El presidente Donald Trump ha venido anunciando ambiciosos objetivos en su agenda sobre América Latina, que van desde planes para imponer aranceles a México y reestructurar las políticas fronterizas y de inmigración de Estados Unidos hasta la posibilidad de recuperar el canal de Panamá. Pero en lo que respecta a Venezuela, los acontecimientos recientes sugieren que podría estar dejando de lado las políticas agresivas –la estrategia de ‘máxima presión’– que adoptó durante su primera presidencia.
En una demostración de pragmatismo hacia Venezuela, Richard Grenell, enviado de Trump para “misiones especiales”, se reunió con Nicolás Maduro el 31 de enero en Caracas y llegó a un acuerdo para asegurar la liberación de seis estadounidenses encarcelados por el régimen venezolano. Al mismo tiempo, Grenell estableció las condiciones para la repatriación de venezolanos que viven en EE. UU., incluidos varios miembros de la temida banda criminal ‘Tren de Aragua’. Todo esto mientras que Washington procedía a revocar el Estatus de Protección Temporal de los migrantes venezolanos en su suelo.
Un día después, el 1.º de febrero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros renovó la licencia general n.º 41, que permite a Chevron Corporation operar en Venezuela. Esta licencia, emitida inicialmente en 2022, es una fuente de financiación esencial para el régimen de Maduro y, desde 2023, se renueva automáticamente si no se toma ninguna decisión que cambie su curso.
Aunque la reunión que tuvo lugar en Caracas, no implica que la administración Trump reconozca a Maduro como presidente legítimo de Venezuela (y la Casa Blanca lo dijo explícitamente), estos ‘primeros movimientos’ de Washington parecen priorizar los objetivos a corto plazo e indican que las esperanzas de una nueva estrategia de ‘máxima presión’ debería, al menos por ahora, moderarse. Los objetivos más ambiciosos, como ayudar a restaurar la democracia en Venezuela, parecen haber quedado ‘en suspenso’.
No obstante, esta estrategia práctica podría chocar con las políticas de concesión de licencias petroleras. Si bien los acuerdos iniciales alcanzados con Grenell exigen moderación en las acciones autoritarias de Maduro, las licencias petroleras aumentan su poder financiero sin supervisión ni rendición de cuentas. Y a medida que Maduro avance en su espurio tercer mandato tras una cuestionada elección y asunción (el 10 de enero), la administración Trump podría tener que enfrentarse a una decisión crucial sobre Venezuela y las implicaciones regionales de su crisis.
Dos caminos
La política de Estados Unidos hacia Venezuela parece reducirse a dos posibles caminos. Una opción es mantener las licencias petroleras, lo que, según algunos, podría mejorar las condiciones económicas de Venezuela y evitar una nueva y masiva migración que se sumaría a una diáspora ya sin precedentes en el hemisferio occidental.
La otra opción implica revisar la política petrolera y avanzar hacia una postura más estricta contra Maduro y sus compinches. La Casa Blanca podría optar por cancelar la licencia de Chevron o dejarla expirar en cualquier momento. Según algunas estimaciones, las operaciones con licencia de Chevron representan alrededor del 25 % de la producción de Venezuela, que cerró el 2024 con una media de 921.000 barriles por día, un alza del 17,6 % en comparación con la del 2023, según cifras de la Organización de Países Exportadores de Petróleo publicadas a mediados de enero.
La administración Trump no ha descartado necesariamente la opción de presionar más a Maduro. Los comentarios del secretario de Estado, Marco Rubio, durante su audiencia de confirmación demostraron que la nueva administración es consciente de las consecuencias negativas de las licencias petroleras: es decir, del hecho de que dotar a Maduro de miles de millones de petrodólares que puede administrar como quiera no es la mejor manera de fomentar la restauración de la democracia.
En el marco de las sanciones actuales, la situación financiera de Maduro ha mejorado significativamente, ya que recibe una parte de la producción cubierta por las licencias. Puede capturarlas y distribuirlas a su antojo porque los nuevos negocios petroleros están regulados por la Ley Antibloqueo venezolana, una ley inconstitucional de 2020 que otorga a Maduro poder absoluto para hacer cualquier trato en estricto secreto. Debido a esta falta de transparencia, no hay información pública sobre cuánto dinero recibe Maduro.
Sin embargo, podemos estimar que las empresas con licencia producen aproximadamente un tercio de la producción de petróleo de Venezuela. El Gobierno se queda con al menos un tercio de esa producción autorizada en concepto de regalías e impuestos, aunque la cifra podría llegar al 50 %. Teniendo en cuenta la producción media de 2024 y un precio del crudo Merey de 61,13 dólares, podemos estimar que Maduro recibe entre 2.000 y 3.400 millones de dólares anuales solo por esta vía. La cifra real podría ser mayor o menor, pero, en cualquier caso, el punto es que las empresas con licencia aportan miles de millones de dólares que Maduro administra sin rendición de cuentas alguna.
Una ruta intermedia
Venezuela ocupa el puesto 3 entre los países más corruptos del mundo, según el más reciente índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, y el último puesto en términos de Estado de derecho. Y, dadas las condiciones institucionales allí, lo más probable es que los ingresos del petróleo solo sirvan para financiar a los cleptócratas y las violaciones de los derechos humanos, en lugar de beneficiar al pueblo venezolano.
Se podrían tomar medidas para impedir que Maduro utilice libremente los ingresos del petróleo como primer paso para resolver estos problemas. Revocar las licencias no es la única forma de abordar el tema (esto podría tener efectos no deseados).
