Tras el contundente y extenso informe presentado por la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, instancia creada por el Consejo de Derechos de la ONU, la Asamblea Nacional, exhorta a la Corte Penal Internacional (CPI) actuar contra los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura de forma sistemática y como una política de Estado, con el propósito de “aniquilar la alternativa democrática en Venezuela”.
Luz verde para matar
El debate del informe, contó con la participación de Miguel Pizarro, Comisionado presidencial para la Organización de las Naciones Unidas, quien opinó que el informe corrobora de “forma nítida, la sistemática violación de los derechos humanos es una política de estado que tiene como objetivo acallar, destruir o minimizar la disidencia opositora venezolana”.
Agregó que el informe determina las responsabilidades individuales, cadenas de mando y conductas. “Nicolás Maduro, Néstor Reverol, Padrino López y Diosdado Cabello, son responsables directos de dar órdenes para realizar detenciones arbitrarias, desapariciones y, en muchas casos también, conocen la violación de los derechos humanos y no hacen absolutamente nada para evitarlo”.
Recalcó que el informe no solo tiene recomendaciones importantes, sino que cierra con el exhorto a la Corte Penal Internacional y los estados miembros de la ONU “que profundice y sustancie las investigaciones penales contra los responsables señalados anteriormente”.
“Este informe hace justicia al esfuerzo de visibilización de muchos actores y sobre todo de muchas denuncias que en esta Asamblea Nacional se han hecho durante mucho tiempo”, subrayó al mismo tiempo añadió “que este es un paso a la dirección correcta para la justicia”.
Pizarro explicó que la investigación gráfica como en “Venezuela hay licencia para matar” y revela como los organismos de las Faes y PNB usan con alevosía “el código 80, ordenado por la cadena del mando para asesinar extrajudicialmente a personas”.
“El Nicolás Maduro que los venezolanos enfrentamos, es el Maduro que está narrado y dibujado en este informe, quien utiliza todas las herramientas del Estado para intentar acabar con cualquier forma de disidencia o expresión”, aseveró, el funcionario del gobierno interino de Venezuela.
Alabó la valentía, resiliencia y el ejercicio permanente de documentación, visibilización que han hecho sobrevivientes, víctimas, familiares, y funcionarios activos en los organismos de seguridad que decidieron sin importar la represión y persecución, compartir sus testimonios con los expertos de verificación de hechos y los relatores de la Misión de la ONU.
“Justicia para las víctimas, honor para los caídos y memoria”, insistió Pizarro.
Tortura
El diputado exiliado Rosmit Mantilla, acentuó que el informe presentado por la Misión independiente de la ONU, evidenció que la “tortura es política de estado” para el “régimen narcotraficante” de Nicolás Maduro y aseguró que la única solución posible es la instauración inmediata de un Gobierno de Emergencia Nacional que restituya el respeto de los derechos humanos y sea garante de procesos oportunos para alcanzar la justicia.
Admitió que formó parte de la investigación rindiendo testimonio de su experiencia cuando estuvo preso en el año 2016, comentó que les afirmó al grupo de expertos de la ONU que en el Sebin y en las “cárceles políticas” de Nicolás Maduro, aplican técnicas de tortura que incluían: asfixia con el uso de bolsas plásticas llenas de excremento, quemaduras en las parte intimas, descargas eléctricas, golpes con bates, cortes y mutilaciones, violación sexual, amenazas de muerte, violencia psicología, y aislamiento.
“El día de ayer, fue un día de dignidad y fuerza para las víctimas de la tortura tratos crueles y vejatorios en Venezuela; para pedir y recordar la libertad de los hermanos Guevara, los policías metropolitanos, el capitán GN Juan Carlos Caguaripano, así como también es un día digno para la familia de Rodolfo González, Fernando Albán y la memoria de Oscar Pérez”, expresó.
Genocidio
En su intervención, diputado Omar González, calificó como “demoledor” el informe de la ONU, el cual confirma que el régimen de Nicolás Maduro comete un genocidio en Venezuela y recordó que desde que, el chavismo llegó al poder más de 300.000 venezolanos han sido asesinados.
