Entre el 10 y 15 de octubre de 2020, la Comisión Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas del Gobierno Interino, tuvo noticias sobre los hostigamientos, amenazas y allanamientos que han sido proferidos en contra de al menos cinco funcionarios del Gobierno Interino.
Estas persecuciones y allanamientos han sido orquestados por funcionarios policiales conocido como el “SEBIN”, y se han visto motivadas inicialmente por la creación del Consejo Nacional de Defensa Judicial, el cual fue establecido por el Presidente encargado, Juan Guaidó, en fecha 10 de octubre del año en curso. Dicho órgano administrativo tiene la misión de garantizar un proceso eficiente y transparente en las contrataciones y los procesos jurídicos que lleva adelante el Gobierno Interino.
Es de destacar que Desde que el Diputado Juan Guaidó asumió la condición de Presidente Interino en enero de 2019, se han registrado más de diez ataques contra su círculo cercano entre los que figuran asistentes, personal de seguridad y asesores. Resaltan los casos de (i) el ex secretario de la Asamblea Nacional y jefe de su despacho, Roberto Marrero quien lleva más de 420 días detenido, incomunicado y en una delicada situación de salud en la sede del SEBIN , (ii) el de su tío, Juan José Márquez, detenido e incomunicado en la sede del DGCIM, tras su regreso de la gira internacional en la cual acompañó al Presidente (E) el 11 de febrero , y (iii) en fecha 29 de marzo ocurrió la detención arbitraria y posterior liberación de (i) la pareja sentimental, Andrea Bianchi y (ii) dos empleados -Rómulo García y Victor Silio- del Sr. Rafael Rico, miembro del equipo del Presidente (E) Juan Guaidó Esto, como un intento de represalia por no haber ubicado a Rafael Rico en su vivienda para su respectiva detención arbitraria . Así, no resulta de extrañar el modus operandi empleado en cuanto a la detención arbitraria de su esposa e hijos.
Todas estas detenciones se producen en el marco de la pandemia por COVID-19, la cual ha afectado de manera virulenta y diferenciada a Venezuela. Contrario a las recomendaciones de la CIDH y el ACNUDH, la usurpación no ha sido racional y comedida con el uso de las detenciones policiales por parte de Grupos de Exterminio. Bien es de conocimiento público que no es coherente con la situación de emergencia sanitaria internacional el potenciar el número de detenidos. Esto se convierte en una variable aún más grave si se tiene en cuenta que existe un patrón de persecución del cual se está valiendo el Poder Fáctico.
La Comisión Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas está convencida de que esta nueva detención responde a ese mismo patrón de persecución. De tal suerte que advertimos a la opinión pública la necesidad de evaluar estos hechos considerando las detenciones contra personas que se encontraban en situación similar a la de Vicente Borjas y sus familiares acaecidas hace algunos meses. En el caso en concreto, los hechos denunciados acaecieron de la siguiente forma:
Respecto de Gabriel Gallo y sus familiares: En fecha 12 de octubre 2020, cerca de las 3:00 PM, dos vehículos pertenecientes al Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) ingresaron a una urbanización ubicada en la Ciudad de San Felipe, estado Yaracuy. Allí se encuentra el lugar de residencia de Gabriel Gallo, quien actualmente se encuentra fuera del país. Los funcionarios del SEBIN se presentaron con una orden de allanamiento a nombre del antiguo propietario de la vivienda, siendo que el nombre de la persona a allanar en el documento se encontraba absolutamente vacío. Una representante inmobiliaria junto a la abogada del condominio, increparon a los funcionarios, quienes sostuvieron que independientemente de que la viviendo estuviese arrendada y el abogado Gallo ya no estuviese allí, debían proceder con el allanamiento, afirmando que habría acaecido un supuesto de complicidad financiera para actos de terrorismo. En este punto, la administradora y la abogada previamente referidas fueron llevadas en calidad de testigo por largas horas, personas de edad avanzada.[1] En el pasado, concretamente en el 2008, su padre, Gabriel Vicente Gallo fue secuestrado. El 18 de agosto de 2016, su hermano, José Enrique Gallo, fue asesinado.
Más recientemente, en 2019, su madre, Laura Beatriz Gallo, fue imputada con delitos de hasta 25 años de prisión por participar en protestas pacíficas.
Respecto de David Natera y sus familiares: no sufrió ataque directo en su persona, pero si en su padre (quien lleva su mismo nombre) y funge como director del Correo del Caroní en Venezuela. Este fue detenido por efectivos del SEBIN, luego de que su casa fuera allanada durante más de dos horas al confundirlo con su hijo. El allanamiento fue liderado por el funcionario del SEBIN César Chávez, y durante el proceso nunca hubo un fiscal presente, lo cual obliga a cuestionarse si realmente el ministerio público está actuando como director de los procesos penales (tal y como lo mandatan la Constitución y las leyes venezolanas) o si los organismos administrativos policiales, que deberían estar supeditados a la ley, actúan forajidamente y bajo su propio y libre arbitrio. Durante el interrogatorio, al Dr. Natera le mostraron fotografías de sus familiares cercanos, todo ello con el objeto de amenazarle.
