En Venezuela avanza una cadena de «privatizaciones» de empresas con total discrecionalidad. Se trata de organizaciones que pasaron por un proceso de estatización que inició el gobierno en 2007. El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (CEDICE Libertad), advierte que desde el 9 de octubre de 2020 cuando fue aprobada la Ley Antibloqueo por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, las transferencias de empresas públicas a manos de inversores privados o aliados comerciales del gobierno no han parado, pero tales medidas no han representado para el país una mejora económica, ni el repunte de nuevos empleos, o la activación del aparato productivo.
Ana Uzcátegui | La Prensa de Lara
Un total de 23 propiedades públicas han sido privatizadas en los últimos cuatro meses en Venezuela, según un informe de CEDICE Libertad. La información la han recopilado en línea, la han verificado en notarías o registros, o a través de consultas personales. Un proceso engorroso por la nula transparencia que han tenido estas operaciones donde el gobierno no ha publicado ninguna información en Gaceta Oficial, desaplicando así la Ley de Privatizaciones creada en 1997.
Según Conindustria desde 2005 hasta 2017 el gobierno «expropió» 1.359 empresas entre industrias, comercios y fincas agrícolas o pecuarias. CEDICE Libertad maneja un listado de 1755 empresas públicas verificando 300 hasta ahora. Entre las empresas que han pasado a manos de privados están Éxito y Agropatria, sus patronos son el Grupo Agrollano 2019 C.A; Lácteos Los Andes lo maneja un grupo iraní anónimo; Fama de América está en proceso de laudo arbitral; Industria Azucarera Santa Elena en Portuguesa pasó a manos del grupo Generoso Mazzoca, y el Central Azucarero Pío Tamayo ubicado en El Tocuyo, municipio Moran, desde finales de 2020 lo administra el Consorcio Veinca C.A. De las 23 empresas un lote de 16, no tienen información precisa de si están bajo propiedad bancaria o estatal, pero han tenido movimientos notariales como el cambio de nombre según resalta la organización civil.
«Estas no son verdaderas privatizaciones porque el objetivo de una política de privatizaciones es atraer inversión nacional y extranjera para sacar de un saldo rojo a las empresas del Estado quebradas y lograr cierto desarrollo. Pero las operaciones que está haciendo el gobierno, donde no se puede verificar si los contratistas son idóneos dan a pensar que los procesos no están siendo imparciales, se están entregando bienes del Estado a aliados políticos del régimen para lavado de dinero o legitimación de capitales, pero no para una verdadera inversión», explicó Andrea Rondón abogada, miembro del Comité Académico de CEDICE Libertad.
Comentó que si se comparan los procesos de privatización que se dieron en Venezuela en la década de los 80 y 90, las diferencias son abismales. «Las privatizaciones deberían ser oferta pública, debería ser transparente el proceso en el que se indica que se va a privatizar el servicio y que todo el que desee participar en el proceso pueda hacerlo, porque tiene la información, porque sabe las condiciones para la adquisición y porque sabe que está confiando que quien dirige el proceso es un tercero imparcial», comentó.
Esos empresarios que participen en la licitación deben tener un expediente público, en el que los ciudadanos sepan de quién se trata, de dónde proviene y el capital que tiene para invertir, datos que se desconocen en los procesos que se están dando.
La opacidad abarca además a que el gobierno tampoco ha informado en qué condiciones están las empresas que está «traspasando a privados», si están operativas o no. Apunta la abogada que ni siquiera estos nuevos patronos están garantizando la estabilidad de los trabajadores. Como muestra de eso fue lo ocurrido el 11 de noviembre de 2020, cuando 480 trabajadores del Central Azucarero Pío Tamayo protestaron tras ser liquidados, sin considerar sus años de servicio. Tras conversaciones 402 trabajadores entre enero y febrero han recibidos contratos nuevos, violándose todos sus derechos y 78 están en un limbo laboral por ser mayores de 50 años pero no estar jubilados, así lo informó a LA PRENSA de Lara, Héctor Escalona, trabajador afectado de esta empresa.
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