“Ante la imposibilidad de derrocar al gobierno bolivariano, los agresores contra Venezuela coordinan sus acciones mediáticas. Artículos del The New York Times y otros medios, así como un infame informe de Human Rights Watch, buscan nuevamente aumentar la presión intervencionista”. Eso dice el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza. ¿A qué se refiere?
Por Daniel Gómez | ALnavío
La guerra entre la Fuerza Armada de Venezuela y un grupo irregular de la frontera con Colombia acumula más de un mes. En este tiempo, la desinformación se ha impuesto ante las versiones parcializadas que llegan desde uno y otro lado, así como el oscurantismo con el que se trata la información.
El bando oficialista no ha ofrecido un relato certero del conflicto. Habla de grupos paramilitares financiados por la oligarquía colombiana, sin aportar pruebas. Lo mismo ocurre desde la oposición más radical en Venezuela, que asegura que el conflicto es culpa únicamente de Nicolás Maduro por amparar a las guerrillas de izquierda en su territorio.
Mientras se echan culpas de uno y otro bando, la realidad se impone.
Los combates han provocado el desplazamiento de 6.000 venezolanos al departamento colombiano de Arauca, y lo más trágico: la muerte de civiles, guerrilleros y militares por culpa del conflicto.
Con el fin de arrojar luz, la ONG Human Rights Watch (HRW) y reporteros del The New York Times recolectaron testimonios de civiles en las zonas de conflicto con el fin de descifrar lo que ocurre en la frontera.
Los testimonios de HRW
En el reporte de Human Rights Watch se leen testimonios que justifican “atrocidades” cometidas por militares venezolanos.
“Las atrocidades cometidas contra residentes de Apure no son incidentes aislados por agentes insubordinados, sino que son consistentes con los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad de Maduro. Las investigaciones internacionales de estos crímenes son fundamentales ante el volumen creciente de evidencias que implican a los agentes que han cometido abusos, así como a los comandantes y altos funcionarios que sabían o deberían haber sabido lo que ocurría durante estos operativos”, apuntó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
Cuando Vivanco habla de evidencias se refiere al testimonio de Emir Remolina.
Emir Remolina, de 26 años, es hijo de Luz Dey Remolina y Emilio Ramírez, muertos por heridas de bala en la frontera con Colombia el pasado 25 de marzo.
Emir Remolina cuenta que el día en que mataron a sus padres pasó por su vivienda en la mañana. Allí los vio, tranquilos, en buen estado. Pero en la tarde comenzó a inquietarse, pues advirtió que había muchos agentes de las fuerzas de seguridad en las calles, así como francotiradores en los techos.
Por la preocupación intentó varias veces llamar a sus padres por teléfono. Nunca le respondieron. Más tarde acudió a su casa. No había nadie allí, pero sí señales sospechosas: artículos domésticos destruidos, otros desaparecidos, una motocicleta que no estaba…
¿Qué había pasado?
“Los vecinos le dijeron que agentes de las FAES se habían llevado vivos a sus padres, con las camisetas cubriéndoles la cabeza, y los habían subido a un tanque blindado.Varias horas después, Emir vio mensajes y fotografías que circulaban en grupos de WhatsApp informando que las FAES habían matado a una familia en una finca cerca de la zona rural de El Ripial, aproximadamente a 1,5 kilómetros de donde vivían sus padres. Las imágenes, a las cuales tuvo acceso Human Rights Watch, mostraban los cuerpos en el suelo, boca arriba y con armas cerca de las manos. Emir los reconoció como los cuerpos de sus padres, su hermano y su tío”, se lee en el informe.
Pero el caso no termina aquí. Después de la muerte de los padres de Emir, las autoridades venezolanas informan haber “neutralizado” a seis guerrilleros en El Ripial, sin aportar más datos.
¿Eran guerrilleros los padres de Emir?
“Al menos 13 personas de La Victoria dijeron a Human Rights Watch que los familiares de Emir no eran guerrilleros sino campesinos que habían vivido y trabajado allí por más de 15 años. Tres personas de El Ripial confirmaron que la familia no vivía ni tenía una finca en la zona donde se encontraron los cuerpos”, se lee en el informe, junto a otros testimonios que advierten de irregularidades por parte de los cuerpos de seguridad de Venezuela.
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