Desde 1974, cuando se instituyó el salario mínimo obligatorio en Venezuela, por primera vez el monto devengado por los trabajadores es inferior a 1 dólar mensual.
Por Banca y Negocios
Con el cambio oficial en 414.379,05 bolívares por unidad, el ingreso básico imputable a prestaciones cayó al mínimo histórico de 0,97 dólares al mes.
Con el cestaticket adicional de 400.000 bolívares -un ingreso básico integral de 800.000 bolívares -el monto mensual sube a 1,93 dólares. De continuar la escalada de los precios del dólar, posiblemente este ingreso termine el mes en alrededor de 1,35 dólares en un escenario conservador.
En mayo de 1974 el salario mínimo se estableció en 450 bolívares que a la tasa de cambio oficial eran equivalentes a 105 dólares mensuales, con una inflación de 8,27% anual y un crecimiento de la economía no petrolera de 9,8%.
El registro del economista Pedro Palma en su ensayo «La Economía Venezolana en el período (1974-1988): ¿Últimos años de una economía rentista?», indica que en ese primer año de salario mínimo obligatorio, los ingresos por exportaciones ascendieron a 11.290 millones de dólares y las importaciones fueron de 3.876 millones, lo que da una clara idea de una economía en buenas condiciones, al inicio de un histórico boom petrolero.
En los últimos 20 años, cuando se ha recrudecido la presión inflacionaria, se han registrado 79 ajustes del salario mínimo; sin embargo, es de lejos el período en el que el ingreso básico se ha devaluado más.
En rigor, el salario mínimo es una unidad de valor que no opera para el sector privado de la economía, que en promedio paga entre 35 y 45 dólares mensuales como ingreso mínimo promedio; sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha traído una grave paralización de la economía -a pesar del plan 7+7- que ha inducido recortes de nómina y ha congelado los ajustes salariales.
Para alrededor de 2.750.000 empleados públicos el salario mínimo sí representa un valor efectivo, porque la escala de las remuneraciones lo utiliza como unidad de valor, pero los mayores perjudicados son los cerca de 5.000.000 de jubilados y pensionados que perciben un salario mínimo mensual como ingreso.
Cuando comenzó el proceso bolivariano, en 1999, el expresidente Hugo Chávez se encontró con un salario mínimo vigente equivalente a 337,17 dólares mensuales. El primer ajuste de su primer período al frente del gobierno elevó esta remuneración a 347,8 dólares.
El monto máximo al que llegó el salario mínimo, expresado en dólares, en 21 años fue 417,6 dólares mensuales en julio de 2001. A partir de 2013 se ha acentuado la devaluación agresiva del salario que en mayo de ese año bajó de 100 dólares mensuales, hasta llegar a menos de 1 en la actualidad. Desde el máximo histórico, expresado en divisas estadounidenses, la caída hasta este 25 de septiembre ha sido de 99,76%.
– ¿Aumento a la vista? –
Ante esta situación, y con la campaña electoral adelantada de cara a las parlamentarias del 6 de diciembre que promueve Maduro, fuentes políticas chavistas hablan de la necesidad urgente de un incremento «sustancial» del salario mínimo, que debería producirse en octubre. El ingreso básico no se ajusta desde enero.
Hasta ahora, la historia reciente indica que, en promedio, los aumentos del salario mínimo colocan el ingreso, en su primer mes de aplicación, en entre 5 y 7 dólares mensuales. En concreto, cada incremento es más insuficiente que el anterior y se devalúa a una mayor velocidad.
Las mismas fuentes indican que también se están produciendo presiones para introducir cambios en la política cambiaria, porque hay un sector del oficialismo que no entiende cómo no se establecen más controles sobre la compraventa de divisas y el tipo de cambio, en medio de un estado de emergencia por la pandemia de COVID-19.
El debate es complejo, porque la liberación de la circulación de divisas, prevista en el Convenio Cambiario N° 1, es la que ha permitido un pequeño flujo de importaciones, básicamente privadas, que, considerando la reducción de los mercados de consumo, está permitiendo un abastecimiento razonable de bienes.
Obviamente, también está el argumento de fondo: el gobierno no cuenta con un flujo de divisas que le permita regresar a un esquema de otorgamiento directo de dólares, que está descartado, ni regular el mercado, por lo que su capacidad de control es limitada.
Por ahora, parece que se impone una corriente más «liberal», pero no está claro si, ante un aumento más agudo de la cotización del dólar, tanto en las mesas cambiarias como en el mercado paralelo, se retome alguna política de control, visto que la estrategia de intervención cambiaria del Banco Central de Venezuela no está surtiendo ningún efecto.
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