En Venezuela las cárceles están abarrotadas. En una celda de 10×10 pueden meter hasta a 30 personas y el Estado no se hace responsable por comida, agua potable o el aseo de las instalaciones. A los privados de libertad no se les garantizan las condiciones sanitarias y de aseo personal mínimas. Ni electricidad, ni una correcta atención en caso de enfermedades.
Por Andrés Martínez / El Estímulo
En un país cuyo sistema penitenciario reúne estas condiciones el coronavirus podría causar estragos en una población carcelaria que, para los activistas, es ignorada por el Estado.
Con las visitas suspendidas en todos los centros de reclusión y con una movilidad bastante limitada por el cierre de las autopistas y restricciones al transporte público, desde que se decretó la cuarentena general son pocos los familiares que han podido llevarle comida y otros insumos a sus parientes encarcelados.
En Venezuela, como se sabe, son los familiares quienes deben procurar comida, agua e instrumentos de aseo personal a los reclusos ya que el Estado no lo hace, a pesar de que esto sea una garantía expresada en la Constitución y en la Ley de Régimen Penitenciario.
“El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos (…)”. Art. 272 de la Constitución
Carlos Nieto Palma, director de la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL), explicó que más allá de la suspensión de las visitas no ha habido ningún pronunciamiento del Estado en cuanto a la situación de los penales y la epidemia. Y los días pasan.
Más presos en calabozos que en cárceles comunes
Nieto ve el escenario con lógica preocupación: las condiciones de los centros de reclusión son precarias y además están sobrepoblados. Una Ventana a la Libertad contabilizó una población penitenciaria de aproximadamente 110.000 reclusos distribuidos entre cárceles comunes y centros de detención preventiva al cierre de 2019.
A pesar de que no hay datos oficiales, UVL registró un aproximado de 500 centros de detención preventiva en todo el país y alrededor de unas 38 cárceles comunes.
Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG Foro Penal, señaló que la medida de suspensión de visitas –la única anunciada- es entendible pero que hay preocupación ya que hasta ahora no se ha acordado ningún protocolo para que las familias puedan continuar llevando alimentos e insumos a los privados de libertad.
El Foro Penal hizo este jueves 19 de marzo una solicitud formal a la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para que solicite acceso a las cárceles venezolanas, evaluar la situación y tomar medidas para resguardar la salud de los presos.
Hacinamiento extremo
Himiob advirtió que hay centros con condiciones muy delicadas. En los calabozos de detención preventiva la realidad golpea más duro, ya que están todavía más sobrepoblados. Una de las medidas efectivas para frenar la dispersión del coronavirus es lo que han llamado “distancia social”. ¿Qué distancia social puede existir en estas condiciones? El hacinamiento hace a los presos más vulnerables a la epidemia. Especialmente si no tienen acceso a agua.
De acuerdo con Una Ventana a la Libertad, de los 110.000 presos que se estima hay en Venezuela, unos 65.000 se encuentran recluidos en centros de detención preventiva —donde se supone que no deberían pasar más de 48 horas— y los 45.000 restantes en cárceles comunes.
La ONG registró en su monitoreo un hacinamiento de 205% en los centros de detención preventiva durante el año 2019, así como también una cantidad importante de presos con enfermedades.
Un interno, cuya identidad queda a resguardo, describió la situación ante la epidemia en el penal de Yare donde paga su condena: «No dejan pasar lo necesario, hermano. El ambiente es de tensión debido a la falta de información sobre el tema. No hay protocolos ni tratamiento de ningún tipo».
Unos centros mejores que otros
Sergio González, director de la Policía Municipal de El Hatillo, explicó a El Estímulo que por ahora las visitas están suspendidas en el centro de detención preventiva de la institución. No obstante, el pasado sábado las visitas fueron permitidas ya que no hubo oportunidad de contactar a los familiares con anticipación.
En este centro de PoliHatillo siguen permitiendo que los familiares lleven insumos a los presos, aunque siguiendo un protocolo de seguridad en el que se limita la entrada a un familiar por recluso y se exige el uso tapabocas y guantes.
González explicó que en los calabozos de la Policía de El Hatillo el agua no es un problema: el servicio opera con normalidad. Además, desde que el alcalde Elías Sayegh decretó cuarentena en el municipio el 13 de marzo, los funcionarios piden a los familiares de los reclusos que también les lleven jabón y alcohol. De esta manera, los presos podrían asearse con frecuencia y así estar mejor protegidos ante la epidemia.
Nuevos presos a las mismas celdas
En el centro de detención de El Hatillo no hay presos enfermos, dijo su director. Al menos en ese aspecto este grupo de reclusos no es tan vulnerable como otros.
El comisario Javier Gorriño, director de seguridad ciudadana, explicó que mensualmente los presos reciben una visita medica a modo de chequeo. En la última visita que se hizo, justo antes de la llegada del coronavirus, no hubo ningún detenido con problemas de salud, apuntó el funcionario.
Gorriño señaló que de presentarse alguna eventualidad con cualquier recluso, este sería trasladado al ambulatorio de El Hatillo para tratar cualquier eventualidad.
Pero no todas son buenas noticias. Este calabozo preventivo no escapa al hacinamiento. Funcionarios de la institución explicaron que tienen a 43 detenidos distribuidos en dos celdas de aproximadamente 10 metros cuadrados.
Ante el riesgo de contagio por el ingreso de algún recluso nuevo los funcionarios no tienen un protocolo establecido: cualquier nuevo detenido ingresará a las mismas celdas con los demás privados de libertad, lo que aumentaría exponencialmente el riesgo de contagio tanto para presos como para los funcionarios que hacen vida en el módulo.