“Con este informe, la ONU no tienen excusa para aprobar la Doctrina de Responsabilidad de Proteger por el Consejo de Seguridad de la ONU; así como también, la OEA, para no aplicar el artículo 8 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y nosotros tampoco, en la Asamblea Nacional tenemos excusa para la no aprobación del artículo 187 numeral de la Constitución, un mandato que necesita el pueblo venezolano para el restablecimiento de la paz y estabilidad en el país”, apuntó.
Según las investigaciones de la ONU registradas en el informe uno de cada 10 homicidios cometidos en el país, fueron perpetrados por policías y militares de los cuerpos de seguridad del régimen, quienes a su juicio esos “hombres y mujeres que trabajan para el régimen son un manantial de odio feroz contra la oposición y todos los seres humanos”.
González recordó que Venezuela pasó a tener la tasa más alta de índices de homicidios en el mundo. “Son cometidos 60 asesinatos diarios por cada 100.000 habitantes y lo que es peor, es que un tercio de esos crímenes han sido perpetrados por los cuerpos de seguridad y cuyas víctimas son jóvenes entre 14 y 19 años de edad.
Condenó que algunos gobiernos e instituciones internacionales rechacen que se aplique la palabra genocida a esta dictadura. “La muerte volvió a clavar sus dientes en Venezuela, así como sucedió en Armenia, Ruanda, Ucrania, Camboya o en China, donde la indiferencia del mundo permitió que se cometieran los más crueles genocidios de toda la historia”.
Silenciar la disidencia
Para la diputada Denis Fernández, “este informe evidencia que se viene aplicando una política de silenciar y anular a la oposición venezolana y además de ejecución extrajudicial”.
Subrayó que la ruptura gradual de las instituciones democráticas y del estado de derecho, ha dado lugar a un crecimiento vertiginoso de la “impunidad, crímenes de lesa humanidad, asesinatos, encarcelamientos y otras privaciones graves de la libertad”.
Consideró de suma importancia la recomendación planteada por la Misión con respecto a que la Corte Penal Internacional inicie las investigaciones correspondientes y así las “víctimas puedan obtener oportuna justicia”.
“Este informe es muy importante porque se está conminando a la comunidad internacional a que este atenta para que este observante, vigilante e inicia acciones legales contra los individuos que cometen violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”, resaltó.
Exigen justicia
Prosiguió, el diputado Luis Florido quien leyó el párrafo 164 del informe presentado por el organismo internacional que refleja a “todas luces lo que los venezolanos conocíamos: las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, sino que se le atribuye responsabilidad directa al usurpador Nicolás Maduro y también a sus ministros ilegítimos Néstor Reverol y Padrino López”.
“La Misión tiene motivos razonables para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad en el período examinado”, reza el principio del párrafo 164, y asimismo constata que en el país se han venido produciendo de “manera sistemática y generalizada” asesinatos, encarcelamientos, actos de tortura y de violación, desapariciones forzadas en los últimos seis años y que los mismos formaron parte de “una política para silenciar, desalentar y sofocar la oposición a la dictadura”.
En ese sentido, el parlamentario exhortó que la dictadura debe pagar sus delitos y “rendir cuenta” a los venezolanos y a los órganos de justicia nacional e internacional por los crímenes de lesa humanidad cometidos.
“Esa es la responsabilidad que tenemos con este informe, que no se convierta en letra muerta, sino en acciones concretas, para que aquí respondan los que tengan que responder”, acotó durante la Sesión Ordinaria vía online.
Florido aseveró que “justicia es dar a cada quien lo que corresponde y justicia es que el régimen de Nicolás Maduro le responda a los venezolanos por la acción y por la omisión que ha llevado a esta violación sistemática de derechos humanos contenida en este informe tan detallado sobre las situaciones que han pasado tantos venezolanos durante esta tragedia”.
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