La aparición de 23 cadáveres flotando en el mar, tras el naufragio de una precaria embarcación en la que intentaban viajar hasta Trinidad y Tobago un grupo de venezolanos, tratando de huir de la grave crisis que atraviesa su país, ha generado indignación y un profundo dolor en la nación caribeña y el mundo, pero sobre todo, entre los habitantes del pueblo de Güiria, estado Sucre, donde vivía la mayoría de los fallecidos.
Por Por ELKIS BEJARANO DELGADO – Diario Las Américas
Salieron desde Macuro, en el mismo estado, localizado en el oriente de la nación, región que limita al norte con el mar Caribe.
Hasta el momento existe muchas dudas en torno a este suceso. Según versiones recogidas por la agencia de noticias AP, son dos las embarcaciones involucradas en el suceso: “Mis Recuerdos” y “Mi Refugio”. Éstas zaparon hacia Trinidad y Tobago y fueron reportadas como desaparecidas desde el 6 de diciembre. Versiones extraoficiales indican que cada una podía llevar aproximadamente 25 personas, lo que se estima es que la cifra de fallecidos pueda aumentar. En los reportes oficiales solo se habla de una embarcación.
Aristas de una crisis
Este hecho desnuda una tragedia que combina varios aspectos. En principio una crisis humanitaria sin precedentes en la historia de Venezuela que lleva a sus ciudadanos más necesitados a lanzarse al agua, a sabiendas de los riesgos que eso conlleva, solo con la esperanza de tener un mejor futuro para ellos y para sus familias. Por otra parte, están los contantes zarpes ilegales que ocurren desde costas venezolanas hacia Trinidad y Tobago o hacia las Antillas Holandeses, organizados por mafia de tráfico de personas que cobran en dólares por los traslados; la Asamblea Nacional ha denunciado esta irregularidad. Y la tercera situación es el evidente atropello y violación de los derechos humanos de los refugiados venezolanos por parte del gobierno trinitense.
Aunque el gobierno de la isla asegura que no tiene nada que ver con el hundimiento de la precaria embarcación, son varias las hipótesis que indican que los fallecidos habrían sido devueltos en alta mar por la Guardia Costera de ese país y que en el procedimiento se habrían sobrecargado de pasajeros una de las embarcaciones. No hay pruebas de que esto sea cierto. Pero cabe recordar que el pasado 22 de noviembre el gobierno de Trinidad y Tobago deportó a 25 venezolanos, entre ellos 14 menores de edad, que estuvieron en alta mar durante dos días sin que se conociese su paradero hasta que un juez de la isla ordenó su retorno. Hasta el momento de escribir el reportaje, estos 14 niños permanecían separados de sus padres, cumpliendo una cuarentena obligada por parte de las autoridades trinitenses.
Bajo la línea del régimen
Para Orlando Viera Blanco, embajador del gobierno interino de Venezuela en Canadá, “la comunidad de naciones debe llevar una moción al seno de las Naciones Unidas, incluso a otros organismos multilaterales como la OEA, para censurar esta actitud de Trinidad y Tobago, que a su juicio está alineada con el régimen apátrida y criminal de Nicolás Maduro”.
“Si no, prevaleciera una alineación con el régimen de Caracas que viene nutrida de todos estos acuerdos y de una suerte de ignorancia deliberada de un eje de contrabando, de criminalidad de tráfico de todo tipo como los derivados petroleros, tráfico de drogas, etc. Sin duda alguna, si prevaleciera lo que prima en otras naciones, que están en la lucha por la restitución democrática en Venezuela, ese naufragio y esa situación que antes había ocurrido con los niños venezolanos, no ocurre”.
Recalcó que la posición política de Trinidad y Tobago es hostil en contra de los venezolanos, porque de alguna manera está alineada con el régimen de Caracas. “El mundo debe hacer un llamado diplomático a esa isla, sobre lo que es la violación de derechos humanos de nuestros compatriotas venezolanos que tratando de acceder y de tener derecho al refugio sencillamente naufragaron en la noche”.
Venezolanos migrantes sin derechos
Victoria Capriles, directora adjunta del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana de Caracas, explica que cuando las personas buscan asilo en las fronteras no deben ser devueltas. “Todo ser humano tiene el derecho de solicitar asilo según el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los venezolanos que consideramos que son migrantes forzosos, precisamente porque están escapando de una emergencia humanitaria compleja, están yéndose en masa a distintos países de la región. Y por su cercanía Trinidad y Tobago es uno de esos destinos. Trinidad y Tobago es dignatario de la Convención del Estatuto para los Refugiados de 1951 y de su protocolo de 1967. Esta convención lo que hace es establecer el principio de no devolución, que para algunos autores es una norma que no se puede violar, y lo que implica es eso”.
La experta aseguró que más del 80% de los venezolanos que van a Trinidad Y Tobago lo hacen con el objetivo de pedir asilo.
Explicó que a nivel interno en la isla no han legislado desde 1969 en materia de asilo, por lo que las leyes requieren ser actualizadas, pero aseguró que deben comprometerse y cumplir las normas internacionales.
“Tienen que brindar apoyo a los venezolanos que están llegando a sus fronteras. Tienen que velar por los Derechos Humanos de estas personas. Los migrantes mantienen todos sus derechos humanos. Y tienen que ayudarlos a la reinserción. Entendemos que el estado venezolano tiene responsabilidad en esto, porque los nacionales están escapando de la emergencia humanitaria. Pero en este caso, Trinidad y Tobago está violentando el derecho internacional de los refugiados”.
Capriles recomienda la documentación, la denuncia y la difusión de esta violación de los derechos humanos de los refugiados, para dar a conocer los atropellos de que puedan estar siendo víctimas en estos países.
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