Cuatro años después de que el otrora poderoso jefe máximo del conglomerado de ingeniería civil brasileño, Marcelo Odebrecht, se declarara culpable y decidiera contar quienes se beneficiaron de una gigantesca red de corrupción de alcance mundial, las investigaciones en varios países continúan haciendo estragos en la clase política latinoamericana.
Por Casto Ocando | Primer Informe
El último episodio: la detención este lunes en Guatemala de dos hijos del ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, que participaron en la fiesta de corrupción impulsados por su propio padre. La razón de la detención: el pago que ellos hicieron (o recibieron) de $28 millones en sobornos de Odebrecht a un funcionario de alto rango del entonces gobierno de Panamá, presumiblemente, el propio Ricardo Martinelli.
La acusación criminal contra los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares fue revelada ayer en un tribunal federal en Brooklin, Nueva York, donde coincidencialmente también reposa la acusación por narcotraficante contra el ministro del Interior de Maduro, Néstor Reverol.
De acuerdo a la acusación, los hermanos participaron «en un esquema de soborno masivo y lavado de dinero que involucra a Odebrecht SA, un conglomerado mundial de la construcción con sede en Brasil».
La acusación se presentó como una violación a las regulaciones antisobornos de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), que los federales aplicaron a Odebrecht porque la firma brasileña tenía una subsidiaria en EE.UU., que había ganado cuantiosos contratos en Miami y otras ciudades.
Era sólo cuestión de tiempo. Porque los datos del sobornos ya habían sido aportados por el propio Marcelo Odebrecht en diciembre de 2016, cuando se declaró culpable de corrupción en la corte federal del distrito Este de Nueva York. Como se sabe, Odebrecht manejaba a través de oficinas dentro y fuera de Brasil, en una muy compleja red de empresas y cuentas offshore, el pago de los sobornos a políticos e los países donde tenía contratos.
La información de toda esa red fue suministrada a los investigadores federales norteamericanos por el propio Marcelo Odebrecht.
Venezuela en la mira
Odebrecht no sólo reveló los sobornos que pagó en Panamá y otros países, sino también en Venezuela. La cifra del soborno, comparada con el tamaño de los contratos, era pequeña: $98 millones, a una empresa vinculada a dos familiares de Diosdado Cabello. Pero el grueso de la corrupción no estaba en los sobornos, sino en los sobreprecios sobre los contratos de obras que, por cierto, nunca se terminaron.
Así, Venezuela se convirtió en el país donde tuvo lugar la más masiva de las corrupciones vinculadas a Odebrecht: se estima que más de $30 mil millones se desvanecieron en los bolsillos y cuentas offshore de una variada gama de funcionarios chavistas, comenzando por Diosdado Cabello, que se estima manejó contratos con Odebrecht por encima de los $10 mil millones, y otros en los regímenes de Chávez y Maduro, según las investigaciones federales en EE.UU.
Según un ex fiscal venezolano que participó en las investigaciones junto a la justicia brasileña y que está cooperando con el Departamento de Justicia, los contratos fueron primero otorgados por una suma relativamente baja en licitaciones acordadas para beneficiar a Odebrecht Venezuela, pero luego los montos eran inflados hasta 8 veces su valor, con el respaldo y el visto bueno de funcionarios de Odebrecht en Caracas.
Los documentos están en poder de la fiscalía de Brooklin, que prepara estrategias para ampliar las pesquisas en el extenso capítulo Venezuela de la trama de corrupción Odebrecht.
La conexión Panamá
El esquema general de Odebrecht implicó el pago de más de $ 700 millones en sobornos a funcionarios gubernamentales, servidores públicos, partidos políticos y otros en Panamá, Venezuela y otros países del mundo, a fin de obtener y retener negocios para la empresa.
De acuerdo a las alegaciones, los dos acusados participaron en el esquema, entre otras cosas, sirviendo como intermediarios por aproximadamente $28 millones en pagos de sobornos realizados por y bajo órdenes de Odebrecht a un funcionario gubernamental de alto rango en Panamá, durante la administración de Ricardo Martinelli.
Aunque la acusación no lo menciona, afirma que la persona a quien los hermanos Martinelli pagaron los sobornos, era «un pariente cercano de los acusados». Obviamente, los federales se refieren al propio ex presidente panameño, que también tiene abierta una investigación por separado en la misma fiscalía.
Según se alega en la demanda, «entre aproximadamente agosto de 2009 y enero de 2014, los acusados facilitaron el pago de sobornos de Odebrecht para o en beneficio del Funcionario del Gobierno de Panamá al tomar una serie de pasos que incluyeron abrir y administrar cuentas bancarias secretas mantenidas en el nombres de empresas fantasma en jurisdicciones extranjeras».
«Estas cuentas bancarias secretas se utilizaron para recibir, transferir y entregar los pagos de sobornos. Los demandados sirvieron como signatarios de ciertas cuentas bancarias de la compañía fantasma y enviaron personalmente y enviaron transferencias bancarias a través de la estructura de las cuentas bancarias de la compañía fantasma para ocultar y gastar los ingresos del soborno».
«Muchas de estas transacciones financieras fueron en dólares estadounidenses y se realizaron a través de bancos estadounidenses, algunos de los cuales estaban ubicados en Nueva York».
Las investigaciones sobre este y otros casos de corrupción vinculados a Odebrecth, fueron realizadas por el (famoso) escuadrón de corrupción internacional del FBI en Nueva York, con la asistencia de la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal del Departamento de Justicia.
Las autoridades policiales en Guatemala, incluido el Ministerio Público de Guatemala y la Unidad Especializada para Asuntos Internacionales, y las autoridades policiales en El Salvador brindaron una cooperación significativa en la investigación sobre los panameños.
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