Solo en el mes de enero, 25 casos de feminicidio se han reportado en Venezuela, una cifra muy alta en tan corto tiempo y que evidencia el alto nivel de discriminación estructural contra la mujer y la impunidad reinante.
La Comisión Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas manifestó su preocupación por estas estadísticas, más aún por la crisis humanitaria compleja.
Según Presidencial ve, los 25 asesinatos se registraron en los estados Aragua, Carabobo, Delta Amacuro, Falcón, Miranda, Trujillo, Vargas y Zulia . La mayoría perpetrados por sus parejas y exparejas.
Para la instancia creada por el Despacho de la Presidencia de Juan Guaidó, este delito no es nuevo ni aislado. De acuerdo con encuestas efectuadas en 2019, en Venezuela 37,02% de las mujeres afirmó haber sufrido algún tipo de violencia. El 18,67% reportó violencia verbal y psicológica, 16,56% violencia física y 1,82% reportó haber sido víctima de violencia sexual. En el 58.6% de los casos, los victimarios fueron sus parejas actuales, en el 7,7% las parejas anteriores, en el 18.7% fueron familiares directos.
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Actualmente solo hay 4 casas de abrigo para mujeres víctimas de violencia en Venezuela en los Estados Aragua, Cojedes, Sucre y Trujillo, sin embargo solo dos permanecen abiertas y con graves dificultades de funcionamiento .
Ante la emergencia humanitaria se ha incrementado la violencia sexual por el tráfico ilícito de personas, en particular de mujeres y niñas en los estados Anzoátegui, Miranda, Táchira, Vargas y Zulia. En la región Guayana venezolana, específicamente en el Arco Minero, se ha destacado la explotación sexual de indígenas.
En el exterior las migrantes y refugiadas venezolanas se encuentran en una situación de gran riesgo de ser víctimas de redes de tráfico de personas . Es pertinente mencionar los casos de violencia sexual por razones políticas: de 88 casos documentados de detenidas en manifestaciones y protestas, 53 personas sufrieron algún tipo de agresión sexual en 2017.
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La Comisión Presidencial de Derechos Humanos y Atención a las Víctimas hizo un llamado a que se cumplan las reparaciones pertinentes exigidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso López Soto vs. Venezuela. La instancia exigió la redacción del reglamento de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, además, pidió que se realicen capacitaciones y cursos desde una perspectiva de género sobre los estándares de debida diligencia y enjuiciamiento y la activación de los tribunales de violencia contra la mujer.
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