La muerte del bebé Yaelvis Santoyo Sarabia, de un año y cuatro meses de edad, desnuda nuevamente las políticas represivas del Gobierno de Trinidad y Tobago para atender la migración irregular de venezolanos hacia sus costas. Según cifras de Acnur para enero de 2022, existen 21.611 personas registradas en la isla. 86,5%, es decir, 18.694 son venezolanos.
La alerta provino de la cuenta Twitter del abogado Orlando Moreno el sábado 5 de febrero. Una embarcación, conocida en Venezuela como peñero, fue tiroteada por guardacostas de Trinidad y Tobago. El resultado: una madre herida y su hijo, de un año y cuatro meses de edad, fallecido.
La alerta provino de la cuenta Twitter del abogado Orlando Moreno el sábado 5 de febrero. Una embarcación, conocida en Venezuela como peñero, fue tiroteada por guardacostas de Trinidad y Tobago. El resultado: una madre herida y su hijo, de un año y cuatro meses de edad, fallecido.
La historia del bebé Yaelvis Santoyo Sarabia es una de las tantas caras de la migración venezolana. En este caso, el de una reunificación familiar frustrada por las políticas represivas trinitarias y la precariedad de los que huyen por las fronteras.
Las detenciones y deportaciones de adultos y menores de edad venezolanos no son nuevas en Trinidad y Tobago, pero sí altamente criticadas por agencias internacionales dedicadas a la niñez, derechos humanos, migraciones y refugiados. El último gran incidente se registró el 22 de noviembre de 2020, cuando 16 niños fueron devueltos prácticamente solos desde ese país a costas venezolanas, tras ser interceptados y detenidos por la Guardia Costera.
En ese momento, organizaciones como Human Rights Watch (HRW) recordaron al gobierno de Keith Rowley que las políticas para prevenir el aumento de casos de covid-19 no eran excusa para realizar acciones “que violan el derecho internacional”.
Para enero de 2022, había 21.611 personas registradas en la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en TT. De estas, 18.694 personas son venezolanas. 15.413 son solicitantes de asilo y 3.182 son refugiados.
Mientras que la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), hasta julio de 2021, ubicaba a 28.478 venezolanos en la isla bajo alguna de estas condiciones.
Uno de esos migrantes es Yermi Santoyo, de 28 años y padre de Yaelvis, quien se encontraba en ese país junto a varios miembros de la familia de su esposa. Este año la mandó a buscar junto a sus dos hijos, luego de tener un mínimo de estabilidad como él mismo ha reconocido en entrevistas, para mantenerlos en la isla.
Ahora se debate entre quedarse en Trinidad o regresar a Venezuela. «Yo me vine para asegurarle un futuro a mis hijos. Y mira lo que nos pasó», dijo.
Desde el 17 de junio de 2019, los venezolanos necesitan un visado para entrar en Trinidad y Tobago. Este requisito pone trabas a los migrantes, especialmente los de menores recursos, quienes se ven obligados a navegar por rutas inseguras e informales.
Mayday Confavidt, una organización creada por familiares de migrantes desaparecidos, contabiliza 139 personas extraviadas en naufragios en las costas venezolanas. 2019 fue el annus horribilis cuando se registraron casi 100 personas desaparecidas.
Los naufragios y detención de embarcaciones continuaron en 2020 y 2021. Entre el 24 y 25 de abril del año pasado se registró la zozobra de una embarcación. Tres venezolanos fallecieron.
En diciembre desaparecieron al menos 10 personas a bordo del bote Amiyah, entre ellas una niña de tres años, que salió de la población de Chaguaramas (Trinidad) con destino a las costas de Güiria, en un recorrido de más de 80 kilómetros. Ese mismo mes fueron detenidos y deportados cuatro venezolanos, dos menores de edad, cuando trataron ingresar a ese país de forma irregular.
«El establecimiento de vías regulares y seguras, a través de visados humanitarias y la reunificación familiar, así como la implementación de sistemas de ingresos sensibles a la protección y mecanismos de recepción adecuados, pueden prevenir el uso de rutas irregulares, el contrabando y la trata», dijo en ese entonces Eduardo Stein, enviado conjunto de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Acnur.
Pero las recomendaciones de organizaciones internacionales han quedado olvidadas por las autoridades trinitenses. Para Carlos Trapani, abogado y coordinador general de Cecodap, esta acción forma parte de un «patrón sistemático de criminalización, xenofobia y persecución del migrante venezolano».
Desde Cecodap recuerdan que las autoridades trinitenses han puesto en riesgo no solo a niños sino a adultos al someterlos a acciones que atentan contra su vida y derechos fundamentales.
En marzo de 2021 se abrió un periodo de registro para los migrantes irregulares en ese país. Miles de venezolanos no pudieron acceder a estas políticas debido a que el registro solo estaba disponible para aquellos que ya habían hecho un proceso similar en 2019.
«Un padre o madre no se lanza a altamar por gusto o turismo para conocer Trinidad y Tobago. Se lanza como una opción de supervivencia frente a condiciones muy duras y precarias que están viviendo en Venezuela», recuerda Trapani.
55 niños venezolanos fueron deportados en 2020 de Trinidad y Tobago. De ese grupo, 16 fueron deportados sin la compañía de sus padres o representantes, lo que viola la Convención sobre Estatuto de Refugiados. En 2021, y según cifras de Acnur, 70 niños fueron retornados a su país de origen.
El «incidente»
La Guardia Costera de Trinidad y Tobago, en un comunicado, aseveró que el TTS Scarborough detectó una embarcación que cruzaba aguas desde Venezuela hacia la costa sur de ese país. Se dieron varias voces de alto y advertencias antes de proceder a disparar contra la embarcación que transportaba a los venezolanos que, supuestamente, intentaba embestir y evadir su captura.
Pero los abogados Criston Williams y Siddiq Manzano dijeron al diario Newsday que después de entrevistar a tres de los migrantes que viajaban en el barco, hubo diferencias clave en su versión de los hechos y el informe de la Guardia Costera.
Manzano dijo que los migrantes negaron haber intentado embestir a uno de los botes de la Guardia Costera y afirmaron que un motor defectuoso les impidió intentar escapar. Tampoco escucharon bocinas o megáfonos. Solo vieron las bengalas, una apuntada al cielo y otra al bote y, posteriormente, escucharon la ráfaga de disparos.
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