En los llamados Puntos de Atención Social Integral (PASI) tiene gran notoriedad la presencia de guerrilleros colombianos de la organización terrorista, del Ejército de Liberación Nacional (ELN), donde además, a los venezolanos retornados les suministran alimentos en mal estado, no tiene agua potable para su consumo, y se les viola sistemáticamente sus derechos humanos, por parte de la dictadura venezolana.
Así lo denunció Eduardo Trujillo, Director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), durante la tercera sesión ordinaria virtual de la Subcomisión de Asuntos Fronterizos de la Asamblea Nacional, donde los parlamentarios debatieron sobre la violación de los derechos humanos en territorio fronterizo venezolano, y contó con la participación de importantes expertos en los temas que atañan a los problemas fronterizos que han proliferado producto de la crisis multidimensional en el país y la agudización de la pandemia de Covid-19.
Trujillo, comentó que han recibido reportes alarmantes de periodistas y victimas que han denunciado que grupos paramilitares del Ejército de Liberación Nacional (ELN) acuden amedrentar a los venezolanos retornados que están obligatoriamente confinados en los Pasos de Atención Social Integral (PASI) ubicados en las zonas fronterizas por los estados Apure, Bolívar y Táchira con Colombia.
De igual forma, dijo que atendieron denuncias sobre la inadecuada infraestructura en la que pernoctan estas personas y mala calidad de la alimentación y los malos tratos por parte de los cuerpos represivos del régimen y colectivos paramilitares que reciben estas personas en los llamados PASI.
En ese sentido, pidió a la Subcomisión que proponga agencias de las Naciones Unidas y la Unicef, verificar estos sitios de reclusión de personas que quieren ingresar al país.
El catedrático afirmó que el calificativo peyorativo “bioterroristas” que usa el régimen venezolano que acusa a conciudadanos que retornan por Colombia y Brasil de “venir a infectar al resto de la población con el Covid-19”, representa un “discurso de odio y criminalización”.
Trujillo exhortó al régimen venezolano poner fin de forma inmediata a la criminalización de los retornados y abstenerse de emitir expresiones discriminatorias contra las personas que pretenden retornar a su país de origen y usar la detención de retornados como herramienta disuasiva.
De igual forma, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, pide dejar sin efecto la detención de retornados que han usado pasos no controlados y proceder a su inmediata liberación o al cese de su procesamiento judicial.
Además, recordó que el retorno al propio país es un derecho humano consagrado en instrumentos internacionales de los cuales es parte Venezuela
Rosalinda Hernández, periodista en la fuente de suceso de la frontera, constató las denuncias manifestadas por muchas de las víctimas que han tenido que permanecer en los PASI, donde existe la presencia de colectivos armados que supervisan, controlan y amedrentan a las personas que están en ese sitio de reclusión.
Por su parte, Javier Sánchez Chacón, Investigador del Centro de Estudios de Fronteras e integración de la Universidad de Los Andes, denunció que desde hace más de una década no hay una comisión presidencial para las zonas de fronteras, así como también no existe actualmente el comercio fronterizo.
Recomendó la creación de una oficina de atención al ciudadano en la ciudad de Cúcuta en Colombia por el gobierno interino de Venezuela para atender denuncias de los venezolanos.
Con información de Asamblea Nacional
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