La abogada, Tamara Suju ya había denunciado en marzo de este 2019 a Abel Reinaldo Angola García, como uno de los esbirros de la dictadura de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI).
#Venezuela. DGCIM, Torturador 6. Es es el Tte de Navio ABEL ANGOLA, alias AURELiANO. Inspector Jefe , es decir, Inspector Torturador. Credencial 4874. Acusado en la @IntlCrimCourt @CIDH @Almagro_OEA2015 pic.twitter.com/AXw2MNEtFA
— Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) March 22, 2019
El informe manifiesta que la implantación del llamado «sistema torturador» en el país depende de una cadena de mando. “Todas sus Instituciones se han hecho parte importante para que ello ocurra. El Poder Ejecutivo, es quien da la orden de reprimir y perseguir a través de sus dos organismos de inteligencia, el Sebin y el Dgcim, adscritos a la Vicepresidencia de la República, y quienes este año 2018, tuvieron el mayor protagonismo en la ejecución de la Tortura”.
El Instituto Casla destaca al Consejo Moral Republicano integrado por la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría, como instituciones coaptadas que lejos de cumplir con sus funciones son meras herramientas del Ejecutivo, junto al “Sistema de Justicia” venezolano, para cumplir sus órdenes persigue a la disidencia, y omite las denuncias de Crímenes de Lesa Humanidad y fomenta la impunidad por la falta de castigo ante la comisión de estos crímenes, reseñó El Estímulo.
El texto nombra a responsables directos de la cadena de mando desde el jefe de gobierno Nicolás Maduro, así como los vicepresidentes Delcy Rodríguez y su sucesor Tareck El Aissami. Según Casla, la vicepresidencia era el organismo directamente al mando de los cuerpos de las Fuerzas Armadas Nacionales y de los órganos de Inteligencia, Sebin y Dgcim, que en la mayoría de los casos fueron denunciados, por persecución, detención arbitraria, desaparición forzada y torturas de oficiales y civiles.
El reporte solicita que la Corte Penal Internacional investigue a otras personas en la cadena de mando que son consideradas responsables por estos crímenes de lesa humanidad como lo son: El general de División Manuel Cristopher Figuera, director del Sebin y anteriormente sudirector del Dgcim y director del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria; general de Brigada de la Guardia Nacional, Ramón Balza Liotta, Jefe de Apoyo a la Investigación Penal y Criminalística.
Casla también señala al coronel del Ejército Rafael Antonio Franco Quintero, director de Investigaciones de la Dgcim, coronel Carlos Enrique Terán Hurtado, director del Dgcim en el estado Táchira; el capitán de Fragata de la Armada Abel Reinaldo Angola García, jefe de Investigaciones penales del Dgcim y el mayor de la Guardia Nacional Alexander Gramcko Arteaga, director de Asuntos Especiales del Dgcim.
Más víctimas, más dolor
En total desde 2013 se han documentado 536 casos de torturas. Según la institución entre 2013 a 2017, de las 430 personas torturadas 404 han sido civiles y 26 provienen de la Fuerza Armada Nacional. Mientras que en los testimonios de 2018, de los 106 torturados 65 personas son militares y 41 civiles. Lo que demuestra el temor a la rebelión o conspiración, un elemento que no se había registrado previamente.
Sujú solicitó a la Corte Penal Internacional se contemple la posibilidad de conformar una “misión en el terreno” en Venezuela, mientras trascurre el Examen Preliminar, con el fin de que la Corte realice las consultas necesarias con las autoridades competentes y las partes interesadas. La petición responde a la repetición del crimen de la tortura. Sus víctimas siguen sometidas a este crimen, a pesar de tener medidas de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la opinión del Grupo Contra la Detención Arbitraria del Alto Comisionado de Naciones Unidas.
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