con un discurso plagado de mentiras y contradicciones, Nicolás Maduro participó este miércoles 23 de septiembre en la 75 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Así lo verificó el equipo de El Diario luego de una verificación exhaustiva de su alocución.
El jerarca del chavismo, contrario a la opinión de expertos e informes de distintas organizaciones –incluyendo a la misma ONU–, afirmó que su gobierno respeta los derechos humanos, aboga por la protección del medio ambiente, realiza elecciones democráticas y controla la pandemia del COVID-19. De igual manera, se refirió a la pobreza o a la exigencia de los pueblos, en un momento en el que Venezuela lidera en cifras negativas en estos aspectos.
Pobreza y desigualdad
Al tiempo que Maduro se refirió a un cambio para las mayorías vulneradas por la pobreza o la exclusión, en Venezuela el modelo chavista ha ocasionado un aumento en los índices que miden estos factores.
La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), y publicada el 7 de julio de este año, ilustra que Venezuela es el segundo país más pobre del mundo, únicamente superado por Nigeria. El estudio, realizado entre noviembre de 2019 y marzo de 2020 en aproximadamente 10.000 hogares, indica que la pobreza crónica en Venezuela ha alcanzado a 41% de su población.
De acuerdo con el informe, el ingreso promedio en el país equivale a 0,72 centavos de dólar al día y 79,3% de los venezolanos no tienen cómo cubrir la canasta de alimentos; es decir, más de 22.000.000 de personas. El Banco Mundial define la pobreza extrema como las personas que viven con menos de 1,25 dólares al día.
Bajo este criterio, 64,8% de los hogares son pobres al cierre de 2019, cifra que se traduce en un salto de 13,8 puntos porcentuales respecto a 2018.
Cambio climático
Las políticas del régimen chavista distan de proteger el medio ambiente o combatir el cambio climático. De hecho, en los últimos años se han convertido en uno de los responsables de lo que expertos han considerado como el ecocidio más importante en la historia de Venezuela: el Arco Minero del Orinoco, donde se han deforestado miles de hectáreas. Además, los ríos Cuyuní y Yuruari, así como el resto de los afluentes del Orinoco, están severamente afectados y repercuten en la vida de 1.200 especies de peces que habitan en la zona.
Para 1980, — según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)—, Venezuela poseía 58.000.000 de hectáreas, cifra que se redujo a 47.600.000 para el año 2010, a un ritmo de 347.000 hectáreas perdidas anualmente. Expertos aseguran que en el Refugio de Fauna Silvestre de Cuare, ubicado en el municipio Monseñor Iturriza del estado Falcón, también se comete un ecocidio. Asimismo, los derrames petroleros, que se producen entre el silencio de las autoridades, ha puesto en peligro las playas de esa entidad.
Pero, además, desde que el chavismo llegó al poder en Venezuela, el país tampoco cumple con los compromisos de los convenios citados por Maduro en su discurso ante la ONU. Como nación firmante de los acuerdos, Venezuela debe presentar cada dos o cinco años sus “comunicaciones nacionales” de cambio climático. Sin embargo, en los últimos 20 años no se ha presentado ninguno de esos balances, explicaron expertos a El Diario.
Clamor por la salud
Mientras que Maduro hizo un llamado a escuchar a los pueblos que salen a las calles por sentirse huérfanos o desprotegidos, en Venezuela, quienes han decidido alzar la voz para denunciar las precarias condiciones de trabajo, han sido detenidos por funcionarios del Estado. Al menos 12 profesionales de la salud han sido detenidos desde que inició la pandemia por exigir la dotación de insumos de protección, de acuerdo con cifras de Médicos por la Salud.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 748 protestas en agosto. Un promedio de 25 diarias, la mayoría por la precariedad en los servicios básicos, escasez de gasolina, falta de alimentación y bajos salarios. De las manifestaciones documentadas, 229 fueron por derechos laborales. Mientras que 114 de las manifestaciones se llevaron a cabo por el personal de salud en rechazo a las condiciones precarias en las que deben trabajar durante la pandemia por COVID-19.
Con respecto al sistema de salud durante la pandemia, Venezuela está lejos de ser un país modelo. Según el reporte de la organización Médicos Unidos por Venezuela (MUV), en el país han muerto más de 150 trabajadores de la salud, un 25% de letalidad en comparación con las cifras totales de los fallecidos por coronavirus.
La organización civil Monitor Salud señaló que en el mes de junio la situación de 76 hospitales venezolanos era crítica. Una encuesta realizada reveló que existe 50% de escasez de mascarillas en emergencia, 54% de escasez de mascarillas en las salas de cuidado intensivo, y que hay 51% de escasez de guantes de protección tanto en emergencias como en cuidados intensivos.
