La organización Control Ciudadano advierte que este es un caso en el que deben establecerse también responsabilidades en la cadena de mando.
A un año y cuatro meses de los hechos, prevalece la impunidad en el caso del asesinato del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien falleció el 28 de junio de 2019, en el Hospital Militar del Ejército Dr. Vicente Salías Sanoja (Hospitalito), del Fuerte Tiuna, en Caracas, como consecuencia de torturas de las que fue objeto, mientras permaneció detenido, por una semana, en los calabozos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Hasta tanto no se dicte una pena, conforme a derecho, prevalece la impunidad en este caso. Los familiares del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo esperan justicia y verdad en estos hechos, así como los venezolanos y la comunidad internacional. Pero, advierte Rocío San Miguel, Presidente de Control Ciudadano, “éste es un típico caso en el que deben establecerse también responsabilidades en la cadena de mando”.
Y agrega: “En las torturas y el asesinato del capitán Acosta Arévalo no solo hay ejecutores. Hay mandos que permitieron que esto ocurriera por acción o por omisión. De manera que los operadores judiciales, están en el deber de determinar quiénes integraban la cadena de mando respecto a los crímenes tan graves contra los derechos humanos que en este caso se cometieron”.
“La cadena de mando conlleva al concepto de responsabilidad de mando, que implica el deber de responder de los jefes militares y de los superiores por el actuar de los subordinados, en la comisión de graves crímenes contra los derechos humanos y así ha quedado determinado en el Estatuto de Roma, del cual Venezuela es parte (Artículo 28 del Estatuto de Roma), así como en decisiones de la Corte Penal Internacional y el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia”, agrega San Miguel.
Nota de Prensa
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