Ante la crisis de la pandemia del COVID-19 que ha provocado la pérdida de empleos en muchos países, afectando a muchos connacionales para prevenir la propagación del virus, la Asamblea Nacional reafirmó su compromiso de seguir gestionando con El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para facilitar la atención, protección y defensa a los derechos humanos fundamentales de los desplazados y refugiados venezolanos.
Así lo destacó, el Presidente (E) de la República de Venezuela y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó quien también aseveró que más de 5 millones de connacionales huyeron de la emergencia compleja humanitaria y crisis económica, política y social generada por el régimen usurpador de Nicolás Maduro quien se aferra irracionalmente al poder e impide la atención y respuesta eficaz a la solución de los problemas de los ciudadanos dentro y fuera de Venezuela.
Atención a los migrantes
El diputado Carlos Valero, señaló que Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Chile y el resto de América Latina, no tienen la capacidad económica para enfrentar esta crisis sanitaria y epidemiológica que afecta notablemente a los sectores sociales y económicos vulnerables en sus países que afecta notablemente no solo a sus ciudadanos, sino también, a la migración venezolana.
En consecuencia, “corresponde actuar en defensa de nuestros hermanos venezolanos, donde todos los representantes del Gobierno Encargado legítimo en el mundo, están trabajando para atender a los migrantes venezolanos, a través de la ONU y ONG´S internacionales implementando mecanismos en defensa para ser frente al chantaje político y violaciones de los derechos humanos”.
En ese sentido, destacó que se ha propuesto el gobierno de emergencia nacional “y por eso tenemos que seguir trabajando intensamente para el cambio político, que se abra todos los canales de financiamiento y coordinación con el mundo entero”, expresó el parlamentario Valero.
Hacinamiento y secuestro en refugios improvisados
La Diputada Gaby Arellano, denunció el hacinamiento y secuestro los miles de venezolanos que cruzaron la frontera colombo venezolana, que se han visto afectados por la paralización global para prevenir más contagios del virus, por parte de la GNB junto a paramilitares afecto al Psuv y grupos armados irregulares colombianos como ELN.
“Niños, ancianos, mujeres embarazadas, están desprotegidos, hacinados, sin comida, agua potable, sin la respectiva atención médica, sin saber cuánto tiempo se van encontrar en ese lugar, en referencia a los refugios improvisados para connacionales para cumplir la cuarentena instalados por el régimen”, alertó durante su intervención en el debate sobre situación de los migrantes venezolanos a consecuencia de la pandemia coronavirus.
Denunció que los connacionales que retornan por San Antonio del Táchira, se han encontrado con una “falsa expectativa” que contradice a las medidas que ha anunciado el protector ilegítimo del estado Táchira, Freddy Bernal, donde evidentemente demuestra que “no existe el protocolo sanitario para recibir los miles de venezolanos que buscan desesperadamente regresar al país”.
La parlamentaria puntualizó que el 80% de los venezolanos que están en el exterior trabajan en la economía e informal. Por lo tanto, aseveró que estos decretos de cuarentena y aislamiento social implementados por los gobiernos de América Latina, “hacen imposible que los connacionales salgan a las calles a trabajar diariamente para conseguir dinero para su sustento”.
Exhortó a la cámara legislativa, elevar una comunicación de manera urgente a la ONU, Acnur, Unicef, con el propósito de activar programas que cobijen y brinden “una mano amiga” a los miles de los venezolanos desplazados y refugiados, que “hoy están mucho más vulnerables” argumentado que “no tienen identificación legal y capacidad de ingreso monetario producto de la cuarentena y el aislamiento”.
A su vez, indicó que, “atender a los venezolanos es tratar de mitigar la propagación del COVID-19, porque hay muchos connacionales que están caminando por las calles de América latina, siendo un riesgo porque podrían ser multiplicadores de la propagación de esta pandemia mortal”.
Alto riesgo de salud pública
Consecutivamente, la diputada Karim Vera exigió que cumplimiento cabal de los protocolos de prevención y el marco epidemiológico que sea obligatorio para evitar que el estado Táchira y el Puente Internacional Simón Bolívar, “se convierta en la puerta de entrada del contagio masivo por COV-19, por no haberse tomado las medidas preventivas y necesarias”.
Denunció que existen (2) dos casos de COVID-19 en el estado Táchira, “estas personas recientemente ingresaron por un paso irregular conocido como ‘trocha’ y otro por el puente internacional Simón Bolívar”.
Cuestionó, el toque de queda en las poblaciones de Ureña y San Antonio del Táchira decretado por el régimen usurpador con la intención de impedir la movilidad de los ciudadanos venezolanos para evitar el contagio por coronavirus, pues a su juicio, esta medida “pretende que grupos subversivos vengan atentar contra la paz de República”
Vera exigió a las autoridades pertinentes, transparencia en la información, en el manejo de los protocolos epidemiológicos para resguardar la salud de los conciudadanos que regresan y estamos en el país, quienes somos víctimas de la emergencia humanitaria compleja, que se ha empeorada por la presencia del COVID- 19 en todo el territorio venezolano.
Gobierno Nacional de Emergencia legítimo
Por otra parte, el diputado Oneiber Peraza, reclamó enérgicamente al régimen usurpador de garantizar transporte, alimentación, atención médica e higiénica a los conciudadanos que retornan a Venezuela, en medio de la pandemia del coronavirus. Ante esta grave situación, ratificó que es necesario constituir el Gobierno de Emergencia Nacional promovido por el presidente Juan Guaidó, que tendrá como prioridad prestar la debida atención a las necesidades de los venezolanos, sin distinción política, social y económica.
Al finalizar, la diputada Milagros Eulate, hizo un llamado a los jefes de estado, OEA, ONU, OIM y organismos multilaterales apelar a la humanidad y solidaridad con la diáspora venezolana que está indefensa en el exterior ante la crisis epidemiológica del COVID-19 y quienes han salido del país debido a la destrucción del sistema económico y productivo ejecutado por el régimen en la nación.
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