Los médicos también deciden renunciar debido al salario que perciben. El ingreso promedio del personal médico varía entre 15 y 30 dólares. Empleados perciben entre 8 y 18 dólares mensuales, mientras que los obreros reciben entre 3 y 4 dólares mensuales.
Vacunas de sus aliados
Contrario a la afirmación de Maduro, los esfuerzos de Rusia para crear la vacuna contra el covid-19, distan de ser efectivos y seguros. El país no ha publicado ningún estudio o dato científico sobre las pruebas que realizó. Tampoco se conocen detalles sobre las fases del proceso que generalmente deben cumplirse antes de aprobar y lanzarse al mercado una vacuna.
Mientras que el presidente ruso Vladimir Putin afirmó que tenía la vacuna, la cual llamaron Sputnik V, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y parte de la comunidad internacional cuestionaron el proceso de desarrollo de la vacuna.
“Acelerar los progresos no debe significar comprometer la seguridad”, señaló en rueda de prensa el portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic, quien añadió que la organización está en contacto con las autoridades rusas y de otros países para analizar los progresos de las distintas investigaciones de vacunas.
Sputnik V todavía no ha pasado a la fase 3 de validación, la última etapa previa a la aprobación de la vacuna. En cambio, algunas vacunas chinas o la cubana Soberana 01 sí se encuentran en esta fase.
Derechos humanos
Todas estas afirmaciones de Maduro se contradicen. De hecho, con informes emanados de la oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
En su actualización más reciente, en julio de 2020, el informe de Bachelet refiere 16 casos de tortura o malos tratos ocurridos entre junio del año 2019 y mayo de 2020. No obstante, aclaran que dicha cifra podría ser significativamente mayor debido a los patrones de desapariciones forzadas utilizados por las fuerzas de seguridad del Estado. De igual manera, denunciaron varias irregularidades en las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) afín al régimen chavista.
En 2019, la Alta Comisionada denunció las condiciones de los pueblos indígenas venezolanos. “Entre el 22 y 23 de noviembre, en la comunidad de Ikabarú, ubicada en el territorio indígena Pemón, fueron asesinadas ocho personas con armas de fuego, incluyendo un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana, un indígena Pemón y un adolescente”, dijo Bachelet en el documento.
También hizo referencia a violaciones, explotación infantil y amenazas a pueblos indígenas en la zona del Arco Minero del Orinoco.
Con respecto a la discriminación de género, Venezuela es de los pocos países de la región que todavía no reconoce como derechos el matrimonio homosexual, o cambio de sexo.
Más pruebas para detectar COVID-19
Maduro alardeó de la realización de más de 1.500.000 pruebas para detectar el COVID-19. Sin embargo, la mayoría de ellas son pruebas rápidas, las cuales demuestran menor fiabilidad que las PCR, según expertos.
En este sentido, el último informe de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman) citó reportes de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Indican que del total de test aplicados al 19 de abril, 1,7% fueron PCR, mientras que hasta el pasado 2 de agosto el porcentaje se ubicó entre 5% y 6%.
En cuanto a la Organización Mundial de la Salud (OMS) se establece que, a pesar de que no existe un número de pruebas exigidas por esta organización para cada país, se deberían realizar al menos 1.000 pruebas por millón de habitantes. Es decir, 28.870 pruebas PCR cada semana. A pesar de esto, la OCHA indica que entre los meses de mayo y julio Venezuela hizo 7.629 pruebas PCR semanales, 73,58% menos de lo establecido por la OMS.
Un análisis realizado por Prodavinci refleja que el procesamiento de pruebas PCR realizadas en Venezuela tienen un déficit de 84%. En comparación con países como Ecuador y México su porcentaje de capacidad de diagnóstico de estas pruebas se sitúa en 69% y 45% respectivamente.
De hecho, Venezuela ocupa el último lugar entre los países de Latinoamérica con menos capacidad de diagnóstico. En todo el mundo el primer puesto lo ocupa Luxemburgo, que hizo 193 veces el número de pruebas que hizo la administración de Nicolás Maduro.
Sistema 7×7
Lejos de ser un método para frenar o controlar la propagación del virus, el sistema 7×7 lo ha incrementado.
El modelo, que implica una semana de cuarentena y otra de flexibilización, se implementó por primera vez en junio. En ese momento se registraban 1.663 casos de COVID-19. Dos meses después de la aplicación de este plan, en Venezuela se registran más de 60.000 contagios, según las cifras del régimen. El informe de la Acfiman, en cambio, sugiere que más de 7.000 personas se estarían infectando a diario.
