La detención de familiares de disidentes del Gobierno nacional, perseguidos y presos políticos, civiles y militares, se convirtió en una fórmula de las autoridades para obligar a los implicados a presentarse ante la justicia. Eso es conocido como sippenhaft.
«Detención colectiva. Castigo por responsabilidad familiar. Principio por el cual las familias comparten la responsabilidad de un delito cometido por uno de sus miembros». Este es el concepto de sippenhaft dado por Robert Loeffel en 2007, del Glosario de la Alemania Nazi.
Amnistía Internacional (AI) habló de esta tenebrosa metodología en su Informe de 2021 sobre Venezuela.
«La Misión internacional independiente de determinación de hechos (FFM, en inglés) de Naciones Unidas también documentó la práctica de secuestrar o detener a los familiares de las personas atacadas como parte de la estrategia de represión para obligarlos a presentarse ante las autoridades (conocido como ‘Sippenhaft‘)», precisó AI.
«El Sippenhaft nazi fue una figura legal. En Venezuela no existe tal figura en la Ley», acotó la periodista Sebastiana Barráez, especialista en temas militares.
«Es un mecanismo de intimidación que para Provea forma parte de una conducta que puede calificarse como ‘Terrorismo de Estado'», indicó además Rafael Uzcátegui, coordinador general de esta ONG defensora de los derechos humanos.
Pesadilla familiar
Ariana Granadillo, estudiante de Medicina, y su familia vivieron en carne propia la pesadilla de ser detenidos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Podría decirse que estaban «pagando la culpa» de un primo lejano de ellos, el coronel Oswaldo García Palomo, a quien el Gobierno señaló de participar en un presunto golpe militar, llamado «Operación Armagedón«, en mayo de 2018.
Armandoinfo refirió que la familia lejana del militar sufrió innumerables torturas ese mayo de 2018, porque los funcionarios les decían que si ellos residían en la casa del coronel es porque sabían dónde estaba él.
«Lo que sí ha existido es una praxis donde los familiares son usados como presión, tipo rehenes, para obligar a que la persona que es el verdadero objetivo de los cuerpos de seguridad, sea la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) o el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), se entregue si está huyendo o escondido, o en su defecto declare o confiese lo que los funcionarios policiales o de inteligencia quieren saber», añadió Barráez sobre el sippenhaft, a propósito de la pesadilla vivida por la familia Granadillo.
La joven, que en junio de 2018 fue detenida por «rebelión militar» cuando intentaba salir de Venezuela en compañía de sus padres, finalmente pudo migrar tiempo después. De hecho, el testimonio sobre el tortuoso momento que vivió junto a su familia lo ofreció desde Washington, refiere Armandoinfo.
Las mascotas del coronel García tampoco se salvaron del sippenhaft. Los agentes militares se llevaron sus dos perros como «carnada» para que el oficial buscado apareciera.
Pero fue en enero de 2019 cuando el militar fue detenido en Barinas, al momento de regresar de Colombia. Permanece en los calabozos de la Dgcim.
El hijo de un exalcalde
Otro caso de sippenhaft que expuso el coordinador general de Provea fue el del hijo de Omar Lares, alcalde de Ejido, Mérida, entre 2013 y 2017.
El presidente Nicolás Maduro señaló a Lares de ser responsable de los actos de violencia en la entidad andina, durante las protestas antigubernamentales ocurridas en 2017.
«De los casos más emblemáticos que hemos atendido se encuentra el de Omar Lares, exalcalde del municipio Campo Elias (Ejido) del estado Mérida. En julio de 2017 las Faes (Fuerzas de Acciones Especiales -hoy extinta- de la Policía Nacional) detuvo a su hijo, Juan Pablo, a quien recluyeron en el helicoide (Sebin) durante varios meses para obligar a su padre a entregarse», rememoró Uzcátegui.
«El régimen venezolano ha venido utilizando acciones contra familiares, parejas, amigos o empleados de personas que consideran enemigos, algunos de ellos presos políticos civiles o militares. Lo hacen porque saben que el miedo es el arma más eficaz para doblegar al ser humano. Desde hace varios años han ido aplicando cada vez más métodos distintos de tortura psicológica o física, y uno de ellos es usar a la familia de la persona que está huyendo o está detenida», dijo Barráez.
