y10 días, y está secuestrado en Ramo Verde”, registra la experticia del general Eduardo Caldera Gómez.
En el caso de la GN, el capitán Jesús María Alarcón Camacho, que está en Ramo Verde, fue sentenciado en 2018 a siete años y siete meses de prisión por instigación a la rebelión.
Con patologías
A principios de octubre, el mayor general retirado Miguel Rodríguez Torres, exministro del Interior, fue trasladado al Hospital Militar de Caracas. Su familia anunció que pudo verlo el 12 de octubre tras siete meses sin visitas.
El oficial, compañero de promoción del ministro de la Defensa, requiere tratamiento para una afección traumatológica. La familia de Rodríguez Torres insiste en pedir una medida humanitaria.
Rodríguez Torres es uno de los 35 presos políticos militares con patologías crónicas, según informó Justicia Venezolana. El oficial fue operado del hombro derecho.
Según reporta el general retirado Eduardo Caldera Gómez, el primer teniente Luis Alejandro Mogollón Velásquez, imputado por instigación a la rebelión y traición a la patria, y recluido en Ramo Verde, requiere atención médica por presentar convulsiones y problemas renales.
En la lista de presos militares con enfermedades crónicas presentada en septiembre de 2020 por Justicia Venezolana, está el teniente coronel Freddy Mogollón Rojas que tiene insuficiencia renal, diabetes mellitus, insuficiencia venosa y obesidad mórbida. Asimismo, el sargento Yecson Enrique Lozada Matute, detenido en 2017 y procesado por supuesta conspiración en el mismo caso del general Baduel, tiene desnutrición, hipertensión y un testículo inflamado con dificultad para caminar.
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