La ilegalidad se apodera de uno de los mercados que requieren de mayor grado de regulación y control gubernamental: la venta de cigarrillos. Dadas sus implicaciones para la salud y el dinero que este sector aporta al fisco mediante pago de impuestos, el contrabando resulta perjudicial no solo para las empresas legales, sino para la población general y el Estado.
La cigarrera Bigott, con más de 100 años de operaciones ininterrumpidas en Venezuela, se convirtió en la empresa dominante del sector. Hasta antes de la pandemia, representaba 80% del mercado nacional mediante la comercialización de sus marcas Lucky Strike, Belmont, Pall Mall, Viceroy y Universal.
Esta situación cambió bruscamente a partir de 2021 por un crecimiento desmedido del contrabando y la instauración de una mecánica de competencia desleal, que ahora incluso amenaza con la permanencia de la empresa en el país en el mediano o largo plazo.
El director legal de Bigott, Miguel Benzo, explicó en una conversación con TalCual que los estudios de mercado realizados por la compañía no avizoran el mejor escenario para operar. Aunado a los problemas que ya afrontaban los privados en el mercado nacional debido a regulaciones gubernamentales, hiperinflación, devaluación de la moneda nacional e inseguridad jurídica, ahora la competencia desleal incrementa para entorpecer aún más las operaciones de las empresas privadas.
Bigott indicó que 44% de los cigarrillos disponibles en el mercado nacional forman parte de la competencia desleal. Casi la mitad de la venta de cigarrillos obedece directamente al contrabando o a empresas que importan productos desde el extranjero, sin cumplir con todas las regulaciones y obligaciones que establece la ley venezolana. Son alrededor de 127 marcas provenientes de distintas partes del mundo las que se comercializan en el país.
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