Respecto de Jonathan López y sus familiares: A pesar de que el Abg. López se encuentra en los Estados Unidos, la mañana del 12 de octubre fue realizado un allanamiento e incautación del inmueble de; domicilio principal de su madre en el estado Nueva Esparta. Una comisión del (SEBIN) dirigida por el comisario Jean Carlos García presentó una orden de allanamiento a la dirección de la casa.
Los funcionarios entraron a la propiedad, llevándose consigo varios bienes inmuebles Posteriormente los funcionarios fueron a otro inmueble propiedad de López. Sin reparar en esta circunstancia, los funcionarios allanaron el inmueble, y llevaron consigo a los inquilinos a los efectos de tomar declaraciones. Dichas personas hasta el momento se encuentran bajo amenaza de desalojo, aunque no han ejecutado la acción.
El 13 de octubre, las autoridades de facto allanaron en la ciudad de Caracas un apartamento el cual pertenece a la suegra del Sr. López. El 14 de octubre fue allanada la casa del padre de una persona con la que el Sr. López mantuvo una sociedad mercantil en el pasado, y la cual lleva muchos años disuelta. Finalmente, el 15 de octubre fueron allanadas las oficinas de la firma de abogados “GlobalJuris” lugar donde laboró el Abg. López mientras vivió en Venezuela.
Respecto de Freddy Orlado y su familia: El señor Orlando denunció ataques directos por parte de cuerpos del régimen siendo que reportó que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), allanó su apartamento sin orden judicial, y se llevaron una computadora de escritorio, una laptop, carpetas con documentos de propiedad de vehículo y apartamento, cuadros de pintores venezolanos y bloquearon su cuenta bancaria y la de su esposa.
Respecto de Arghemar Pérez: El Sr. Pérez lleva seis (6) años fuera de Venezuela, empero, un inmueble de su propiedad ubicado en la ciudad de Caracas fue allanado por funcionarios del SEBIN, quienes sin orden judicial ingresaron a su casa y procedieron con pesquisas por un tiempo de tres (3) horas aproximadas.
Respecto de Romer Rubio y familiares: Posteriormente, en el estado Zulia, Romer Rubio también realizó una denuncia similar. Aseguró que la residencia de sus padres fue allanada por efectivos del régimen, y que afortunadamente sus padres se encontraban bien. Él no vive allí.
Respecto de Rafael Domínguez: El Sr. Domínguez no forma parte del Consejo, pero es Director de Relaciones Internaciones de la Asamblea Nacional y recién nombrado Embajador ante Las Bahamas. Denunció la noche de este lunes 12 de octubre de 2020 que efectivos policiales del régimen de Nicolás Maduro allanaron su residencia en Caracas[6], la cual ocurrió casi a la par del allanamiento a las residencias del director del Correo del Caroní, David Natera, y el coordinador regional de Voluntad Popular en Yaracuy, Gabriel Gallo.
Como es posible extraer de todas estas narraciones fácticas, el fenómeno común que comparten las víctimas y sus familiares es el hecho de haber sido recientemente nombrados para determinadas responsabilidades en el Gobierno Interino, cosa perfectamente legítima y para la cual esta constitucionalmente habilitada la Asamblea Nacional. Por tanto, la criminalización de estos actos responde a una finalidad arbitraria propia de estados totalitarios, siendo aún más despreciable el hecho de hacerse extensiva estas represalias hasta familiares e incluso, inquilinos, en nada relacionados con estos hechos.
Por tanto, para la Comisión Presidencial resulta inaceptable que, en el medio de una pandemia, y en franca violación de recomendaciones formuladas por órganos internacionales de protección, el Poder Fáctico del Sr. Nicolás Maduro Moros insista en allanar las residencias, hostigar y amenazas a personas disidentes y miembros del Gobierno Interino sin que medien garantías procesales de ningún tipo.
La Comisión Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas reitera su preocupación ante esta coyuntura, especialmente por el riesgo que entraña dicha situación en un contexto de emergencia humanitaria compleja y de crisis sanitaria producto de la pandemia. Debe condenarse con contundencia que este tipo de hechos se hagan extensivos hasta familiares.
Es en razón de lo anterior es que la Comisión Presidencial ha decidido colocar en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) esta lamentable circunstancia. De esta manera se nutre, por un lado, los informes país que la CIDH está desarrollando tras su visita in situ de febrero del año en curso, así como se complementa la función de monitoreo del ACNUDH y la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos.
De esta manera, en la medida que la usurpación continúe incurriendo en prácticas deleznables y atroces de violaciones de derechos humanos, la Comisión Presidencial para Derechos Humanos continuará denunciando e informando a los organismos internacionales de protección para que actúen en consecuencia.La defensa de las instituciones democráticas y la fiscalización de fondos públicos, lejos de ser un delito, es un imperativo moral y un deber ciudadano. Ninguno de los afectados, por tanto, es responsable de delito alguno.
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