El Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a la Víctima, Humberto Prado, se pronunció en torno a la firma del Memorando de Entendimiento entre la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, y el usurpador de las Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, asegurando que lo recibe con cautela pues ha quedado demostrado que el régimen no ha cumplido en materia de derechos humanos.
Prado manifestó que, aunque aprecia la importancia que tiene la presencia en Venezuela de dos funcionarios de la Oficina de la Alta Comisionada y la que pueden tener las visitas a presos políticos y su eventual liberación, así como la visita de Relatores Independientes, considera que ninguno de los problemas estructurales han sido incluidos en el mencionado Memorándum y esta materia queda a la discreción del régimen de Nicolás Maduro.
El Comisionado Presidencial enumeró los problemas estructurales que han sido documentados en el informe de la Alta Comisionada, así como por los informes de la CIDDHH y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
1) La violación grave de los derechos humanos en Venezuela es sistemática y tiene su causa estructural en la ausencia del Estado de Derecho y la democracia, con sus elementos esenciales y componentes fundamentales establecidos en la Carta Democrática Interamericana, entre ellos: separación de poderes e independencia judicial, elecciones libres, libertad de expresión, entre otros.
2) Los jueces y los fiscales carecen de independencia, son actores políticos designados para ejecutar las órdenes del gobierno de facto de Maduro. La Fiscalía y los jueces incluido el TSJ, son utilizados como mecanismo de persecución a la sociedad y mecanismo de impunidad frente al delito; especialmente las violaciones a los derechos humanos.
3) Como lo ha determinado el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, en Venezuela se ejecuta un “patrón sistemático” de detenciones arbitrarias contra personas que ejercen sus derechos o que se oponen al gobierno de facto de Nicolás Maduro.
4) Las cárceles, y en general los lugares de detención, no cumplen con los estándares internacionales de tratamiento de personas privadas de Libertad. Son centros para la tortura, los malos tratos y la violencia intracarcelaria.
5) Las arbitrarias y erradas políticas económicas han destruido la producción nacional y el empleo, creando una hiperinflación que afecta a toda la población golpeando especialmente a los sectores más pobres en su acceso a la comida.
6) El Estado es incapaz de garantizar los servicios públicos esenciales como la salud, las medicinas, el agua potable o la electricidad. Ello coloca a la población en general y a los más pobres en una situación de extrema vulnerabilidad que afecta no sólo su salud sino su integridad personal y hasta su vida.
7) Se ha creado una crisis humanitaria de dimensiones explosivas que ha forzado a más de 4 millones de venezolanos a migrar fuera del país, convirtiéndolos a su vez en víctimas como población vulnerable.
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