Otras opciones políticas incluyen la reforma de las licencias para crear obligaciones de transparencia, crear un fondo humanitario que se financie con petrodólares o trasladar parte de la carga económica de la deuda a Maduro.
Sin estas medidas, los ingresos del petróleo solo incentivarán las políticas autocráticas y no cabe duda de que restringir los recursos financieros de Maduro ayudaría más a lograr los objetivos políticos iniciales de la administración Trump.
Una lección fundamental del trabajo recientemente galardonado con el Premio Nobel de Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson es que el crecimiento económico estable, la paz y el orden son imposibles de fomentar sin el Estado de derecho y un Estado capaz. El asunto es que después de su autoproclamación, Maduro ha dejado claro que no tiene interés en la democratización y que solo puede mantener su control autocrático a través de la criminalidad, la corrupción y las violaciones de los derechos humanos, las causas fundamentales de la crisis migratoria masiva.
Estados Unidos tiene un papel clave que desempeñar. La nueva administración Trump tiene la oportunidad de actuar más allá de acuerdos a corto plazo y ayudar a Venezuela, evitando que el país entre en su época más oscura, lo que pondría en peligro la seguridad en el hemisferio occidental.
Las tres corrientes frente a Venezuela en Estados Unidos
La política de Donald Trump con respecto a Venezuela aún no ha sido formulada, pero pronto lo será, ya que hay importantes temas de interés para Estados Unidos que requieren atención y decisiones. Petróleo, gas, sanciones, derechos humanos, inmigración ilegal, narcotráfico, crimen transnacional, la creciente presencia de China en la región y el futuro de la democracia son solo algunos de los temas que involucran a la Casa Blanca y a Venezuela.
Para concretar su política, el presidente Trump deberá dirimir las diferentes posiciones con respecto a Venezuela que existen en su equipo. Simplificando, se puede decir que hay tres puntos de vista: uno reafirma como objetivo principal la recuperación de la democracia, otro enfatiza el pragmatismo y una tercera posición promueve una acción militar contra Venezuela.
Marco Rubio, el secretario de Estado, representa la primera perspectiva. Richard Grenell, recién nombrado por Trump como enviado presidencial para Misiones Especiales, ejemplifica la segunda. Al anunciar el nombramiento de Grenell, Trump especificó que la prioridad de las misiones especiales la tendrían Venezuela y Corea del Norte. Y la salida militar es promovida por diversos grupos e individuos influyentes, pero carece de un líder único.
Rubio ha sido senador republicano durante 14 años, representando al estado de Florida. Como senador, lideró los influyentes comités de inteligencia y de relaciones exteriores y participó activamente en asuntos relacionados con América Latina. Es quizás el secretario de Estado que llega al cargo con el mejor conocimiento previo de la región, sus problemas y sus líderes.
Richard Grenell se desempeñó como embajador de EE. UU. en Alemania durante la primera presidencia de Donald Trump y fungió brevemente como director de Inteligencia Nacional, el organismo que preside las 17 agencias de inteligencia del país. Grenell ha tenido conversaciones con funcionarios del régimen venezolano y ha declarado su interés en continuar teniéndolas.
“La diplomacia está de regreso y hoy he hablado con múltiples dirigentes venezolanos… Hablar es una táctica”, escribió el funcionario en su cuenta de X. (Días después, el 31 de enero, se reunió con Maduro en Caracas para sellar la liberación de seis estadounidenses y la repatriación de inmigrantes irregulares y delincuentes venezolanos desde EE. UU.).
Marco Rubio lo ve distinto. “Tristemente, Venezuela no es gobernada por un gobierno sino por una organización de narcotraficantes que se apoderó del Estado… Estuve en profundo desacuerdo con el gobierno de Biden por que se dejaron engañar tal como yo sabía que lo harían. Entraron en negociaciones con Maduro, quien incumplió todos los acuerdos a los cuales habían llegado”, dijo Rubio. Para el secretario de Estado es necesario un drástico replanteamiento de la política hacia el régimen venezolano, quien ha usado sistemáticamente las negociaciones, para ganar tiempo, debilitar a la oposición y confundir la opinión pública nacional e internacionalmente.
El tercer punto de vista es la intervención militar de EE. UU en Venezuela. Es una posibilidad frecuentemente mencionada, pero que no ha logrado obtener mayores apoyos. La idea central es que el régimen de Maduro solo dejará el poder por la fuerza. Quienes apoyan esta idea argumentan que, en vista de que ya todo ha sido intentado para desalojar pacíficamente a Maduro y los suyos del poder, no queda más alternativa que darle una solución militar al problema. Pero quienes la proponen no ofrecen ideas realistas acerca de cómo transformar su propuesta en realidad. Las preguntas son muchas y las respuestas, pocas. La más relevante es si el presidente Trump y su equipo actuarían militarmente contra el régimen de Maduro. Esto es poco probable. Trump ha dicho reiteradamente en su campaña –y ahora de nuevo como presidente– que no quiere guerras. En su discurso inaugural dijo: “Mediremos nuestro éxito no por las batallas que ganamos sino también por las que terminamos y –quizás más importante– por guerras en las cuales no participamos”.
¿Cuál de estas perspectivas será la dominante? Será una amalgama de las tres visiones que discutimos aquí. Veremos una mezcla de presiones conocidas, en algunos casos repotenciadas, y en otros casos sin precedentes. Habrá mucha actividad diplomática y constante tensión entre quienes abogan por negociar agresivamente con Maduro, pero dejándolo en el poder, y quienes tienen como meta no negociable su salida del gobierno. En los próximos meses veremos mucha actividad en este campo, con eventos y sorpresas que por ahora resultan inimaginables.
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