Nicolás Maduro y otros miembros de su gabinete fueron acusados este miércoles por las Naciones Unidas (ONU) de perpetrar crímenes contra la humanidad.
Según una investigación elaborada para el Consejo de Derechos Humanos de la organización, el régimen venezolano ha suministrado ayuda esencial para llevar a cabo ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura desde 2014.
El informe de 443 páginas señala como responsables directos de estos crímenes a Maduro, así como también a Diosdado Cabello; y a los ministros de Interior y Defensa, Néstor Reverol y Vladimir Padrino López, respectivamente, entre otros altos funcionarios.
El canciller del régimen, Jorge Arreaza, dijo en Twitter que el informe está “plagado de falsedades” y procede de “una misión fantasma dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington”.
“Esperamos que el gobierno de Venezuela lea el informe y tome en serio recomendaciones que hacemos en él. Según el derecho internacional y de acuerdo con la misma legislación local, el Estado venezolano es el principal responsable de estos crímenes y sus autores deben responsabilizarse”, le dice a BBC Mundo la jurista Marta Valiñas, presidenta de la misión a cargo de la investigación.
“Este tipo de violaciones deben acabar y las víctimas de estos crímenes deberían recibir reparaciones”, agrega.
Pero más allá de las recomendaciones que ofrece el informe, expertos hablan de sus posibles consecuencias.
«Son crímenes que la CPI puede juzgar»
Marco Roscini, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Westminster, en Londres, explica que hay tres posibles escenarios tras la publicación del informe.
El primero de ellos es que se involucre la Corte Penal Internacional en La Haya (CPI), que juzga casos de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad.
«Este informe habla de crímenes de lesa humanidad de varios niveles: ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, etc. Son crímenes que la CPI puede juzgar. Pero tienen que ser crímenes graves. Es poco probable que la CPI acepte juzgar un caso de tortura o dos», le dice el jurista a BBC Mundo.
La CPI primero suele llevar a cabo investigaciones preliminares, que en el caso de Venezuela ya comenzaron en febrero de 2018. El objetivo de este tipo de pesquisas es determinar si la CPI debe proceder a realizar una investigación completa.
«Luego, si los investigadores recogen pruebas de crímenes lo suficientemente graves, de casos donde los crímenes de lesa humanidad son una política de Estado y la tortura se utiliza como herramienta política y no como situación individual, se abre un caso», explica Roscini.
Aunque este tipo de informes pueden ayudar a recoger evidencia, los investigadores de la CPI llevan a cabo sus propias pesquisas.
Y como miembro de la CPI, Venezuela tiene la obligación de cooperar con el caso.
Lo que dice la jurisdicción universal
En el largo plazo, el informe de la ONU tendrá consecuencias para Maduro, Cabello y los demás funcionarios involucrados, según el profesor de la Universidad de Westminster.
«Cuando se trata de crímenes tan graves también existe lo que se conoce como la jurisdicción universal. De acuerdo con el derecho internacional, cualquier tribunal en el mundo podría iniciar investigaciones y enjuiciamientos en contra de estas personas, incluso si se encuentran en otro país y si el delito se cometió en el extranjero».
Esto implica que si viajan a estos países en donde tienen un proceso abierto, corren el riesgo de ser encarcelados.
Pero Roscini destaca que normalmente esto solo ocurre cuando tienen al acusado bajo custodia.
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