El levantamiento de la cuarentena en los estados del interior del país y la falta de controles en las entidades con mayor número de contagios actualmente, ha incidido en la cantidad de contagios.
Sanciones inexistentes
Todas las sanciones de Estados Unidos, a las cuales se refirió Maduro, exonera la importación o comercialización de medicinas y alimentos.
En el documento Impacto y naturaleza real de las sanciones económicas impuestas a Venezuela, la ONG Provea explica que “si bien es cierto que desde 2017 es mucho más difícil para el gobierno importar alimentos y medicinas, esta no es la causa de la fuerte escasez de los mismos, que se debe fundamentalmente a la crisis económica que desde 2009 se ha ido gestando en el país”.
De tal manera que, como explica Provea, “es muy fácil decir que la importación de alimentos y medicinas podría realizarse a empresas de India, Rusia, China entre otros, sin ningún problema”.
Las sanciones estadounidenses sí hacen referencia a la comercialización directa con el gobierno venezolano, a través de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Migración criminalizada
Aunque Maduro culpó a las sanciones por la migración venezolana, la realidad es que gran parte de la misma se produjo entre los años 2014 y 2017. Periodo en el que que Estados Unidos no había impuesto sanciones a Venezuela, sino únicamente a individuos del régimen.
Siguiendo las estimaciones de OIM y Encovi la migración de venezolanos hasta 2017 se puede calcular entre 4,7% y 5,4% de la población del país, aproximadamente.
Según el estudio de Encovi, 2.300.000 de ciudadanos habían huido del país solo de 2017 a 2018. Principalmente a países de la región como Colombia, Perú y Chile. Pero cuando se habla de los efectos de la pandemia, de acuerdo a cifras oficiales de la Organización de Estados Americanos (OEA), al menos 105.000 personas han retornado a Venezuela desde Colombia y 6.000 desde Brasil en los últimos cinco meses.
En este punto, la OEA denunció, a través de un informe, que los venezolanos que han regresado en el contexto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 lo han hecho por la paralización de la economía en los países de acogida.
Indultos a medias
Alfredo Romero, director de la organización, explicó que solo 53 de las 110 personas que fueron excarceladas eran privadas de libertad y que se consideraban presos políticos.
Romero aclaró que 24 supuestos indultados ya habían sido excarcelados pero tenían procesos judiciales abiertos. Mientras que seis estaban con libertad plena y no tenían ningún proceso y 26 personas estaban siendo investigadas, pero no habían sido imputadas. Entre ellos varios diputados opositores que están exiliados, en la clandestinidad o protegidos en sedes diplomáticas.
“Solo el 13% de los presos políticos previo al indulto fue liberado”, subrayó Romero.
La administración de Nicolás Maduro mantiene en su poder 334 presos políticos pese a indultos, según la ONG Foro Penal.
Ni tan democráticas
Si bien es cierto que en los últimos años se han realizado esa cantidad de elecciones, no todas han sido consideradas como democráticas. Así lo han indicado expertos electorales y la comunidad internacional.
Los dos ejemplos más recientes, y los que resonaron en el mundo, fueron la elección de la asamblea nacional constituyente (ANC), en 2017, y las presidenciales del año 2018. Sobre esta última, organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y otros países rechazaron la convocatoria por su falta de transparencia y de garantías electorales y afirmaron su no reconocimiento a los resultados.
Con respecto a la ANC, varios países, incluyendo los miembros del Grupo de Lima y de la Unión Europea, la desconocieron y manifestaron su apoyo a la Asamblea Nacional liderada por Juan Guaidó.
Otros comicios, como los municipales de 2018 y de 2017, así como las presidenciales de 2013, presentaron irregularidades. La falta de recuento de votos, los denominados puntos rojos, la inhabilitación de políticos, y demás fueron algunas.
Comicios sin garantías
Maduro se refirió de esa manera a las elecciones del 6 de diciembre. Sin embargo, expertos electorales aseguran que los comicios no cuentan con las garantías necesarias para ser una elección libre y transparente.
Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), afirmó para El Diario que todo el proceso previo a los comicios ha estado plagado de irregularidades. La primera de ellas fue el modo en que se designaron a los integrantes de la directiva del CNE. A través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) afín al régimen de Nicolás Maduro.
Asimismo, Lander explicó que, debido a la premura de la convocatoria, el cronograma no cumple con las casi 100 etapas previas que componen una elección. La falta de observación internacional –la Unión Europea rechazó la posibilidad por no contar con garantías- es otra de las irregularidades que mencionó.
Además, aún se desconocen los principales aspectos del sistema automatizado de votación. Es decir, aún se desconoce lo esencial del hardware y software que se utilizará para votar, escrutar, transmitir y totalizar los resultados.
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