Las sanciones petroleras que Trump impuso al país latinoamericano han derivado en una escasez de ese combustible que empeora la crisis humanitaria.
La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca ha multiplicado las expectativas en Venezuela sobre el comienzo de un nuevo enfoque diplomático entre Washington y Caracas y la posibilidad de una relajación de las sanciones que la Administración de Donald Trump impuso al chavismo. Una de esas restricciones consiste en la “prohibición” del intercambio de crudo venezolano por combustible diésel del extranjero, necesario para transportar alimentos y otras actividades esenciales para la vida de los ciudadanos. Pero un análisis atento de las medidas muestra que no se trataba formalmente de una prohibición, sino de una decisión discrecional del expresidente y que lo mejor para Venezuela es que EE UU, simplemente, no haga nada al respecto.
En enero de 2019, Trump endureció las sanciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro, al que llamó “corrupto”, y alegó que las medidas eran necesarias para que “ya no puedan saquear los activos del pueblo venezolano”. Esa decisión bloqueó todas las propiedades e intereses de PDVSA, la empresa petrolera del Estado, que son sujetos a la jurisdicción estadounidense y prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con ellos. Si una empresa desea hacer negocios con PDVSA lo puede hacer, pero las ganancias de la compra de petróleo venezolano son retenidas en una cuenta bancaria en EE UU que pertenece a Citgo, filial de la petrolera en ese país. Esta cuenta está bloqueada por la Administración estadounidense, por tanto, el Gobierno de Maduro dejó de tener acceso a los fondos.
Fue así como empezó el trueque. Si bien no podía vender su petróleo a cambio de efectivo, Venezuela podía intercambiar su crudo por diésel. En muchos casos, lo hizo para saldar deudas con empresas refinadoras, por lo que EE UU no interfirió. Para agosto del año pasado, el 80% de las entregas programadas de crudo venezolano al exterior eran a través de intercambios de diésel, de acuerdo con información de Bloomberg. Fue entonces que el Gobierno de Trump perdió la paciencia y dio un plazo a las refinadoras: tenían hasta octubre para hacer los intercambios. El trueque debía terminar.
Esta petición, sin embargo, no está formalmente incluida en las sanciones, por lo que una expectativa de que el Gobierno de Biden permita el trueque de nuevo no es, técnicamente, factible. La decisión anterior de Washington fue discrecional y si el Departamento del Estado bajo la nueva Administración quisiera los intercambios pudieran continuar bastaría que las nuevas autoridades estadounidenses, que con Biden tomaron posesión el 20 de enero, no interfieran.
“Nicolás Maduro es un dictador”, dijo en conferencia de prensa el portavoz del Departamento de Estado Ned Price el 3 de febrero. “El objetivo primordial de la Administración Biden-Harris es apoyar una transición democrática y pacífica en Venezuela a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas”, puntualizó. Al ser cuestionado sobre si se buscará contacto con el Gobierno venezolano, Price solo dijo que no sería pronto.
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