El chavismo tiene una habilidad enorme para vender sus derrotas como victorias. Con la finalidad de combatir el reciente rebrote hiperinflacionario, el pasado lunes Tareck El Aissami, vicepresidente de Área Económica de Nicolás Maduro, anunció que los precios, en dólares, de 27 productos fueron fijados de mutuo acuerdo con el sector privado. No en petros ni en bolívares. Por otro lado, Maduro anunció nuevas compensaciones salariales para los trabajadores…pero en bolívares. Todos estos anuncios se han hecho con un aire triunfalista y de mucho optimismo pese a que con los datos en la mano queda en evidencia quién ganó la guerra económica y que el dólar no fue el derrotado.
La decisión de Nicolás Maduro de reinstaurar los controles y la fiscalización de precios en Venezuela bajo el eufemismo de precios acordados causó en las primeras de cambio incertidumbre y desesperación entre la población, agudizando el caos provocado por la drástica escasez de gasolina y la creciente protesta social.
Hasta el más humilde consumidor entiende que volver a los controles es retornar a la pesadilla de las colas y el desabastecimiento de los años 2016, 2017 y 2018. En los mercados populares de Venezuela muy pocos han leído a Friedrich Hayek o a Ludwig von Mises, pero la lección de esta época de regulaciones económicas se han aprendido muy bien. “Van a volver los bachaqueros”, “todo va a volver a desaparecer”, son las frases más repetidas durante las últimas horas. Los bachaqueros son vendedores informales de alimentos, que lo acaparan todo.
Luego de haber ensayado desde el año pasado una estrategia dirigida a ser más “amigable” con lo que queda de sector privado, aceptando los consejos de los asesores ecuatorianos y rusos, ignorando los controles de precios, consintiendo la dolarización parcial y la libre importación de mercancías, Nicolás Maduro y el chavismo vuelven a las andadas. Como el adicto que no puede evitar la recaída en el vicio, retornaron a las regulaciones de precios, las amenazas contra “los especuladores”, la ocupación por 180 días del consorcio agroindustrial, Coposa, la fiscalización de compañías como Plumrose y las invectivas públicas contra Empresas Polar y su presidente Lorenzo Mendoza.
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