El Gobierno de Maduro culmina una campaña marcada por el desinterés mientras la oposición, que no participa, y varias instancias internacionales se disponen a rechazar el resultado.
Florantina Singer | Alonso Moleiro | El País
Venezuela celebra el domingo unas elecciones legislativas que encierran varias anomalías incluso antes de su celebración. La gran mayoría de las fuerzas opositoras no participarán en la cita al considerar que carece de garantías suficientes. Al mismo tiempo, las principales instancias de la comunidad internacional, con Washington y la Unión Europea a la cabeza, se disponen a rechazar el resultado. Sin embargo, el chavismo ha tratado de dar una imagen de normalidad durante una campaña en la que se ha registrado una fuerte desmovilización de sus bases y se prepara para recuperar el control de la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó y la oposición a Nicolás Maduro.
Este lunes, en un mitin del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, número dos del aparato chavista, afirmó que “el que no vota, no come”. “Se le aplica una cuarentena y no come”, insistió. Cabello lanzó esta advertencia en la cual condiciona la entrega de bolsas de comida y ayudas sociales a los sectores empobrecidos del país -foco del trabajo del Gobierno desde los tiempos del expresidente fallecido Hugo Chávez-, tratando de apelar al voto. “Las mujeres van a estar al frente de esta batalla. Yo sé que es la mujer quien se va a levantar tempranito y va a decir en casa, ‘a levantarse que hay que ir a votar”, continuó.
La campaña electoral de las elecciones legislativas convocadas para este domingo 6 de diciembre ha tenido una última semana de mítines, debates y anuncios que se despliegan ante la indiferencia del grueso de la ciudadanía. En un contexto muy desigual en el manejo de los recursos y acceso a los medios, los candidatos del oficialista PSUV se enfrentan a los dirigentes de la Mesa de Diálogo Nacional, una facción minoritaria de la oposición que ha decidido asistir, a pesar de los múltiples señalamientos en torno a la falta de garantías en los comicios. Estas dudas hicieron, por ejemplo, que la Unión Europea rechazara enviar una misión de observación.
La organización de las elecciones parlamentarias venezolanas, que estaban previstas para este año, ha ido acumulando una secuencia tal de denuncias que le ha ido restando el entusiasmo incluso a los sectores más moderados de la disidencia. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el chavismo, decidió asumir las funciones del Parlamento actual, de mayoría opositora, nombrando por cuenta propia a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE). Como afirma el abogado Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral, “se dedicó a partir de ese momento, a violar todas las disposiciones constitucionales, dejando sin validez los contenidos de la Ley de Procesos Electorales”.
A continuación, señala Caleca, los cinco rectores o vocales del CNE comenzaron a diseñar una consulta con inconsistencias y violaciones a la Constitución: “El número de escaños de la Asamblea Nacional fue aumentado de 167 diputados a 277 y se quebró el principio de la representación poblacional. Unos 40 diputados serán electos a partir de una lista nacional desvinculada de los circuitos electorales, que plantean técnicamente una elección de segundo grado. El cambio de reglamento electoral se hizo sin respetar los seis meses de antelación que dispone la ley”.
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