El régimen de Nicolás Maduro habría bloqueado de manera deliberada información necesaria para continuar las investigaciones judiciales en Argentina contra exfuncionarios pertenecientes a los gobiernos de Néstor Kirchner y su esposa, Cristina Fernández.
Según una investigación del diario La Nación de Argentina, Maduro se ha negado sistemáticamente a entregar información necesaria para proseguir con las causas judiciales de un grupo de empresarios y funcionarios, tanto de ese país como de Venezuela, que están acusados de hacer negocios para defraudar al Estado venezolano.
Al menos una docena de casos, que reúnen unos $3.000 millones del patrimonio público venezolano, están siendo bloqueados, entre ellos los expedientes contra Julio De Vido, Ricardo Echegaray y Claudio Uberti, entre otros, pero también a altos funcionarios chavistas como Américo Mata y Félix Osorio.
Una de las investigaciones es por supuestos sobreprecios en la exportación de maquinaria agrícola a Venezuela. El expresidente Hugo Chávez había encargado la compra para potenciar la producción de pequeños productores agropecuarios, que se verían beneficiados por esta ayuda del Estado. Pero el programa no funcionó y las máquinas están paradas por falta de mantenimiento o repuestos de esos mismos productos que Venezuela ordenó comprarle a la Argentina.
Otra de las investigaciones afectadas es la que se sigue contra el argentino Juan José Levy, que hizo fortuna con exportaciones a Venezuela a través de un fideicomiso bilateral. El juez Marcelo Aguinsky envió un exhorto en 2018 y todavía espera su respuesta. En estos tres años, el juez insistió doce veces ante la Cancillería para que el gobierno de Venezuela entregara la documentación solicitada, pero sus pedidos fueron ignorados.
Incluso el juez envió una nota a la Corte Suprema para que pidiera la intervención al presidente Alberto Fernández, con la intención de destrabar el exhorto. La argumentación del juez fue que, como las exportaciones desde las empresas de Levy se hicieron a través de un fideicomiso bilateral entre ambos estados, la Casa Rosada debe intervenir en el asunto. Pero la Corte rechazó actuar ya que –aseguraron– no puede intervenir en una causa en trámite.
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