González y Gorriño explicaron que no tienen cómo aplicar un procedimiento distinto debido a la falta de espacio. Sin embargo, tratan de reducir el riesgo sometiendo al detenido a un chequeo médico que se lleva a cabo en el ambulatorio de El Hatillo antes de ingresarlo a los calabozos.
Enfermedades preexistentes, una mala combinación
Las condiciones de salud de los presos representan un riesgo adicional: hay una una cantidad importante de internos con enfermedades delicadas preexistentes que en caso de combinarse con el Covid-19 podrían ser fatales.
De acuerdo con el monitoreo de UVL, en 2019 se contabilizaron 1.103 presos enfermos. Entre los más graves, se encontraron 224 casos de tuberculosis, 96 de enfermedades respiratorias y 289 casos de desnutrición severa.
En 2020 los números no mejoran. Los datos más recientes del monitoreo de UVL registraron ocho reclusos muertos por tuberculosis en los penales de Lara y otros 12 en Carabobo. Esto sucedió en apenas tres meses.
Según la Organización Mundial de la Salud las enfermedades pulmonares y cardíacas preexistentes pueden agravar un cuadro de coronavirus. En este sentido, la tuberculosis y otras enfermedades respiratorias, así como la desnutrición, hacen a la población carcelaria mucho más vulnerable.
“Se suministrará a los penados una dieta alimenticia suficiente para el mantenimiento de su salud”, artículo 34 de la Ley de Régimen Penitenciario
El neumólogo Andrés Orsoni explicó a El Estímulo que enfermedades como la desnutrición crónica y la tuberculosis afectan seriamente al sistema inmunológico. En consecuencia, hay mayor riesgo de complicación si algún paciente con alguna de estas condiciones enferma de coronavirus.
“En una cárcel venezolana, donde sabemos que hay mucho hacinamiento y pacientes con enfermedades crónicas, fácilmente se puede dar una complicación que lleve a la muerte”, alertó Orsoni.
Presos hacinados en un calabozo policial
Los presos políticos viven el mismo castigo
Para los familiares de los presos políticos el castigo es el mismo. Desde que las visitas están suspendidas no tienen contacto directo con ellos.
El doctor Juan Guillermo Requesens, padre del diputado opositor Juan Requesens, denunció que el recinto donde se encuentra su hijo no reúne las condiciones de salubridad para permanecer ahí durante la pandemia.
Al diputado Requesens le prohibieron las visitas arbitrariamente y sin explicaciones desde antes de que se decretara la cuarentena. Las visitas para otros presos quedaron suspendidas en el momento en que el gobierno empezó a tomar medidas para enfrentar la pandemia.
La situación preocupa a la familia del diputado ya que El Helicoide —lugar donde mantienen recluido al parlamentario— no reúne las condiciones apropiadas para que él ni ningún otro preso permanezcan allí, mucho menos con la epidemia de por medio.
Requesens detalló que no sabe qué medidas se están tomando adentro. No saben nada acerca de la situación interna, así como tampoco sobre las condiciones en las que se encuentran los otros presos. Ni él ni sus abogados han tenido contacto con Juan Requesens durante estos días. Lo único que saben es que el diputado permanece aislado –incluso de otros reclusos- desde hace unas tres semanas, aproximadamente.
En El Helicoide tampoco hay agua. El padre del diputado aseguró que ni los propios funcionarios tienen: “Se manejan con un tanque. Mucho menos hay agua para los presos”.
En consecuencia, los familiares deben llevarles no solo comida sino también agua para que puedan beber y asearse. En otras ocasiones, aseguró el doctor Requesens, han tenido que pagar cisternas para abastecer a los reclusos.
Campaña para liberación preventiva
Dada la delicada situación, tanto familiares de los presos, como dirigentes de oposición y organizaciones que luchan por derechos humanos tratan de apelar a los tribunales para que permitan a los presos políticos pasar la cuarentena en sus hogares de manera preventiva mientras pasa la epidemia.
La Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Relaciones Exteriores designada por Juan Guaidó, emitió un comunicado a la comunidad internacional denunciando las condiciones en las que se encuentran los presos políticos. En el documento, la institución afirma que estas son consecuencia del hacinamiento, insalubridad y torturas que sufren los reclusos en estos recintos.
La ONG Provea también denunció la situación a través de las redes sociales. Y Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones señaló que “el hacinamiento es un caldo de cultivo para las enfermedades”.
El pasado miércoles la activista política y hermana del parlamentario, Rafaela Requesens, denunció en Twitter la presencia de cuatro presuntos casos de coronavirus en El Helicoide a raíz de una publicación del diario El Nacional en la que señalaban a cuatro oficiales de la Brigada Motorizada de la Policía Nacional como posibles positivos para Covid-19.
Se confirman 4 contagiados de #COVIDー19 en El Helicoide, sitio de secuestro de mi hermano el Diputado @JuanRequesens y decenas de presos políticos. Exigimos una #MedidaHumanitariaYA
— Rafaela Requesens (@RRequesens) March 19, 2020
Las autoridades han guardado silencio. Hasta ahora no ha habido respuesta a la solicitud sobre los presos políticos ni tampoco se sabe qué logística se implementará dentro de los penales. Tampoco ha habido pronunciamiento alguno por parte de Iris Varela, ministra del Servicio Penitenciario. De momento, todos los indicios conducen a una crisis de salud a punto de estallar.
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