El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela inició una feroz cacería contra cualquier voz opositora luego de consumar el fraude electoral del pasado 28 de julio. A partir de las primeras protestas, que estallaron después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) brindara el boletín que proclamaba al dictador como vencedor de los comicios, miles de personas se volcaron a las calles para manifestar su descontento por la maniobra oficialista.
Por Infobae
Fue en ese momento cuando la máquina represiva del chavismo volvió a actuar. Y todavía, pese a que pasaron 10 días de los comicios, sigue persiguiendo a personas que trabajan para los opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, o simplemente a cualquier ciudadano que tenga simpatía o milite para el arco contrario al chavismo.
En diálogo con Infobae, Alfredo Romero, presidente de la ONG Foro Penal, que brinda asistencia a los presos políticos y sus familias en Venezuela, afirmó que la gran mayoría de los detenidos son jóvenes y que tienen en promedio 20 años. Además, indicó que están incomunicados y se les prohíbe la defensa privada.
“En cuanto a las detenciones relacionadas con la situación postelectoral, es decir, del 28 de julio en adelante, identificadas y verificadas por el Foro Penal, son hasta este momento 1.152 personas, de las cuales 101 hemos ya identificado como adolescentes y cinco son indígenas”, expresó Romero.
“Estamos no solo día a día, sino minuto a minuto, verificando las detenciones porque son muchas más. El Gobierno habla a través de funcionarios, incluyendo al fiscal general (Tarek William Saab), de más de 1.200 detenciones; y desde la Presidencia se ha hablado de 2.000 detenciones. Sin embargo, estas son las identificadas y verificadas por nosotros, que irán sumando un poco más”, continuó.
Respecto a las personas que perdieron sus vidas en el marco de las protestas, el presidente del Foro Penal manifestó a Infobae: “Hasta ahora hemos verificado al menos 11 personas fallecidas. Ese número no lo hemos incrementado hasta el momento a pesar de que tenemos más información de otras personas. Sin embargo, estamos en el proceso de identificación y verificación, y desde el Estado no ha habido información oficial al respecto, lo cual se hace pues dudoso y confuso”.
“Sin embargo, hemos hablado con familiares, hemos identificado a las mismas en diferentes lugares, pero hay mucho temor de hacer la declaración y dar información específica, por ejemplo, de la morgues, de los hospitales… Estamos en ese proceso de verificación y estamos también para determinar si las mismas realmente fallecieron en las manifestaciones o no. No es tan simple”, completó.
Preguntado sobre si existe un patrón respecto a estas detenciones tras los comicios del 28 de julio, Romero explicó: “El patrón regular, digamos nuevo, que ocurrió en cuanto a estas detenciones indiscriminadas, es la restricción al derecho a la defensa. No se permite la defensa privada. Se les impone el Defensor del Estado y las audiencias se realizan con las personas encerradas en los centros de reclusión, en su mayoría sin permitir el acceso al detenido a ninguna comunicación con el exterior”.
“Tampoco existe comunicación con familiares. Esto no ha permitido, obviamente, que se sepa del estado físico o la condición de salud de la persona porque no se ha visto, no se ha conversado con ellos, no hemos podido constatarlo; incluyendo los menores de edad que no han tenido tampoco, en su mayoría, la posibilidad de que los familiares conversen con ellos y los vean”, describió.
Romero luego indicó que, entre los detenidos, “hay niñas, niños, hombres y mujeres. Es una variedad de personas detenidas, también hay estudiantes. La gran mayoría de las personas son jóvenes. Digamos que el promedio, tengo que sacarlo, pero el promedio podría decir ahora, viéndolo en general, como unos 20 años. Sin embargo, vamos a ir actualizando estas detenciones. Hasta ahora, aproximadamente el 12% son mujeres y el restante hombres”, resaltó.
Luego enfatizó en que el Foro Penal “está asistiendo a una gran cantidad de familiares. Digo familiares porque no nos han dado la posibilidad de representación jurídica a los detenidos, ya que no se permite el acceso a abogados a los lugares donde se realizan las audiencias. Hasta ahora han sido privadas de libertad formalmente muchas personas. Hay que contabilizar exactamente el número pero en Caracas más de 200 y en diferentes lugares del país al menos ni siquiera se sabe de personas que hayan sido realmente liberadas o muy pocas”, contó.
Por último, respecto a los delitos de los que se acusa a los detenidos, enumeró: “La imposición de delitos en la imputación de los mismos ha sido un menú, llamémoslo así, que se divide en cinco que se imponen alternativamente: instigación al odio, terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir y obstrucción de la vía pública. En otros casos, también se impone el delito de resistencia a la autoridad”.
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