Uzcátegui agrega, como dato curioso, que Lares fue un perseguido personal del exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, de quien se desconoce su paradero desde marzo, cuando explotó la trama de corrupción en Pdvsa.
El caso del teniente Richard Alemán
Sebastiana Barráez se refirió al caso del teniente Richard Alemán, implicado en la «Operación Gedeón».
«Uno de los casos más aberrantes que he visto es el de la familia Alemán Castellano, cuyo verdadero objetivo era el teniente Richard Alemán, a quien involucraron en el caso de la ‘Operación Puerta Morocha’, que terminó siendo parte de la ‘Operación Gedeón’. Para presionar al oficial a que se entregara, allanaron la vivienda de sus padres donde se encontraban las niñas muy pequeñas de dicho oficial; de ahí se llevaron a sus dos hermanas, un cuñado, un sobrino y un amigo», reveló la periodista.
Destacó que el teniente Alemán finalmente fue capturado. «Al amigo y al sobrino los liberaron. A las dos hermanas las tuvieron detenidas mucho tiempo, las liberaron y a los cinco minutos las volvieron a detener para judicializarlas», adicionó.
«El teniente fue brutalmente torturado, su padre murió producto del impacto que le causó ver a sus hijos presos y por ello liberaron a las dos hermanas con medidas de presentación», relató.
¿Presión final insuficiente?
Uzcátegui asevera que Provea, de manera permanente, suministra información sobre la detención de familiares de perseguidos y presos políticos a los organismos internacionales, como la Corte Penal Internacional (CPI) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
«Estos organismos son hoy la única contención que tienen los venezolanos contra el abuso de poder», subraya el coordinador de Provea.
Sin embargo, Barráez difiere al señalar que «la presión internacional no ha sido suficiente para impedir la tortura en Venezuela y mucho menos para sancionar a los responsables, sea cadena de mando o autores directos de esas torturas».
«Lamentablemente la ONU tiene una deuda gigantesca con los derechos humanos en Venezuela. El papel blandengue de Michelle Bachelet y su comisión en Venezuela como Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, se suma al burocratismo y a los intereses políticos internacionales que han privado sobre las víctimas de tortura en Venezuela», apostilló la especialista en el tema militar.
Subregistros
En relación con cuántos casos de sippenhaft se han registrado en Venezuela, Barráez niega la existencia de cifras definitivas, por la falta de denuncias ante el temor de los familiares de los implicados a que tomen represalias contra ellos.
«Por su propia naturaleza, es una situación con un alto subregistro, dado el temor de hacer denuncias públicas o privadas ante las ONG», comentó Uzcátegui.
Según ArmandoInfo, se identifican al menos 25 casos de parientes de los perseguidos políticos, objetos de torturas, golpizas, amenazas de muerte y hasta agresiones sexuales para lograr la confesión sobre el paradero de la persona que buscan.
«Ha sido muy eficaz para neutralizar al liderazgo político y social del país, que no soportaría que por sus actos sus seres queridos sean afectados. Forma parte, además, de la sofisticación de los mecanismos de represión en un mundo globalizado, pues al no ser tan evidente como una detención o tortura contra una persona de alto perfil, el costo político es menor», según Uzcátegui.
Con eso se pretende «enviar un mensaje al resto mediante un castigo ejemplarizante», así como «silenciar las denuncias y críticas», afirma.
«Con el tiempo se ha generado una praxis perversa, porque los funcionarios de inteligencia saben que entre más supuestos conspiradores consigan, recibirán mayores privilegios y acceso al ‘botín de guerra’. Por ello no tienen reparo en utilizar a los hijos así sean niños muy pequeños, a los padres así sean muy ancianos, a las mujeres de la familia o a los jóvenes con la amenaza de torturarlos, sembrarlos, violarlos o dejarlos morir en los sótanos de esos entes gubernamentales», dijo Barráez sobre la práctica nacida en la Alemania nazi.
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