Juan Guaidó ha salvado un nuevo jaque político al aprobar la Asamblea Nacional (AN) legítima la modificación del Estatuto de la Transición tras el duro tira y afloja durante toda la semana entre los partidos democráticos. Con esta votación, que no fue unánime, permitirá en principio al Parlamento seguir funcionando a través de una Comisión Delegada y al líder opositor mantenerse al frente de la Presidencia encargada pese a que el 5 de enero la AN salida de las elecciones fraudulentas de Nicolás Maduro tomará el Palacio Federal Legislativo para imponer la fuerza revolucionaria.
El Mundo de España, Daniel Lozano
«Esta modificación sirve al país, sirve a los diputados, sirve a los intereses de la República», se congratuló Guaidó, pese a que sabe que una parte de la oposición está en contra de una figura inexistente hasta ahora y de dudosa constitucionalidad. Eso sí, la votación fue por mayoría, pese a la abstención propugnada por Acción Democrática (AD), principal partido de la Unidad Democrática, que no se opone a la llamada continuidad constitucional, sino a que asuma una Comisión Delegada integrada por una veintena de personas y no todo el Parlamento.
La gran pregunta es si, como asegura Guaidó, sirve de verdad al país, ya que la revolución y los militares no han permitido en ningún momento que el Parlamento haga su trabajo. Desde el poder bolivariano se han anunciado nuevas represalias y persecuciones para todo aquel diputado que se atreve a mantenerse dentro de la Comisión Delegada desde el 5-D.
«Trabajaremos su aplicación con la comunidad internacional», adelantó Julio Borges, quien funge como canciller de Guaidó en la Presidencia interina pero que también mantiene lazos políticos con Henrique Capriles, quien ha reclamado a EEUU que retire su apoyo a Guaidó. Está por ver qué decidirá la nueva administración de Joe Biden, aunque sus colaboradores han filtrado que están dispuestos a negociar con Maduro las sanciones a cambio de elecciones.
La UE y el Gobierno de España también se han dado un tiempo hasta después del 5-E para dar a conocer cuál será su estrategia política para 2021.
«Lo más relevante es que se trata de un intento de prorrogar una representación política debilitada por las circunstancias, pues ante la inexistencia del Estado de Derecho ambos bandos políticos toman decisiones sin consecuencias legales, pero con aspiraciones de legitimación», resume la politóloga María Puerta Riera.
Las principales democracias del planeta, incluidos los vecinos de Venezuela, no reconocen las elecciones fraudulentas de Maduro, que les han otorgado 256 de 277 escaños en juego. Uno de los mayores escándalos en la adjudicación de los escaños lo protagoniza Timoteo Zambrano, opositor colaboracionista y el hombre de José Luis Rodríguez Zapatero en Caracas. Pese a caer derrotado en las elecciones del 6-D, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de la revolución le adjudicó un acta de diputado al colaborador del principal aliado europeo de Maduro.
Una de las sorpresas de la votación fue el voto afirmativo de los radicales de la oposición, quienes decidieron apoyar la reforma del Estatuto de la Transición pese a sus «críticas y discrepancias».
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