Los resultados de las pasadas elecciones presidenciales en Venezuela suman un cuestionamiento más. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha abierto una investigación sobre los comicios a petición de un grupo de juristas de la región representados por la firma IHR, basada en Washington. La decisión ha sido comunicada este martes junto con un conjunto de medidas provisionales en las que se exige al Estado venezolano preservar toda la documentación y materiales sobre los comicios como el Acta de Totalización, Adjudicación y Proclamación y las Hojas Complementarias de Totalización de los votos.
Los denunciantes alegaron ante la instancia que se han violado los derechos políticos de los venezolanos “por el fraude electoral que Nicolás Maduro pretende consumar el 10 de enero de 2025″, cuando está prevista la juramentación del presidente electo el 28 de julio. El Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, proclamó a Maduro ganador de los comicios sin presentar los resultados desagregados como ordenan las leyes venezolanas. Cuatro meses después de las elecciones siguen sin conocerse. El líder chavista acudió al Supremo para convalidar su victoria cubierta de señalamientos no solo de la oposición, que con las copias de las actas de votación defiende el triunfo de Edmundo González Urrutia, sino los recogidos en los informes del Centro Carter y el Panel de Expertos de la ONU, los organismos que participaron como observadores en la jornada y que concluyeron que el proceso no podía considerarse fiable y democrático.
“Logramos hoy que la ONU determinara a Maduro que se abstenga de destruir el material electoral: todas actas de escrutinio, material de Totalización, Adjudicación y Proclamación!”, escribió en sus redes sociales el jurista brasileño Paulo Abrão, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), uno de los cinco abogados con trayectoria en el sistema interamericano y en el de Naciones Unidas que interpusieron la demanda, a los que se suman Antonia Urrejola, Carlos de Roux, José Antonio Guevara y el venezolano Ignacio Álvarez.
Los juristas exponen en su denuncia la situación en Venezuela antes, durante y después de las elecciones del 28 de julio y señalan un “patrón sistemático de desconocimiento de la voluntad popular expresada en el voto, cuando los resultados electorales no favorecen a Nicolás Maduro y sus aliados”. Agregan que hubo falta de transparencia, restricción al voto en el exterior, obstrucción al control ciudadano de los comicios y negación del acceso a la justicia.
Para los demandantes se trata de una acción sin precedentes y aseguraron que podría conducir a una decisión internacional “muy trascendente e histórica que confirmará que Nicolás Maduro no es el presidente electo de Venezuela”, señalaron en una nota de prensa de la firma legal.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU es un organismo integrado por 18 expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados partes. En su comunicado aclara que la solicitud de medidas provisionales sobre el material electoral no implica una decisión sobre la admisibilidad y el fondo de la demanda, sobre la que Venezuela puede hacer observaciones.
Las relaciones entre el Gobierno de Maduro y las Naciones Unidas han sido tensas. Venezuela ha rechazado con comunicados, discursos ofensivos y expulsiones de su personal, como ocurrió en marzo de este año con los funcionarios de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, el escrutinio que se hace sobre la situación en el país. A la par, desde 2019, sus agencias han desplegado un importante contingente de ayuda humanitaria para paliar la profunda crisis humanitaria, que atraviesa desde hace años el país petrolero, que ha forzado a la migración a más 7 millones de venezolanos y que, por un buen tiempo, las autoridades chavistas negaron.
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