El régimen de Nicolás Maduro insiste en avanzar hacia un Estado comunal, una figura no contemplada en la Constitución de 1999. La fraudulenta asamblea del chavismo aprobó en primera discusión la Ley Orgánica del Parlamento Comunal, mientras se realiza la consulta pública del proyecto de Ley Orgánica de las Ciudades Comunales, aprobado el 11 de marzo.
Por Jhoalys Siverio– Correo del Caroní
¿Qué busca esta ley? Para el director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, se trata de restarle competencias a los municipios, en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos, y es usada por el oficialismo para su discurso ideológico.
“Son estructuras complejas que requieren una serie de requisitos, que después no cumplen, y lo que van a hacer es establecer estructuras -aquellas que sean operativas- y que en realidad servirán para montar puestos del PSUV con alguna remuneración. Simplemente es crear estructuras para colocar elementos afectos al gobierno y que de ahí tengan un ingreso, y además sustraerle a los municipios competencias que les son propios”, señaló Daniels.
La base de los poderes públicos, la base territorial está en la Constitución y dice que los poderes públicos desde el punto de vista vertical están en los municipios, estados y la república”.
Agregó que esto afectaría aún más problemas como los servicios públicos, ante la poca capacidad de respuesta.
“Si ya los municipios tienen problemas para cumplir con los servicios públicos que le tienen encomendado, imagínense encargar esos servicios públicos o competencias a gente que no tienen ninguna experiencia, que no tiene ninguna estructura y no cuentan con la experticia que se requiere para hacer ese tipo de cosas. Hablemos claramente del sistema de gas, desde que el gas se pasó a las comunas, su distribución no ha hecho más que empeorar. Los servicios públicos requieren un grado de conocimiento mínimo de administración y eso no ocurre”, explicó.
Daniels considera que la discusión y aprobación de estas leyes, de Parlamento comunal y ciudades comunales, “son parte de todo un discurso de que se sigue siendo socialista, cuando en la práctica es todo lo contrario, y en el supuesto de que se habilite algunas de estas estructuras solo servirá para sustraerles competencias a los municipios, en detrimento de los ciudadanos que ya tenemos malos servicios y vamos a tener peores servicios y peor capacidad de respuesta por parte de esta estructura estatal”.
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